La iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador propone modificaciones radicales al sistema electoral mexicano, que impactan la configuración del Congreso federal y en los estados, el financiamiento de los partidos políticos, la integración de los órganos electorales (el INE y el TEPJF), y el modelo de comunicación política mediante el que los partidos acceden a tiempos en radio y televisión.
La propuesta requiere el voto de las dos terceras partes de las cámaras y aquí se detallan sus principales puntos.
Cambio al INE, adiós a los OPLE y tribunales locales
La iniciativa propone crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y eliminar los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que fueron creados para organizar los comicios estatales. Con esto, el INEC se convertiría en la autoridad única que organizaría todos los procesos electorales del país, federales y locales, así como los ejercicios de democracia participativa, como consultas populares y de revocación de mandato.
La propuesta señala que en 2021 los OPLE ejercieron un presupuesto de 13 mil 261.9 millones de pesos.
También se prevé eliminar los tribunales electorales estatales y que sus funciones en cuanto a la resolución de controversias electorales locales sean asumidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La iniciativa afirma que los tribunales estatales resultan “irrelevantes” porque sus funciones son de primera instancia, es decir, sus decisiones aún son revisadas por el TEPJF, que resuelve en definitiva. También señala que el INE ha asumido cada vez más las funciones de los OPLE, lo que significa duplicidad de gasto.
“El INE, desde su creación hasta la fecha, ha ido ejerciendo cada vez más su facultad de atracción sobre las funciones de los OPLE, al grado de realizar o verificar prácticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos órganos, salvo la investigación y sustanciación de quejas; el registro de candidatos, cómputos y declaración de validez. Contar con una autoridad administrativa única abonará a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participación ciudadana”, dice el documento.
“Además del gigantismo de los órganos electorales locales (OPLE), hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral: como primera instancia, no brindan certeza a los procesos electorales. El Poder Judicial de la Federación resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales. Por eso, se propone que el TEPJF absorba las controversias electorales locales del país”.
Remover a consejeros y magistrados, para elegir nuevos por voto popular
Con el argumento de la austeridad en el aparato administrativo electoral, la iniciativa propone reducir el número de integrantes del INE de 11 a siete, así como sus direcciones y unidades técnicas.
También se plantea que tanto los consejeros del INE como los magistrados del TEPJF sean electos por voto popular a partir de 2023, lo que significaría revocar del cargo a varios funcionarios electorales designados por periodos mayores.
Actualmente, el INE tiene cuatro órganos centrales, incluido el Consejo General; seis direcciones ejecutivas; 10 unidades técnicas, así como órganos delegacionales en cada entidad federativa y en los 300 distritos electorales.
Dado que la iniciativa propone eliminar la organización electoral por distritos, también se eliminaría la estructura de representación del INE en dichas unidades territoriales.
“El nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales, que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas, a efecto de contar con la estructura indispensable para garantizar las funciones asignadas en la legislación”, dice la propuesta.
Respecto de la elección de consejeros y magistrados electorales por voto popular, se propone la conformación de listas de candidatos propuestos por el Poder Legislativo, el titular del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso de los consejeros del nuevo INEC, se propone que cada Poder de la Unión proponga a 20 candidatos, mientras que en el caso del TEPJF se formarían listas de 10 candidatos por cada poder.
Cada persona electa estaría en el cargo seis años. La persona más votada entre las listas de candidatos a consejeros del INEC ocuparía la presidencia del órgano. En cuanto a la presidencia del TEPJF, esta sería decidida por los integrantes del pleno.
La jornada electiva para definir a los consejeros y magistrados sería el primer domingo de agosto cada seis años, con excepción de la primera jornada electiva, que sería en 2023, de acuerdo con el artículo transitorio segundo de la iniciativa.
Eliminar los 300 distritos electorales y bajar número de legisladores
Es una de las modificaciones más relevantes propuestas en la iniciativa. La reforma plantea reducir de 500 a 300 los integrantes de la Cámara de Diputados y de 128 a 96 los integrantes del Senado.
Se propone eliminar el sistema de distritos y circunscripciones electorales, y que ahora los candidatos sean propuestos y electos por cada entidad federativa mediante listas. La distribución de diputados y senadores se daría mediante un cruce de la densidad población (no del listado nominal) y los votos obtenidos por cada partido en la contienda.
Un estado con mayor población contaría en la Cámara con el mayor número de representantes. Por ejemplo, el Estado de México aportaría 40 diputados; la Ciudad de México, 22; Jalisco, 20, y Veracruz, 19. En contraste, Baja California Sur, Campeche y Colima aportarían dos diputados.
La distribución de esos lugares por partido se daría en función de su votación obtenida y los asientos se asignarían siguiendo el orden de las candidaturas en las listas (algo semejante a como se reparten actualmente las pluris).
No obstante, especialmente en los estados con poca población, las reglas propuestas favorecerían al partido mayoritario y a la primera minoría, complicando a los partidos pequeños o de nueva creación acceder a representantes en el Congreso.
“A cada partido político y lista de candidaturas independientes le será asignado el número de diputaciones que le corresponda, de acuerdo con su votación obtenida en cada entidad federativa. A efecto de obtener el cociente natural de asignación, se dividirá la votación válida de la entidad federativa entre el número total de diputaciones por asignar (…) Todo partido político o lista de candidaturas independientes que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida en la entidad federativa tendrá derecho a que le sean asignadas tantas curules como cocientes naturales enteros contenga su votación. En la asignación se seguirá el orden que tuvieren las candidaturas en la lista correspondiente”, señala la iniciativa.
La conformación de congresos estatales y cabildos seguiría el mismo criterio de densidad poblacional.
Las legislaturas locales se constituirían en función de la población de los municipios o alcaldías, con un mínimo de 15 diputados y un máximo de 45.
La iniciativa señala que, si los 32 congresos estatales se conformaran con las nuevas reglas, habría 654 legisladores locales, contra los mil 113 que existen actualmente.
Eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos
La reforma plantea modificar uno de los pilares del sistema electoral mexicano: que el financiamiento público de los partidos prevalezca sobre el financiamiento privado.
En la actualidad, la Constitución establece una fórmula mediante la cual se reparte el gasto público a los partidos y se les garantiza el financiamiento anual, a pesar de que no haya procesos electorales. En años electorales, el gasto público aumenta, pues se les otorga presupuesto adicional para hacer campaña.
La iniciativa propone eliminar el financiamiento ordinario y que los partidos cubran ese gasto mediante aportaciones de sus simpatizantes y militantes.
El financiamiento público se mantendría exclusivamente para gastos de campaña en periodos electorales. En años en que se elijan diputaciones, se fijaría multiplicando el número total de ciudadanos en el listado nominal por el 65% del valor diario de la UMA. El 30% de la cantidad resultante se distribuiría de manera equitativa entre todos los partidos, y el 70% restante se repartiría conforme el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en la elección inmediata anterior.
En años en que se elijan diputados, senadores y presidente, se seguiría la misma fórmula, pero el referente de la UMA sería del 100% de su valor diario.
El monto del financiamiento privado que podrían recibir los partidos no está claro en la propuesta. La iniciativa señala que para calcular el tope de las aportaciones se debería seguir lo establecido actualmente en la normativa electoral. No obstante, en ella se señala que el tope de aportaciones privadas se debe calcular con base en el monto del financiamiento público ordinario de los partidos, mismo que, según la nueva ley, ya no se entregará.
Lo que sí establece la iniciativa son restricciones a los particulares que donen a los partidos: “Los recursos provistos no serán deducibles de impuestos; se prohíbe que una misma persona física done en un año calendario a más de un partido o candidatura independiente, y que se apliquen recursos obtenidos para el sostenimiento de actividades ordinarias en gastos de campaña o al pago de deudas contraídas para cubrir procesos electorales anteriores”.
Recortar 18 minutos los tiempos de radio y tv para campañas
La reforma propone que, desde el inicio del proceso y hasta la jornada electoral, se destinen 30 minutos diarios en radio y televisión a partidos, candidatos independientes y al nuevo INEC, lo que implica una reducción de 18 minutos del tiempo que actualmente destinan los concesionarios.
La iniciativa prevé que no solo haya difusión de spots en periodo de campaña, sino también en precampañas, de modo que los aspirantes a una candidatura en todos los partidos difundan sus propuestas mediante anuncios comerciales.
Revocación de mandato: 33% del listado nominal para que sea vinculante
En la actualidad, se requiere del 40% del listado para que los resultados de una consulta de revocación de mandato sean vinculantes, alrededor de 37 millones de votos.
En el reciente ejercicio de consulta revocatoria, participó el 17.77% de los ciudadanos; la cifra fue aún menor, del 7%, en la consulta popular de 2021.
Con la finalidad de abatir la baja participación, la iniciativa de reforma electoral propone bajar a 33% del listado nominal el umbral para que los resultados de las consultas ciudadanas sean vinculantes.
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