Jóvenes sin futuro (la ausencia de políticas y programas de prevención en Sinaloa)

Hace apenas unos días, el 7 de diciembre en la Ciudad de Culiacán, dos hermanos y su padre, se dispusieron asaltar un banco. Mataron a un Ejecutivo de la sucursal, José Cruz, que tenía 27 años de edad. Los jóvenes asaltantes que fueron detenidos, apenas pasan los 20 años de edad. Una historia dolorosa, que nos deja perplejos.A diferencia de muchos jóvenes que sufren por la falta de oportunidades en nuestro país, los asaltantes del banco podían trabajar en Estados Unidos sin mayor problema, en virtud de que tienen la doble nacionalidad. Eso resulta paradójico porque miles de personas han perdido la vida por tratar de cruzar ilegalmente a Norteamérica, para poder trabajar allá. Muchas personas pierden todo su patrimonio para intentar cruzar. Realizan grandes travesías, llenas de peligros sólo para tener la oportunidad de trabajar en EUA; pero estos jóvenes, a pesar de la gran ventaja que les daba su doble nacionalidad, preferían venir a delinquir en Sinaloa.¿Cómo podemos explicar esto racionalmente? No creo que podamos hacerlo, pero la presencia del padre en sus actos criminales nos da una pista. Una paternidad errática y violenta son factores de riesgo para que los jóvenes empiecen a delinquir. La debilidad estructural de las corporaciones policiales, también facilitan las cosas. Parece que jóvenes asaltantes ya habían intentado asaltar otro banco, previamente, en ese mismo día. En menos de una hora, entraron a dos bancos diferentes. Nadie los detuvo.¿Cuántos jóvenes se perderán en nuestro país este año? México, y en particular Sinaloa, mantienen un elevado porcentaje de jóvenes que son asesinados antes de llegar a la adultez. De acuerdo con el INEGI, la principal causa de muerte entre personas de 15 y 34 años de edad, son los “homicidios dolosos”. De los 36,579 casos de muerte violenta que se presentaron en el año 2020, casi el 50% de las víctimas estaban en ese rango de edad. Muchos de nuestros jóvenes mueren por acciones del crimen organizado, ya sea participando activamente de las actividades ilícitas, o como resultado de esas acciones criminales, víctimas de la escasa protección y seguridad pública. Otras veces, siguiendo los padrones culturales de la violencia y el crimen organizado, se convierten en criminales o víctimas.En otro momento, hablamos de la debilidad institucional en el estado de fuerza de las corporaciones policiales en Sinaloa, a pesar de que el problema de seguridad pública ocupa el primer lugar en la preocupación de los sinaloenses, de acuerdo con la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (ENVIPE)”, del INEGI. Seguir sin atender este grave problema institucional, no sólo es una violación flagrante al derecho de seguridad pública, es una forma de renunciar a esta importante labor, dejando a los ciudadanos a merced del crimen organizado.De acuerdo a las estadísticas de incidencia delictiva publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al 30 de noviembre de 2021, se han registrado 516 casos de homicidios dolosos en Sinaloa. Lo que representa una disminución notable respecto del año anterior, que para el mes de noviembre registraba 670 casos. Sin embargo, esta disminución en los homicidios dolosos, constituye una excepción en las cifras delictivas en el Estado, que presentan un aumento generalizado en los demás delitos. Por ejemplo, los delitos de “lesiones dolosas” registraron 2,323 casos en todo el año 2020, mientras que en cifras al mes de noviembre de 2021, se han denunciado 2,583 casos.En el delito de “feminicidio”, durante todo el año 2020 se presentaron 26 casos; frente a los 37 casos ya registrados al mes de noviembre de 2021 (un aumento del 42%). De igual forma sucedió en los delitos de “abuso sexual”, que durante todo el año 2020 fueron 359 casos; en comparación a los 380 hechos denunciados al mes de noviembre de 2021. Igualmente, los delitos de “violación” presentan un aumento significativo al pasar de 229 casos (incluye violación simple y equiparada) en todo el año 2020; a 287 hechos denunciados al mes de noviembre de 2021. También el delito de “violencia familiar” pasó de 5,138 casos en el año 2020; a 5,330, al mes de noviembre de 2021.Sin embargo, frente a este grave problema de seguridad pública, así como el aumento generalizado de los principales índices delictivos en la entidad, todavía no existe un “programa estatal de prevención del delito”. Es decir, un documento oficial que defina “las estrategias y medidas para reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos para las personas y la sociedad”, así como las acciones para intervenir con el propósito de reducir los múltiples factores y causas de los delitos, tal y como lo establece el “Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).El gobierno federal actual ha declarado que busca prevenir el delito a través del desarrollo social, sin embargo, no existe un solo documento que señale cómo articula los programas sociales, educativos, sanitarios y formativos con la prevención del delito. No se define a qué grupos de edad están dirigidos estos programas desde la prevención. Tampoco cuáles son los niños y jóvenes más expuestos a la delincuencia, que buscan proteger con sus políticas y estrategias. Porque no sólo basta crear programas sociales, sino que deben de estar dirigidos a atender las causas y factores de riesgo de la infancia y juventud ante la delincuencia y victimización. El gobierno estatal no puede ser omiso. Tampoco existe un programa que busque modificar las condiciones en las colonias y zonas más peligrosas del Estado, mejorando la infraestructura urbana, derechos y servicios de las personas. Lo que implica una participación cercana con las comunidades y los grupos de ciudadanos que viven ahí. Además, otra faceta importante de la prevención sería la definición sobre qué hacer con los jóvenes y adultos que ya han delinquido, que ya han pasado por el sistema de justicia y que vuelven a la comunidad. Reducir la prevención del delito a la compra de equipamiento, nuevas patrullas, motocicletas y uniformes (que sin bien es cierto son muy necesarios), simplemente no resuelve el problema. Leer más: Echan abajo la “cuota liga”No nos podemos quedar en los discursos, sin un programa que pueda ser analizado, pero sobre todo evaluado, en relación con sus metas, indicadores y resultados.



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