Sinaloa.- “Que no se podía hacer nada, que lo sentía mucho pero no podían ayudarla en nada”, le dijo una ministerio público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa a una mujer indígena que fue a interponer una denuncia para recuperar a su hijo, quien le fue arrebatado tiempo atrás.La respuesta de la servidora pública fue el 17 de enero de 2019; por este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado.
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De acuerdo al informe de la CEDH, la mujer, quien se desempeñaba como jornalera agrícola, resultó embarazada y parió a su hijo en octubre de 2017; pero el día en que se disponía a regresar con su hijo a su lugar de origen, se lo quitaron mediante amenazas y el uso de la fuerza.Leer más: Las enfermedades por consumir alimentos en Cuaresma no repuntan en SinaloaLe dijeron que no pidiera ayuda y que se regresara a su pueblo. Ella intentó pedir auxilio, pero no le ayudaron, y en razón de que se encontraba sola en Sinaloa, sin apoyo y en riesgo, decidió regresar a su comunidad de origen.
Burocracia
La mujer regresó a Sinaloa para recuperar a su hijo. El 17 de enero de 2019 presentó la denuncia, pero la carpeta de investigación se inició hasta el 1 de abril. La CEDH emitió la recomendación 1/2021 a la (FGE), tras haberse acreditado la dilación en iniciar e integrar una carpeta de investigación, así como acciones u omisiones del Ministerio Público que transgreden los derechos de las víctimas.La quejosa acudió a la Defensoría Pública, donde le brindaron asesoría y representación legal en materia familiar.La CEDH realizó cuatro recomendaciones a la FGE, entre ellas que la afectada cuente con un asesor jurídico gratuito, y que en caso de que la carpeta de investigación aún continúe en trámite, se realicen todas las diligencias, actos y técnicas de investigación que jurídicamente resulten necesarias para que se resuelva a la mayor brevedad posible.Sin intérpretes
En Sinaloa se han violentado los derechos humanos de algunas personas indígenas porque sólo hablan su lengua materna, y la FGE no tiene intérpretes para que traduzcan lo que van a denunciar o bien para tener una defensa adecuada, comentó Jorge López Hernández integrante del Pueblo Mixteco en Villa Juárez.Cuando él se entera de algunos casos de este tipo, brinda acompañamiento a las personas afectadas, pero hay casos que no le llegan, y es cuando pueden ocurrir casos como este.Explicó que en Sinaloa hay mucha población indígena, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la FGE deben tener intérpretes de lenguas indígenas localizables.Leer más: El Banco de Alimentos de Culiacán sigue firme ante la escasez por la pandemiaLos Datos
InjusticiaEn el estado se han registrado casos en los que algunas personas indígenas cumplieron sus condenas en prisión sin saber por qué fueron condenadas. No tuvieron acceso a una defensa, y el problema fue porque no hablaban español.Sin expresarseEl año pasado, un joven indígena perdió la vida en el Hospital General y quedó en calidad de desconocido debido a que no pudo comunicar cómo se llamaba ni de dónde venía, el motivo fue que no hablaba español.
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