En la sesión de Concejo Municipal de la comuna de Peñalolén el pasado 15 de abril, el concejal Marcelo Fierro (PS) sorprendió a sus pares al oponerse a un aporte municipal que, en otros contextos y otra época, se aprobaba sin discusión por considerarse casi un deber de los municipios. Esto es, hacer aportes directos a Carabineros, sin ningún tipo de fiscalización.
En efecto, como una manera de retribuir el servicio de Carabineros a la comunidad, se creó –especialmente desde la dictadura en adelante– una especie de tradición de traspasar recursos directos desde las municipalidades a las comisarías de la policía uniformada, expresados en su gran mayoría en vehículos motorizados, sean patrullas o motos.
Siendo en los hechos una práctica incuestionable, en el citado concejo en Peñalolén se sometió a aprobación el aporte municipal para la compra de dos carros policiales por un monto de $58 millones.
Tras hacer presente que la empresa a la que le serían comprados los vehículos había enfrentado en el pasado una investigación en la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por prácticas de colusión, el concejal Fierro argumentó su oposición al aporte a través de un voto político.
“Los gobiernos locales, efectivamente, deben trabajar en conjunto con la comunidad e instituciones para coordinar acciones tendientes a mejorar la seguridad vecinal, pero no tenemos obligación de entregar recursos municipales directos a Carabineros de Chile o a las policías, instituciones que dependen del Ministerio del Interior, cuya principal preocupación debe ser la seguridad ciudadana”, sostuvo.
El punto central del concejal estriba en que este tipo de prácticas no solo profundizan “la tremenda desigualdad territorial existente en las 346 comunas del país, sino que además es improcedente, porque Carabineros de Chile cuenta con su propio presupuesto para cumplir las labores y obligaciones que determina la ley”. Fuera de que este presupuesto se ha ido incrementando año a año, gobierno a gobierno, bajo el concepto de aumentar dotaciones, mejorar la administración de justicia y la seguridad ciudadana, la institución dependiente del Ministerio del Interior –apuntó Fierro– “debe administrar los recursos en forma eficiente, con responsabilidad y probidad, de manera de evitar nuevos fraudes como ‘Pacogate’, descubierto el año 2017, por más de 28 mil millones de pesos, con más de 136 formalizados”.
A modo de ejemplo y haciendo uso de matemática básica, el concejal calculó que el monto defraudado por la “mafia de Intendencia” equivale a unos 1.000 vehículos policiales.
En lugar de seguir extendiendo este tipo de donaciones, que además son carentes de todo tipo de accountability, lo que corresponde, señaló Marcelo Fierro, es una intervención a Carabineros de Chile, que le “permita a la institución volver a contar con legitimidad social y con los mejores elementos para cuidar de los ciudadanos, dentro de un nuevo trato de confianza. En consecuencia, rechazo esta propuesta y manifiesto un voto político en contra de las políticas públicas de seguridad impulsadas desde el nivel central hasta los municipios y la ausencia de una visión integral para combatir no solo la delincuencia sino también una multiplicidad de factores que hoy impactan profundamente el tejido social en desmedro de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.
