Liliana, de 19 años, cumplió en agosto 12 meses en prisión, se le acusa de asesinar a su propia hija Inés, de casi dos años; sin embargo, su proceso judicial ha estado lleno de irregularidades y se le ha negado su derecho a la presunción de inocencia.
El 12 de junio de 2020, la pequeña Inés fue llevada a un hospital de Coahuila con varias lesiones e indicios de violencia que más tarde provocaron su muerte.
De acuerdo con los resultados de la necropsia practicada por la fiscalía del estado, Inés murió por un golpe contuso en la espalda (similar a un golpe hecho con un puño), provocando un shock hipovolémico que desangró su arteria renal.
La Fiscalía de Coahuila presentó una acusación señalando como presuntos responsables a Liliana y a Sergio Mitre, su entonces pareja sentimental, por el feminicidio de Inés.
Sin embargo, durante su detención, Liliana fue incomunicada, interrogada sin presencia de su defensa legal, hostigada, sometida a múltiples métodos de tortura y presionada a rendir una declaración autoincriminatoria y absolutoria en favor Sergio Mitre, exjugador de Saraperos de Saltillo.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal #AIC detuvieron a Liliana Inés por el delito de filicidio calificado con ventaja por recaer en menor de 12 años y violación impropia agravada por el sujeto calificado y por el abuso de confianza. pic.twitter.com/qjYLRBLJP2
— FGE Coahuila (@FGECoahuila) August 21, 2020
En estos meses, la defensa de Liliana ha presentado diversas pruebas científicas de peritas y peritos especialistas que demuestran su inocencia. Además, un grupo de expertas forenses internacionales realizaron un proceso de exhumación de los restos humanos de Inés, arrojando pruebas que demuestran su inocencia, pero la fiscalía las ignora y continúa inculpando a Liliana.
De acuerdo con NKUC Consultoría (Encauce) en colaboración con Círculo de Análisis Jurídico, Consultoría D5, INCIDE FEME y Red de Abogadas Violeta que han seguido su caso, Liliana ha sido revictimizada desde su detención, nunca pudo llevar el duelo de su hija y durante su proceso nunca ha sido reconocida como víctima de violencia por parte de su expareja.
El expitcher de los Saraperos tiene un historial de violencia que ha sido invisibilizado por las autoridades.
Investigación sin perspectiva de género
Desde un inicio, las investigaciones han carecido de perspectiva de género y se ha ignorado la edad de Liliana, el contexto de violencia en el que vivían a manos de Sergio Mitre, 20 años mayor que ella y quien cuenta con antecedentes de violencia de género, sentencias en su contra y aún procesos abiertos por este delito en los Estados Unidos contra su exesposa.
En 2019, por ejemplo, Sergio Mitre fue detenido en un hotel de Saltillo tras golpear a su pareja Jazmín “N” en rostro y cuerpo, dejándole múltiples fracturas y signos de estrangulamiento. Uno de los videos de vigilancia difundidos por varios medios de comunicación muestran cómo la mujer intenta huir, pero él la alcanza para regresarla a la habitación de forma violenta. En ese entonces libró la cárcel tras pagar 20 mil pesos de fianza.
A pesar de que la Unidad de Medidas Cautelares confirmó que no se han cumplido las condiciones pactadas por este caso, no se ha reiniciado una investigación en su contra.
Para Anel Pineda, abogada especialista en justicia de género, no voltear a ver este contexto provoca que la fiscalía no contemple hipótesis o líneas de investigación que lleven a indagar qué pasó y de dónde vienen los golpes que presentaba Inés, de tan solo 1 año 11 meses.
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“Si la fiscalía hubiera volteado a ver todo este contexto hubiera notado que Sergio tiene una suspensión condicional por violencia de género que estaba incumpliendo cuando casi asesina a su pareja; pudo haber sido sancionado antes de que llegará a Inés y a Liliana”, indica.
Fiscalía y defensa de Mitre buscan inculparla
Aunque Mitre está en prisión a la espera de su juicio oral por el feminicidio de Inés, durante todo el proceso, tanto la defensa del expelotero como la fiscalía del estado se han enfocado en inculpar a Liliana, “provocando un linchamiento mediático en su contra, al ser exhibida y condenada públicamente sin que su juicio legal haya empezado aún”, filtrando reportes de su carpeta de investigación y favoreciendo a la figura pública y famosa del beisbolista.
Según el Ministerio Público, la menor tenía por lo menos 10 lesiones antiguas como hematomas en los ojos, lesiones en la barbilla, hematomas en caderas, piernas, además de escoriaciones (cortadas). Planteó que Liliana también tuvo responsabilidad junto con el expitcher, de la muerte de Inés.
Según una publicación de Zócalo, un peritaje solicitado por la defensa de Sergio Mitre para cotejar las huellas de los golpes indicaba que estas no coincidían con la del pelotero, pero sí con las de Inés. La fiscalía también busca hacer suya esta versión, sin embargo, hasta ahora no hay evidencia científica de esto y ningún peritaje oficial lo ha confirmado.
Durante una de las audiencias de vinculación a proceso en contra de Sergio Mitre, los abogados de la defensa presentaron un video donde Liliana declara a favor del beisbolista, pero esta fue realizada sin presencia de la defensa de Liliana, “por presión de los abogados y del mismo Sergio Mitre, quienes en colaboración con un perito médico legista particular que colabora en la defensa de Sergio, manipularon a Liliana y aprovecharon su vulnerabilidad tras su tortura y tras el feminicidio de su hija”, señalan las organizaciones.
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NKUC Consultoría (Encauce) en colaboración con Círculo de Análisis Jurídico, Consultoría D5, INCIDE FEME y Red de Abogadas Violeta señalan que Liliana ha sido víctima de violencia institucional por parte de la Fiscalía de Coahuila y de la Comisión de Derechos Humanos del estado, quienes ha demostrado pasividad en la investigación por los actos de tortura denunciados por parte de la defensa, desde inicios del 2021.
La unidad de investigación de delitos cometidos por servidores públicos y el propio fiscal del estado, Gerardo Márquez Guevara, tienen conocimiento de la tortura que sufrió Liliana y no han tomado acciones al respecto. De hecho, los servidores públicos involucradas en la tortura siguen activos.
“Derecho penal misógino y machista”
“El aparato que supuestamente existe para procurar la justicia, ha mostrado su lado más machista y se volcó en su contra con el fin de inculparla porque es más fácil eso que verdaderamente llegar a la justicia”, señalan las organizaciones.
El caso de Liliana, indican, emite un mensaje muy claro a la sociedad: “Deja ver que por la ineptitud, perversión y desinterés de una institución de justicia una víctima puede ser torturada e inculpada y que la vida de las mujeres sigue sin importarles”.
Además, deja ver la impunidad y desinterés por parte de las autoridades para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia.
“En especial, la fiscalía del estado de Coahuila muestra que no le interesa llegar a la verdad, sino solo aumentar el número de personas encarceladas y tener resultados rápidos, pero no efectivos y que garanticen los derechos de las víctimas”, destacan las organizaciones.
El pasado 15 de junio se llevó a cabo la audiencia intermedia de Liliana y, a pesar de que la defensa solicitó el sobreseimiento, exponiendo que no existen pruebas contundentes que la culpen de la muerte de su hija Inés, la fiscalía desestimó las pruebas.
Las pruebas, de acuerdo con las organizaciones, han sido desechadas bajo argumentos de prejuicio de género y por una investigación sesgada.
Para Cristina Reyes, abogada feminista, la fiscalía debe reconocer públicamente que hubo violencia institucional de género, que la revictimizó, la señaló como culpable, la criminalizó con prejuicios de “mala madre”, y desde el inicio ha habido irregularidades.
“Si no existe un reconocimiento no puede haber un compromiso real de cambiar las prácticas dentro de la fiscalía”, dice durante una mesa de análisis sobre su caso.
Las organizaciones aseguran que “el derecho penal es misógino y machista y lo ha reforzado una vez más con lo que está pasando con Liliana”.
La audiencia de su juicio oral, programada para el pasado 6 de septiembre, se postergó hasta el próximo 29 de septiembre. La defensa solicita la libertad de Liliana, que sea reconocida como inocente y víctima; la reparación del daño, y que se castigue al responsable de la muerte de Inés.
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