Joezer Miguel Alpuche tiene una discapacidad auditiva y está por concluir la carrera de administración hotelera en la Universidad de Quintana Roo, campus Cancún; sin embargo, su avancé se frenó debido a que en dos ocasiones le asignaron una calificación reprobatoria en la materia de inglés post intermedio.
El tener hipoacusia (sordera parcial) no lo ha limitado para cursar una licenciatura, aunque algunas materias le cuesten más trabajo como el inglés; por ejemplo, los ejercicios y pruebas en las que tiene que escuchar y hablar en ese idioma (listening y speaking).
Joezer asegura que la Universidad no ha adaptado las pruebas y sus técnicas de aprendizaje a su discapacidad y que los docentes desconocen sobre la enseñanza del idioma inglés a estudiantes con problemas auditivos, por lo que se inconformó antes las autoridades escolares por esta situación.
El joven no quiere que le regalen la calificación o que simplemente lo aprueben por ser una persona hipoacúsica. Lo que él pide es apoyarlo en su formación y ajustar los criterios para aprender este idioma y evaluarlo tomando en cuenta su discapacidad.
“La discapacidad no debiera ser una condición de discriminación para mi permanencia y egreso en la universidad. Se debe respetar mi derecho a aprender”, dice.
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Al enterarse de su calificación, Joezer pidió conocer cuáles fueron los criterios bajo los cuales fue evaluado y pidió apoyo a su extutor, el profesor José Manuel Jiménez García, con quien logró forjar un vínculo de confianza y apoyo a pesar de que ya no labora en la universidad.
Su extutor redactó un correo y solicitó a las autoridades universitarias se revisará su situación. Recordó que el alumno ya había pedido ajustes curriculares y de evaluación. “Joezer aunque quisiera no podrá pronunciar, ni hablar inglés (por la discapacidad auditiva no es posible que desarrolle esta competencia)”, señaló.
La respuesta llegó 10 días después, pero no respondía a los cuestionamientos de Joezer y solo se limitaron a decirle que tenía que repetir el curso, con la recomendación de que fuera en otro campus para que “el alumno se sienta más cómodo” y porque el profesor es el mismo que ya lo reprobó dos veces.
La responsable de idiomas de la unidad Cancún asegura que se siguió el reglamento universitario y se formó una comisión revisadora de su evaluación final con varios profesores.
“La evidencia es contundente al mostrar las adaptaciones que el profesor realizó de manera especial a la evaluación del alumno, no tomando la producción oral del lenguaje y sustituyéndolo por producción escrita, así como otras consideraciones”, respondió la responsable del área tras informar que la calificación se mantenía.
Pero a Joezer seguían sin explicarle o mostrarle “la evidencia contundente” para tomar esa decisión. Es más, el correo ni siquiera iba dirigida a él sino a su actual tutora escolar.
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Por toda esta situación, Joezer decidió interponer una queja por discriminación ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.
La Red de Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la Discapacidad y la no Discriminación se pronunció sobre su caso señalando que el profesor de la asignatura no cuenta con conocimientos sobre la enseñanza del idioma inglés a un estudiante con hipoacusia, “razón por la que los criterios que plantea son de acuerdo a sus necesidades y no del estudiante”.
También destacó que los responsables del área de idiomas emitieron una respuesta a Joezer sin siquiera preguntarle cuáles son sus requerimientos y necesidades para apoyar en su formación.
“La aplicación de criterios confusos, adaptados desde la perspectiva de las autoridades, no contribuye a la formación e inclusión de Joezer en la universidad. La asignación de tareas, aplicación de exámenes en línea y respuestas dada a Joezer por WhatsApp, son evidencias del desconocimiento de profesores y autoridades”, destaca la Red.
José Manuel Jiménez García, integrante de esta Red de Instituciones, señala que cuando conoció a Joezer tampoco sabía cómo dar clases a una persona sorda, pero aprendió, estudió lengua de señas, se asesoró y buscó como adaptar sus clases.
“La universidad también puede reconocer ‘no sé cómo enseñarle o cómo evaluarlo’, y aprender. Hay expertos, organizaciones, casos, métodos que usan otras universidades, profesores con experiencia que pueden dar una asesoría, el punto es que lo atienda”, dice en entrevista.
“No se está respetando el derecho a aprender de Joezer, y la universidad no está cumpliendo con su obligación de garantizar la educación. Su respuesta es desde la opinión de compañeros docentes que pueden ser muy buenos maestros, pero que desconocen sobre la enseñanza del idioma inglés a estudiantes con discapacidad auditiva”, asegura Jiménez García.
Joezer está desanimado ante la situación, la pandemia y la clase de inglés a distancia todo lo ha hecho más difícil: la clase debería estar subtitulada debido a su discapacidad, pero no ocurre. Dice que su profesor no le responde por el WhatsApp porque es obligatorio que cualquier mensaje esté en inglés y él a veces pregunta en español.
En clases a distancia Joezer requiere además de subtitulado, por ejemplo, visualización de videos en inglés, transcripción de pronunciación, material de apoyo visual, explicación detallada hasta que se comprenda la lección, interpretación de significados para explicar vocabulario y que no se hagan pruebas o ejercicio de listening como a sus compañeros.
El joven piensa que no va a poder terminar la carrera ni continuar con su servicio social.
Dice que hasta se siente “utilizado” debido a que la universidad dice ser incluyente y hace un tiempo le pidieron participar en un mensaje en lengua de señas, pero ahora no lo escuchan.
El artículo 3 de la Constitución establece que la educación considera un criterio inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. “Se establece que con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación”.
Además, el artículo 47 de la Ley General de la Educación señala que las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de los estudiantes inscritos en el nivel superior.
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La universidad asegura que no existen violaciones de derechos humanos en contra del estudiante y que sí se hicieron los ajustes y adecuaciones necesarias al paquete didáctico y que su discapacidad en ningún momento fue el parámetro por el cual se le calificó.
“No se consideró para su evaluación la fluidez, ni el body language en el desarrollo de las actividades, esto con el objeto de llevar a cabo una evaluación lo más ajustada posible a las condiciones que el estudiante manifestó e incentivar su desempeño; no obstante, lo anterior, el estudiante no acreditó contar con las competencias necesarias que determinan el dominio básico de la asignatura”, señaló la universidad en su primera respuesta al organismo estatal de derechos humanos.
Animal Político buscó a las autoridades universitarias para conocer qué adecuaciones se hicieron al método de aprendizaje y evaluación de Joezer, y qué cambió y cómo se adaptaron sus clases a distancia debido a la pandemia.
También se solicitó conocer con quién y cómo se capacitan los docentes y la universidad para diseñar planes escolares de alumnos con alguna discapacidad auditiva; y cuántas veces se han reunido o platicado con el alumno después de que reprobó la primera vez.
Sin embargo, la universidad solo se limitó a responder que “en todo momento ha brindado la atención oportuna a las necesidades del estudiantado y la comunidad universitaria en general a través de los canales internos conducentes y al mismo tiempo dando certeza y legalidad a todo procedimiento”.
“Cabe precisar que la Universidad, en apego al marco normativo y de conformidad a sus programas educativos, ha cubierto las necesidades particulares de cada estudiante incluyendo a éste (Joezer), por lo que, en caso de existir, se acatarían las disposiciones emitidas por las instancias correspondientes”, respondió.
Joezer solo pide adecuaciones para su aprendizaje y su evaluación, que ningún tipo de discapacidad sea motivo para discriminar y que se siga avanzando en la inclusión para otros estudiantes con alguna discapacidad.
En México hay 20 millones 838 mil 108 de personas con algún tipo de discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental (16% de la población nacional), según datos del Censo 2020 del Inegi.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2014), dos de cada diez personas con discapacidad no saben leer ni escribir. Además, menos de la mitad de ellas terminan la primaria y solo el 7% concluye sus estudios superiores.
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