El exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique González Tiburcio, enfrentará este sábado la audiencia de una segunda acusación por el caso de La Estafa Maestra, y en la que se definirá si hay elementos suficientes para iniciarle juicio.
El funcionario tiene un proceso penal abierto desde 2019 por un convenio entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, en el que alega la falsificación de su firma. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) le inició un segundo procedimiento en julio pasado tomando como prueba central, la acusación en su contra que hizo el exoficial mayor, Emilio Zebadúa, el 19 de octubre de 2020, en la declaración ministerial para ser considerado testigo colaborador y conseguir el perdón legal.
En la audiencia inicial del caso, celebrada el pasado lunes en Reclusorio Norte, la Fiscalía acusó a González Tiburcio por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, cuya penalidad podría ir de los 6 meses a los 12 años de prisión. Esto, a raíz de un convenio general firmado en enero de 2016 con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, que derivó a su vez en otro convenio específico por el que se habrían desviado 185 millones de pesos a empresas fantasma o irregulares mediante una violación a la ley de adquisiciones.
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La Fiscalía denuncia que el exfuncionario suscribió el acuerdo con la universidad sin realizar ningún estudio de mercado, lo que habría afectado al Estado mexicano, pues finalmente las empresas que subcontrató la casa de estudios hidalguense con el dinero de la Sedatu serían fantasma o de papel.
Este 18 de diciembre, un juez decidirá si la Fiscalía presentó elementos suficientes para vincular a proceso al exservidor público, o si desestima la causa por falta de pruebas.
Esta es la segunda vez que el Ministerio Público federal busca imputar al exsubsecretario por la firma de ese convenio marco firmado con la universidad hidalguense. Ya en enero de 2019 lo acusó por el presunto delito de falsedad de declaración, en una causa penal que aun no está concluida, justamente porque él alega la falsificación de su firma.
Ahora, la segunda acusación de la Fiscalía incluye un nuevo elemento: la declaración del exoficial mayor de Sedesol y de la Sedatu, Emilio Zebadúa, quien desde octubre de 2020 pidió convertirse en testigo colaborador de la autoridad ministerial.
En su testimonio, Zebadúa aseguró que La Estafa Maestra fue una trama de corrupción orquestada, presuntamente, por el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, para el financiamiento de campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno de Peña Nieto y su partido, el PRI.
Como parte de esa trama para el desvío de miles de millones de pesos a empresas fantasma a través de universidades públicas, Zebadúa señaló en su declaración a González Tiburcio como uno de los funcionarios implicados en la firma de convenios que permitieron los desvíos de recursos públicos.
Tiburcio, en cambio, ha sostenido que fue el área de Zebadúa la responsable de la falsificación de firmas en los convenios que abrieron la puerta al fraude millonario.
De hecho, desde el 9 de julio de 2017, antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto y siendo aun subsecretario activo de la Sedatu, González Tiburcio interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia por la falsificación de su firma en ese convenio general que hoy, cuatro años después, lo tiene imputado.
Es más, un mes más tarde, en agosto de ese 2017, el exfuncionario también denunció penalmente contra quien resultara responsable ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la falsificación de su rúbrica en ese convenio.
Sin embargo, poco tiempo después la Fiscalía modificó su calidad de denunciante a probable responsable luego de que determinó con un peritaje que su firma en el convenio sí era verídica y, por tanto, le imputó el delito de falsedad de declaraciones. Esto, a pesar de que otro peritaje realizado por la defensa del exservidor público sí determinó que las firmas habían sido falsificadas.
“En la audiencia del sábado vamos a demostrar que la acusación de la Fiscalía no tiene fundamento y que solo está basada en los dichos del exoficial mayor, Emilio Zebadúa”, dijo en entrevista con Animal Político Enrique González Tiburcio.
“Voy a demostrar que la firma de ese convenio no es la mía, y que los recursos públicos para pagar ese convenio no salieron de mi área, la subsecretaría de ordenamiento territorial. Se puede comprobar fácilmente revisando la Cuenta Pública de 2016”, agregó.
Más allá de determinar la autenticidad de la firma en el convenio que ha originado su imputación en el caso de La Estafa Maestra, el exsubsecretario de Sedatu pidió a las autoridades de la FGR que realicen “una investigación más a fondo” sobre el origen de la salida de los recursos públicos de la Sedatu para que se pagara ese convenio por 186 millones de pesos.
“Le pido a la Fiscalía que haga una investigación mucho más amplia, porque hasta ahora no se ha investigado de manera profunda este asunto. Que investiguen cuál fue el ciclo del dinero, de qué subsecretaría salió y por dónde fue pasando desde que salió de la Sedatu, pasó a la universidad, y luego acabó en las empresas”, expuso Tiburcio.
Sobre todo porque el manejo y autorización de la entrega de recursos públicos era facultad única de la Oficialía Mayor, encabezada por Emilio Zebadúa, de acuerdo a los reglamentos de la Sedesol y la Sedatu.
Hasta el momento, Emilio Zebadúa ha evadido los procesos judiciales en su contra a través de diversos amparos y como último recurso, realizó esa declaración ministerial para conseguir ser testigo colaborador, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera comprobó que él y sus hermanos gastaron 190 millones de pesos sin que sus ingresos pudieran justificarlo.
Por ello, desde 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR por probable lavado de dinero presuntamente cometido por Emilio Zebadúa y sus hermanos José Ramón Zebadúa y Lourdes Zebadúa.
José Ramón Zebadúa es hermano y apoderado legal de Emilio Zebadúa y transfirió 57 millones de pesos a una compañía en el extranjero entre 2015 y 2019. También pagó 45 millones de pesos en su tarjeta American Express y compró un inmueble en el Estado de México por 3 millones de pesos, lo que hace un total de 106 millones de pesos.
Sin embargo, según las declaraciones fiscales de José Ramón Zebadúa, sólo tuvo ingresos por préstamos y pagos de dos empresas que sumaron 19 millones de pesos entre 2015 y 2018. Esto significa apenas 17% de lo que gastó.
De acuerdo con la UIF, el monto de sus gastos “no encuentra justificación en una actividad lícita”, y su falta de declaración de dichos ingresos ante el SAT “puede ser una estrategia para el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas”.
Emilio Zebadúa tiene un domicilio registrado en Cuajimalpa de Morelos, mismo que comparte con su hermana Lourdes Zebadúa, quien gastó 58 millones de pesos en casinos, entre 2017 y 2019.
La industria de los juegos de azar, advierte la denuncia, es fuente importante de “blanqueo” de dinero proveniente de actividades ilícitas, según el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales.
Lourdes Zebadúa también gastó 26 millones de pesos a través de tarjetas de crédito entre 2017 y 2019. Sin embargo, no se sabe a qué se dedica, pues ni siquiera presentó declaraciones de impuestos, “por lo que se desconoce el origen de las cantidades de activos que opera”, lo que implica “un alto grado de probabilidad que los mismos provienen de actividades ilícitas”, dice la UIF.
Mientras que los ingresos de Emilio Zebadúa como funcionario público entre 2015 y 2018 ascendió a 9 millones 707 mil pesos, pero en ese periodo registró un pago por consumo a través de su tarjeta American Express por 14 millones 861 mil pesos, lo que “no sale del perfil transaccional manejado por él mismo”.
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