En su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias, Alberto Fernández confirmó que la evolución de las tarifas estarán atadas a la evolución de los salarios. En medio de una fuerte suba de los precios internacionales del gas y del petróleo, el Presidente descartó “tarifazos” y explicó cuál será la evolución de las boletas en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”, señaló el mandatario frente a la Asamblea Legislativa.
Al mismo tiempo, aseguró que aplicará una ley ya sancionada por el Congreso: “Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”.”El Estado está construyendo capacidad para hacer de modo justo y razonable esta segmentación. Si alguna persona considerara injusto dejar de percibir un subsidio que a su criterio le corresponde, siempre podrá hacer su reclamo para que su derecho le sea reconocido en tiempo oportuno”, aseguró Fernández.
En este sentido, según una reciente estimación de la consultora Eco Go, dados los aumentos definidos la semana pasada (falta gas en boca de pozo) y los nuevos costos, para que los subsidios no suban el alza de las tarifas debería ser de 60%. Para reducirlos en 0,6% del PIB deberían subir cerca de 140%.El miércoles pasado, el gobierno autorizó un aumento del 36% en el ingreso de las empresas distribuidoras y del 60% en el de las transportadoras de gas. Eso se traduce en un incremento de hasta el 20% en las tarifas para usuarios residenciales y del 15% para pymes. El ajuste que finalmente se estableció es inferior al reclamo que formularon las empresas en la audiencia pública de mediados de enero último.
