Hace algunos días la diputada y candidata a la reelección por Revolución Democrática Maite Orsini, publicó en sus redes sociales como parte de su programa a implementar en el congreso, en caso de ser reelecta, un proyecto de ley que crearía “Comisarías de la Mujer”, entendiéndose estas como estaciones de policía con protocolos especializados y atendidas únicamente por funcionarias mujeres que tengan formación de género. El objetivo, brindar atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia de género, aportando a la prevención de la violencia, protección de víctimas y acelerar el acceso a la justicia.
En esta columna, proponemos analizar de forma crítica esta propuesta que resulta ser algo llamativa pero a la vez bastante preocupante: implementar una policía especializada de estas características sin contemplar una refundación a la policía actual no hace más que presagiar el fracaso de nuevas políticas públicas.
Nuestra región es un triste estandarte de la violencia de género: en Chile, por ejemplo, se ha sufrido la pérdida de 53 vidas en manos de femicidas (Memorial Feminista de Violencia Femicida) este año; contingencias como el proceso migratorio ha expuesto a las mujeres a una serie de vulneraciones en su proceso de salida del país del que provienen, en el tránsito a su nuevo territorio, y en este mismo, profundizando así abismales brechas de género en Latinoamérica y siendo víctimas de múltiples formas de violencia.
En algunos de los países nombrados como ejemplos por la diputada Orsini, la figura de la comisaría de la mujer existe desde finales de los años 80 e inicios de los 90, y en distintos informes se les presenta como un importante catalizador de cambios en la esfera de género de sus respectivos territorios. Su creación ha aportado y empujado incluso algunos cambios legislativos en países donde existen, sin embargo, no se observa un impacto trascendental en el abordaje de la violencia machista. Latinoamérica sigue marcada por la violencia machista: en Brasil, cada dos minutos una mujer es agredida (Foro Brasileno de Seguridad Pública, 2020); en Perú, la pandemia dejó un aumento de un 130% en denuncias por violencia de género; En Argentina, durante 2020 se producía 1 femicidio cada 35 horas.
A pesar del génesis feminista de esta iniciativa, su implementación parece no garantizar cambios reales y sustanciales en la vida de las sobrevivientes de violencia género, mucho menos de quienes la transitan en absoluto silencio y soledad.
Surge entonces la pregunta; ¿Cómo intervenir y capacitar en materia de género a una institución que no tiene internalizado ni estudiando el mismo término “género”?
En noviembre del año 2020, la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres, publicó un estudio que daba cuenta de respuestas y accionar de Carabineros frente a denuncias de violencia realizadas por mujeres. El estudio muestra una constante que se repite en el tiempo: al momento de denunciar o intentar hacerlo, las respuestas y acciones por parte de las y los funcionarios corresponden a “burlas, revictimización, justificación de la violencia vivida, minimización, negación a tomar la denuncia, naturalización de lo ocurrido, entre otras como la típica pregunta del qué habrán hecho para ser golpeadas”. Esta violencia constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres, quienes ven minimizada y naturalizada la violencia que viven por parte de Carabineros, siendo dañadas emocional y psicológicamente, en casos más extremos registrados, han sido detenidas y violentadas sexualmente por los funcionarios.
Incluso, las y los funcionarios policiales se han tomado las atribuciones en muchos casos para ellos mismos, determinar si el caso es constitutivo o no de delito y su gravedad.
La formación en materia de género en la institución hoy es casi inexistente, pues si existe capacitación esta se realiza a grupos pequeños de funcionarias y funcionarios y solo a modo de talleres, no como una capacitación que forme parte de la instrucción profesional. Una institución que no respeta los derechos humanos, como ha quedado registrado en informes internacionales sobre la materia en el contexto cotidiano y en casos críticos como la dictadura y el estallido social, difícilmente respetará los derechos humanos de las mujeres. Lo que imposibilita que la instalación de las comisarías de la mujer funcionen adecuadamente, es que ni en estos países donde ya existen, ni en Chile donde la mencionada diputada plantea hacerlo, se ha llevado a cabo una real refundación policial.
Por último, pensar en políticas públicas con enfoque feminista debiese exigir abandonar la óptica punitiva, Anna Dorn, entrega el ejemplo de Estados Unidos, el Centro Nacional para Mujeres y Vigilancia, al menos el 40% de los oficiales de policía han cometido actos de violencia doméstica en sus propios hogares. En 1994, el Congreso Estadounidense aprobó la Ley de Violencia contra las Mujeres (Violence Against Women Act o VAWA), pieza legislativa que implicó el gasto de 30 mil millones de dólares para financiar la contratación de miles de nuevos oficiales de policía en todo el país. Asimismo, aproximadamente la mitad de los estados promulgó leyes de arresto obligatorio que suponen que la policía tiene que arrestar al menos a una persona ante una llamada por violencia doméstica.
Este cambio hacia un modelo más punitivista ignoró que el aparato policial y el sistema de justicia penal a veces no están preparados para proteger a las mujeres de las agresiones y, en muchos casos, solamente las exacerban. Los resultados, arrestos de las víctimas, las que muchas veces no cumplían con el prejuicioso modelo de la víctima perfecta al ser personas racializadas, personas trans, o mujeres mayores. Las políticas públicas en materia de género y que hagan frente a la violencia doméstica deben dirigirse a la prevención, formación judicial en materia de género, acompañamiento y atención de las víctimas, políticas públicas que no entreguen financiamiento a los mismos poderes que violentan.
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