La caída de la termoeléctrica Barrancones: la primera medida «ambiental» en Piñera I que buscaba favorecer a minera Dominga

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La revelación de Ciper y LaBot del capítulo chileno de los Pandora Papers, pone en la agenda los conflictos de interés de Sebastián Piñera en su rol como Presidente de la República y empresario, particularmente con el polémica proyecto minero portuario Dominga, el cual ha generado un alto rechazo en la ciudadanía y buena parte de la clase política por el alto impacto que podría tener en el medio ambiente.
Y si bien la revelación de Ciper y LaBot entrega nuevos antecedentes, lo cierto es que la historia de intereses del Presidente Piñera con Dominga es de larga data, y tiene su primer capítulo en el año 2010, en su primer mandato como la máxima autoridad de la República.
Ese año, el Mandatario se veía enfrentado al primer conflicto medioambiental de su Gobierno, con decenas de manifestantes enfilando con furia en contra de Barrancones, un proyecto que contemplaba dos plantas a carbón a 21 kilómetros al sur de la reserva Pingüino de Humboldt, en la Región de Coquimbo.
En abril de 2017 Radio Bío Bío dio a conocer que quien negoció realmente la bajada del proyecto Barrancones no fue Sebastián Piñera, sino que Juan Claro, uno de los empresarios más cercanos al Mandatario. Y según el reportaje, la preocupación no solo respondía a que Claro tenía una casa cercana en la zona, sino que un interés mayor: Claro era conocido como uno de los miembros más importantes de la Comunidad Agrícola Los Choros (CALCH), los dueños de los terrenos donde se instalaría Dominga.
Pero no era el único que formaba parte de la comunidad. Entre la larga nómina –donde también se encontraban pescadores y agricultores- figuraban Juan Pablo Piñera Echenique, hermano del Presidente Piñera. También figuraban otros amigos del jefe de Estado, como como Ignacio Guerrero, ex socio en el banco de Inversiones CMB Prime, antiguo amigo del colegio Verbo Divino y vecino en el ámbito laboral, porque su oficinas se ubican en el mismo edificio que las de Bancard, según señala la misma investigación de Bío Bío.
La aprobación de la COEVA
Siguiendo con la trama, vale recordar que el 2017, el Consejo de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (COEVA) le cerró la puerta a este proyecto, argumentando que contaba con “deficiente información de la línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación, compensación y reparación”.
Sin embargo, en agosto de este año la historia dio un vuelco, ya que la COEVA de Coquimbo aprobó con condiciones con 11 votos a favor y uno en contra, el proyecto de la minera Andes Iron, ligada a Carlos Alberto Délano. El único voto en contra de este controvertido proyecto fue del Delegado Presidencial y presidente de la COEVA, Pablo Herman.
Esta votación se dio en un contexto en que Dominga se encuentra judicializado en la Corte Suprema. “Nunca antes un proyecto que estaba judicializado se decidía votar y pasar por encima de la Corte Suprema, esta es la primera vez”, dijo a El Mostrador Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, en referencia a los recursos de casación pendientes ante el máximo tribunal del país.
Sin embargo, su aprobación no implica la construcción del proyecto, pues el próximo paso es la discusión en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Pandora Papers: nuevas revelaciones
Los nuevos antecedentes revelados por Ciper y LaBot en el marco de los Pandora Papers, señalan que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista de este proyecto minero que vendió al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los mejores amigos de Primer Mandatario. Según trascendió en los documentos revelados, en sus inicios, Piñera, su familia y Délano reunían el 56 % de las acciones del negocio, siendo el 33 % del actual Presidente y de su familia, que eran los principales accionistas.
El reparto de los derechos se mantuvo hasta diciembre de 2010, según apunta la exclusiva, año en el que Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera, que entonces llevaba nueve meses en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014). Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo al ICIJ.
En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.
Piñera, quien es una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, es junto al ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader uno de los tres mandatarios latinoamericanos en activo salpicados por esta investigación, que ha vuelto a remecer al mundo después de los Panamá Papers de 2016.
También se encuentran once exmandatarios de la región, entre los que destacan los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, además de otras 90 autoridades de alto nivel.
Mientras que por un lado, el candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel exigió “ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”, del lado del Gobierno, el vocero Jaime Bellolio aclaró que “no hay ningún antecedente nuevo, todos estos hechos fueron conocidos en su momento por la Fiscalía, por los tribunales, y quedó absolutamente claro que fue todo hecho en regla en la legislación chilena, y que además el Presidente Piñera no había tenido ninguna participación en estos hechos”.
En paralelo, la oposición ya anunció que estudia la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el Mandatario. El subjefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Silber manifestó que “es altamente grave que el Presidente Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica de la cual participa o tiene interés de carácter directo, esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del Presidente de la República”.
“Desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia respecto a las actuaciones del Presidente, su familia o quienes lo representan en cuanto al proyecto Dominga, y no nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora o incluso analizar el mérito de una Acusación Constitucional”, agregó.

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