La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció en una recomendación las torturas sufridas por Mario Aburto, asesino del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en Tijuana en 1994. En la Recomendación 48VG/2021, que está dirigida al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, la institución señala que Aburto sufrió violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso.
Según explicó la CNDH, Aburto fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, tras un acto de campaña en el que Luis Donaldo Colosio fue asesinado. Tras su arresto, fue trasladado en calidad de acusado a la Agencia del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y, el 25 de marzo de 1994, ingresó a las instalaciones del CEFERESO 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, ha sido internado en Centros Federales de Readaptación Social de diferentes entidades y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el CEFERESO 12 “CPS-Guanajuato”, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato.
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“Esta Comisión Nacional ha señalado en reiteradas ocasiones que la persecución y sanción de los delitos debe realizarse siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, enfatizando la importancia de que las conductas ilícitas de personal al servicio público también sean motivo de investigación y sanción para evitar la impunidad”, dijo la CNDH en un comunicado.
Esta recomendación llega después de que la CNDH recibiese una nueva queja por parte de Aburto, donde señaló que desde hace 27 años había denunciado actos de tortura reiterada. Desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos, por lo que Aburto reclamó “la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad”. “La víctima y sus familiares manifestaron a este Organismo Nacional que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California”, dice la CNDH.
La CNDH es también crítica con el papel de la propia institución, ya que reconoce casi desde el momento en el que sucedieron los hechos pudo actuar “para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”. “Incluso obra en los archivos de esta Comisión una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años y realizada sin autorización del hoy agraviado, lo que cuestionaría las actuaciones de esta Comisión Nacional porque no corresponden a su función legal”, dice.
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“La CNDH determinó que elementos de entonces la Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía General-, así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del CEFERESO número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”, denunció la CNDH.
“También se acreditó que personal médico y custodios de dicho centro de reclusión incurrieron en actos de tortura y que el OADPRS incomunicó al quejoso y lo ha mantenido en CEFERESOS lejanos al lugar en donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno”, añadió.
Ante los nuevos hallazgos, la CNDH establece que “la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”.
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La CNDH recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados.
Por último, la Recomendación será remitida a la Cámara de Diputados, a efecto de que sea agregada a la investigación que realiza la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos y, en su momento esa soberanía determine lo que a Derecho corresponda, remitiendo a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.
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