La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de las órdenes de aprehensión y de la solicitud de audiencia inicial que había pedido en contra de tres abogados y de un operador financiero denunciados por el jurista y empresario Juan Collado. Collado acusa a estas cuatro personas de presuntamente haberlo extorsionado con el apoyo del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.
En un oficio fechado el pasado 8 de abril y al que este medio tuvo acceso, la fiscal María Castañón Osorio comunica al juez federal José Rivas González la solicitud de desistirse de la solicitud de orden de aprehensión 93/2022, que se había requerido en contra de los abogados Juan Araujo, César González e Isaac Pérez Rodríguez, así como de la solicitud de audiencia inicial programada para el 12 de abril en contra de David Gómez Arnau.
Las órdenes de aprehensión se habían solicitado luego de que el pasado 7 de abril dichos abogados no se presentaron a la audiencia inicial a la que fueron requeridos, alegando que se habían contagiado de COVID. La FGR consideró que dicho argumento no era creíble y antes de las 19:00 horas de ese mismo día envió al juez la solicitud por escrito, pidiendo que librara las órdenes de captura.
El único que había asistido a la audiencia fue Gómez Arnau, cuya defensa pidió más días para terminar de revisar el expediente. En su caso, la audiencia se había aplazado para este martes.
Sin embargo, un día después, la fiscal envió al juez la solicitud del desistimiento del inicio del proceso, aunque le pidió que deje a salvo su derecho y facultad de volver a hacerlo.
Autoridades y fuentes con conocimiento de este proceso indicaron que la carpeta de investigación de la FGR en torno a este caso continúa en integración, y que el desistimiento obedece a un replanteamiento que hará la fiscalía para presentar una nueva imputación en contra de estas y otras personas.
La FGR tiene abiertas por lo menos tres carpetas de investigación relacionadas con despachos de abogados que presuntamente utilizaban sus contactos con la Consejería Jurídica de la Presidencia para extorsionar a personas que enfrentaban denuncias y procesos penales. Esto, durante la gestión de Julio Scherer en dicha oficina.
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