Que Siga la Democracia, AC, la organización que reunió las firmas necesarias en tiempo récord para hacer posible la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril, está conformada por diputados morenistas, exlegisladores federales, familiares de funcionarios públicos y dirigentes estatales del partido, quienes han desplegado una campaña de promoción masiva —mediante mítines y anuncios espectaculares— cuya fuente de financiamiento, hasta ahora, no ha podido ser aclarada por el órgano de fiscalización del INE.
Constituida como asociación civil el 11 de octubre de 2021 ante un notario de Saltillo, Que Siga la Democracia (QSD) reunió en menos de dos meses alrededor de 9 millones de firmas ciudadanas para solicitar la organización de la consulta revocatoria.
La dirigente visible de la organización es Gabriela Jiménez Godoy, que ha sido candidata a diputada local y federal por PRD, PAN, MC y, recientemente, en los comicios de 2021, por Morena, y también fue directora general de Servicios a Diputados en San Lázaro. Su esposo, el empresario Edgar Garza Ancira, fue quien registró el nombre de “Que Siga la Democracia”, el 23 de noviembre de 2021, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con domicilio fiscal en una de sus empresas en la Ciudad de México.
La mesa directiva de QSD está conformada por cuatro exdiputados federales de Morena de la 64 Legislatura (2018-2021): el mexiquense Sergio Pérez Hernández, la jalisciense Katia Castillo Lozano y los chiapanecos Juan Enrique Farrera Esponda y Marco Antonio Andrade Zavala, de acuerdo con el acta constitutiva de la asociación. En el órgano directivo de AC también figuran Jesús Azael Martínez Mancillas, que fue asesor parlamentario de Morena y candidato a diputado local en Nuevo León, y Lizette Vázquez Sánchez, excandidata a diputada federal suplente de Gabriela Jiménez en la elección de 2021.
Como si se tratara de un partido político, la organización designó a coordinadores en las cinco circunscripciones electorales y en los estados, de acuerdo con un documento interno al que tuvo acceso Animal Político.
Como líderes regionales fueron nombrados los exdiputados federales Zaira Ochoa Valdivia, originaria de Veracruz (en la tercera circunscripción); Marco Antonio Carbajal Miranda, de Sonora (en la primera); Marco Antonio Andrade Zavala, de Guerrero (en la cuarta); Sergio Pérez Hernández, del Edomex (en la quinta), y Juan Enrique Farrera Esponda, de Chiapas (en la segunda), todos ellos exintegrantes de la 64 Legislatura federal.
Por estados, el operador de QSD en Sonora es Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador morenista Alfonso Durazo. En Guerrero, la AC designó a Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, y en Colima, a Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, padre de la mandataria Índira Vizcaíno Silva.
Los líderes en Chihuahua son Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y el exdiputado federal Ulises García Soto. En Michoacán, el operador es Sergio Esteban Rodríguez Herrera, que fue coordinador de medios en Pro Origen, SC, despacho jurídico fundado por el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En Veracruz, fue nombrado Felipe Daniel Castro Girón, exdirector del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) en el gobierno del morenista Cuitláhuac García, y también fue candidato a regidor de Xalapa en 2021 y enlace parlamentario de la Cámara de Diputados.
El operador político de QSD en Aguascalientes es el diputado local Heder Pedro Guzmán Espejel, actual integrante del Congreso estatal. En Nayarit, fue designada Zaira Noemí Iturbe Quirarte, que a su vez es delegada estatal en funciones de presidenta de Morena, y en Coahuila, Alma Rosa Garza del Toro, dirigente estatal del PT.
En el Edomex, Hidalgo, Tamaulipas y Durango, fueron nombrados las y los exdiputados federales de la 64 Legislatura David Orihuela Nava, María Marivel Solís Barrera, Olga Patricia Sosa Ruiz y Martha Olivia García Vidaña, respectivamente.
En Puebla, el dirigente es Jorge Antonio Mota Jiménez, colaborador de Eric Cotoñeto Carmona, exlíder del PRD estatal e identificado por medios locales como operador electoral del gobernador Miguel Barbosa.
En Tabasco, San Luis Potosí y Baja California Sur, los encargados son, respectivamente, Exequias Braulio Escalante Castillo, exdiputado local; Ilich Makcim Cordero, exasesor legislativo de Morena en San Lázaro, y Daniel Druk Geraldo, que fue regidor de La Paz y coordinador administrativo de la oficina del alcalde.
La AC no reconoce gastos; partidos urgen a investigar
Debido a la participación de legisladores, parientes de funcionarios y dirigentes estatales de Morena en QSD, el PRD solicitó al INE indagar si la AC ha ejercido, indebidamente, recursos de origen público para promover la revocación de mandato.
Además, el INE ya confirmó que gobernadores, superdelegados, diputados y comités municipales de Morena utilizaron indebidamente recursos en la etapa de recolección de firmas para la consulta. De hecho, este fin de semana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, participó abiertamente en mítines de promoción de la consulta en Sonora y Coahuila, a los que acudió en una aeronave oficial.
“Es un hecho público y notorio que actualmente se encuentran en proceso electoral los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, por lo tanto, los servidores públicos, cualquiera que sea su ámbito de competencia, se deben conducir con precaución y mesura, dado que se corre el riesgo de afectar los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y seguridad jurídica, pues se tiene la duda fundada de que quienes participan en la ilegal difusión y promoción del ejercicio de revocación de mandato son servidores públicos, quienes están obligados a observar los principios electorales en los estados que tienen elecciones”, advirtió el PRD en una queja.
A pesar de que el INE ha documentado que la publicidad mediante espectaculares y bardas ha costado al menos 5.4 millones de pesos, la organización ha rechazado reiteradamente ante el árbitro electoral que haya pagado uno solo de los anuncios, aun cuando existen imágenes en las que explícitamente aparece el nombre de la AC.
La asociación aún no obtiene la autorización de Hacienda para recibir donaciones, de acuerdo con registros del SAT revisados por Animal Político. QSD ha sostenido ante el INE que ciudadanos y empresarios, de manera individual y voluntaria, han aportado recursos propios para la difusión de la revocación.
Fuentes del INE señalaron que la decisión de promover la revocación mediante una asociación civil pudo haber sido una estrategia para eludir la normativa electoral, ya que las AC no son sujetos fiscalizables por el instituto, sino únicamente los partidos políticos, de acuerdo con los Lineamientos de Fiscalización en Materia de Revocación de Mandato aprobados por el INE.
Hasta ahora, el árbitro electoral no ha podido solicitar a las autoridades de Hacienda información financiera sobre QSD, pues no cuenta con evidencia de contrataciones o erogaciones hechas por la propia organización.
Como parte del procedimiento especial sancionador 39/2022, la dirigente de la AC, Gabriela Jiménez, argumentó que “la asociación que representa se financia a través de aportaciones de recursos de carácter privado de ciudadanas y ciudadanos interesados en participar activamente en las actividades democráticas que desempeña dicha asociación”.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo.
Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.#YoSoyAnimal
