Las razones que han llevado al gobierno de México a demandar a los fabricantes de armas de Estados Unidos son políticas. El proceso dará difusión a la afirmación que las autoridades mexicanas han ofrecido por décadas de que la violencia en México no es culpa del gobierno nacional sino de las armas que vienen de la Unión Americana. Y eso que nos dicen que no son iguales. El canciller Marcelo Ebrard afirmó en Twitter: “Presentamos demanda contra fabricantes y vendedores de armas utilizadas para segar vidas en México. Buscamos reparación del daño y que abandonen su negligencia e irresponsabilidad. Será resuelta en los tribunales de Boston, EU”.
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En la Unión Americana el derecho a poseer y portar armas está garantizado por la segunda enmienda de la Constitución. En México el artículo 10 constitucional, que viene desde la carta liberal de 1857, garantizaba el “derecho a poseer armas”; pero una enmienda de 1971, impulsada por Luis Echeverria, extinguió ese derecho y le dio a México una de las leyes más restrictivas en el mundo en materia de armas. Si la libertad en la posesión o el comercio de armas fuera realmente la causa de la violencia, Estados Unidos tendría niveles muy superiores a los de México, pero no es así. En 2018 Estados Unidos registraba 5 homicidios por cada 100 mil habitantes (Banco Mundial); México sumó 29 en 2020, casi seis veces más (Inegi). Es interesante que México haya decidido presentar su demanda en Estados Unidos y no en México o en los tribunales internacionales. La rentabilidad puede ser mucho mayor. El gobierno nacional pedirá una compensación de 10 mil millones de dólares a los fabricantes de armas. Algunas decisiones recientes de los tribunales estadounidenses motivaron sin duda la decisión del gobierno mexicano. Apenas el 22 de julio varias empresas farmacéuticas ofrecieron pagar 26 mil millones de dólares a gobiernos estatales estadounidenses para evitar que continúen unas demandas por la promoción de opioides legales. Este sería el primer caso, sin embargo, en que un gobierno extranjero demande a empresas estadounidenses. No hay precedentes y esto hace más difícil prever el resultado. El presidente López Obrador afirmó ayer que ganar el juicio “ayudaría mucho, ayuda mucho el control de las armas” para reducir la violencia. Sin embargo, no hay ninguna relación entre el control de armas y el nivel de violencia. La prohibición de las armas de 1971 en México no llevó a una reducción en los homicidios. Las series estadísticas actuales, que empiezan en 1990, muestran una caída moderada en los índices de homicidios dolosos entre 1991 y 2007 y un fuerte aumento después, sin que el incremento haya sido precedido por algún cambio en la situación legal de las armas. Culpar a Estados Unidos de los problemas de México es una vieja tradición en nuestro país. En este caso ocultaría los fallos del gobierno nacional en su responsabilidad para poner fin a la violencia. Aun suponiendo que se pudiera frenar el ingreso de armas desde Estados Unidos, estas seguirían llegando de otros lugares por las porosas fronteras mexicanas. El que la prohibición de las armas en México no haya tenido ningún efecto sobre la violencia ratifica que ahí no radica el problema. La única manera de tener éxito en la lucha contra la violencia es eliminar la impunidad con la que se cometen estos actos. Pero como no es un problema que se pueda atribuir a Estados Unidos, parece no importarle al gobierno mexicano. MÁS POBREZALas cifras del Coneval han ratificado lo que esperábamos. La pobreza en México aumentó de 41.9 a 43.9 por ciento de la población entre 2018 y 2020; la pobreza extrema, de 7 a 8.5 por ciento. Es en parte producto de la pandemia, pero las malas políticas sociales de los últimos dos años no han ayudado.
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