Por orden de la jueza letrada Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, y luego de la audiencia de debate desarrollada esta tarde en Montevideo, se resolvió suspender de manera momentania la extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los aliados más cercanos de Mauricio Macri en su mandato.”Pepín” esta acusado de ser el ariete de la mesa judicial de Juntos por el Cambio y el pedido de juzgarlo fue formulado por la jueza federal María Servini en la causa que investiga supuestas presiones y asfixia financiera del Gobierno de Juntos por el Cambio a los accionistas del Grupo Indalo.
“Pepín” Rodríguez Simón junto a Elisa Carrió.
En este caso, el freno de su vuelta a Argentina se da en base al artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay “cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición”.En este caso, la magistrada deberá contar con el informe de la Comisión de Refugiados integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.En la resolución firmada por Adriana Chamsarian se informó el resultado de “suspender el presente proceso de extradición del señor Fabián Rodríguez Simón hasta resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado”.
Además, se le solicitó que deberá “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder” con el objetivo de “disponer el cierre de fronteras, oficiándose en carácter de urgente”.”Pepín” Rodríguez Simón está imputado en la Argentina en la causa por “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”.Además del mencionado asesor legal, en dicha causa también se tiene en la mira al extitular de la AFIP Alberto Abad, el exasesor presidencial José María Torello y el exdirector de Vialidad Nacional y exministro de Energía Javier Iguacel.Las causas que enfrenta, formalmente, son por “haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019”, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes les habría advertido que si daban impulso a la denuncia penal en su contra habría “consecuencias negativas” para sus negocios.
