La llegada de la imprenta abre la puerta a un proceso democratizador sin parangón. Nuevos sectores de la ciudadanía acceden al conocimiento, a la belleza, a la poesía, al teatro, nutriendo sus vidas a partir del asombro encerrado en las hojas olorosas de los libros.
El libro y la lectura son una de las principales herramientas para la formación de un pueblo crítico, informado y participativo, cuyo horizonte sea el lograr una mayor capacidad de desarrollo humano, tanto en una dimensión creativa como imaginativa. Esto no es tan solo una visión romántica, sino que va de la mano con el avance hacia una democracia cultural plena.
En ese sentido, este miércoles se debatirá en el Pleno de la Convención Constitucional la propuesta aprobada por la Comisión de Sistemas de Conocimientos, sobre el libro y la lectura, que contempla tres aristas profundas.
La primera establece que “el Estado fomentará el acceso de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias”, donde la gente de barrios, localidades, pueda disfrutar de un espacio de encuentro lleno de tesoros que los vinculen con el país y con el mundo de otra manera distinta a la digital. Esto es positivo y se condice con la ley que creó al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, antes, con la Ley del Fondo de Fomento al Libro y la Lectura.
Lo anterior pone de relieve, a nivel constitucional, la necesidad de fomentar la lectura, así como la creación y fortalecimiento de las bibliotecas públicas, cuya materialización deberá ser desarrollada por los gobiernos. Como diagnóstico, la “Política nacional de lectura y el libro 2015-2020” plantea que no se trata tan solo de imprimir o vender más libros, sino de lograr que las personas incorporen la lectura a su vida. Según el estudio sobre el “Comportamiento Lector a Nivel Nacional 2011”, del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la principal razón aducida para no leer es la falta de tiempo, señalada por un 28% de los encuestados.
Junto a lo anterior, otros estudios justifican la necesidad de abordar este problema como un desafío nacional. Uno de estos es el del Centro de Microdatos, el cual evidencia que las razones de la ausencia de lectura y hábitos lectores se encuentran en que entre un 80% y un 84% de los chilenos no comprende bien lo que lee, un 65% de los profesionales chilenos solo entiende textos simples y un 27% de ellos no llega a un nivel básico de comprensión lectora (es decir, son analfabetos funcionales).
Por ello, si bien no debería ser parte del detalle constitucional, estas políticas públicas deben avanzar en profundizar la igualdad, desconcentrando el saber y el placer de leer. Esto debe ir en paralelo con la promoción de las bibliotecas públicas, así como el perfeccionamiento tecnológico y accesible de la Biblioteca Nacional, Biblioteca Pública Digital, Biblioteca del Congreso Nacional o Memoria Chilena, dando una mayor cobertura y acceso en diferentes tipos de plataformas y diseños como a menores costos. Además, el uso de celulares y tablets hoy es transversal, anclado en los efectos pandémicos en educación, por lo que se debería sumar cualquier formato.
En segundo lugar, se plantea la creación de una editorial estatal. Originalmente la iniciativa planteaba que ella se encargará de la producción, distribución, edición de libros, con un énfasis en el desarrollo de contenidos infantiles y educativos, de manera de favorecer directamente una cultura del libro desde temprana edad. Esta motivación inicial fue vaciada del texto que se presentará en el Pleno, para deliberar sobre algo limpio y concreto, pero recoge el espíritu creativo e innovador que tendría esta iniciativa.
Si bien se hace una comparación con Quimantú, la idea de implementar una editorial estatal con colecciones de libros de líneas temáticas variadas, que sean definidas por su contenido, diseño, precio, tiraje y soporte, que llegue a distintos espacios sociales y amplíe el circuito habitual de circulación en librerías, son fines deseables.
Finalmente, se dispone que la producción y comercialización de libros en cualquier formato estarán exentas del impuesto al valor agregado en todas sus etapas. Tener un régimen tributario especial es una medida que se ha llevado a cabo en varios países respecto del libro, por lo que en sí no es una rareza.
Es cierto que si eliminamos el impuesto al valor agregado simplemente respecto a la venta del libro, este sería pagado por las librerías, debido a que no podrían descontar el arriendo, lo que no es un efecto deseado. Sin embargo, si lo hacemos respecto de toda la cadena del libro, se lograría traspasar al lector ese cambio y abrir una de las puertas necesarias para tener una ciudadanía lectora, por lo tanto, conectada con un espacio creativo profundo, bello, que nos invita, también, a mantener el vínculo con un mundo material versus un mundo solamente digital.
Debemos dejar en claro que disminuir el valor de los libros no es una “bala de plata” para los problemas de lectura que afectan a nuestro país, aunque sí podría provocar un aumento de lectores, ya que, en parte, las barreras de entrada están vinculadas al precio de los libros. Son variados los estudios hechos en Chile que coinciden en que el nivel socioeconómico es un determinante clave en el acceso a la cultura.
Ha sido desde distintos actores sociales que se ha propiciado tener una política de Estado de largo plazo respecto al libro en Chile, que posibilite y potencie a más lectores y que mejore sus hábitos en la lectura. Este es un debate que deseamos, para ir construyendo, entre todas y todos, un país que se piense y sueñe creativamente. Como diría Rubén Darío: “El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento, y manantial del amor”.
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