En lo que va del año, en el estado de Oaxaca por lo menos siete niñas y niños han sido víctimas de asesinato, con lo que en los primeros cinco meses de 2022 la entidad ha superado los seis homicidios a niñas y niños de 0 a 14 años de edad que se registraron en total en 2021, y alcanzado el 70% de los 10 totalizados en 2020.
La organización Causa en Común documentó dos casos en su informe Atrocidades enero-abril 2022; uno más, reportado por la Fiscalía del estado, ocurrió el 10 de mayo por arma de fuego en la comunidad de San Francisco del Mar en la región del Istmo de Tehuantepec, en la que también fueron asesinados cuatro menores de edad en la localidad de Chicapa de Castro el 2 de mayo, delito por el cual hasta ahora la única persona detenida es su mamá.
Esto ocurre en un contexto en el que la mayor parte de violencias que sufren las infancias y adolescencias en Oaxaca es la omisión de cuidados: “La última encuesta del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género evidencia que el 77% de población infantil de Oaxaca sufre este tipo de violencia, seguida por la física y emocional”, señala Alejandro Rafael Lima, coordinador de Desarrollo Institucional de la asociación civil Centro de apoyo al niño de la calle de Oaxaca (Canica), que trabaja en torno a las violencias hacia las infancias en general, y particularmente en la zona del Istmo de Tehuantepec.
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“Este tipo de violencias son parte de un proceso acumulativo de vulneración que culmina en situaciones extremas, como la violencia directa y en este caso tan lamentable (el de Chicapa), la muerte de menores”, añade.
La omisión de cuidados es una forma de violencia que, de acuerdo con el artículo 335 del Código Penal Federal, se convierte en un delito cuando se abandona a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o una persona enferma, cuando se tiene la obligación de ese cuidado.
En tanto, el Código Civil de Oaxaca define en su artículo 336 a la violencia familiar como todo acto u omisión intencional que se realice dentro o fuera del domicilio familiar y que tenga por efecto causar un daño; especifica que también serán considerados como violencia los actos que dañen a un menor edad o las medidas inadecuadas para reprenderlo, aunque se argumente como justificación su educación y formación en el uso del derecho de corregir.
Instituciones y organizaciones que trabajan en la zona y en el estado coinciden en que la violencia evidenciada por el caso de Chicapa de Castro es producto de procesos relacionados con condiciones sociales y culturales de pobreza, desigualdad, precariedad económica y salud mental, y se trata de la cúspide de violencias estructurales que no son prevenidas ni atendidas.
A esto se suma que las condiciones geográficas de Oaxaca, el centralismo de sus instituciones y las condiciones de lejanía, difícil comunicación y acceso de muchas comunidades, como Chicapa de Castro, las deja en la desprotección. A pesar de que a los gobiernos municipales se les ha señalado la importancia de que cada uno cuente con una procuraduría municipal de protección de la infancia, hasta ahora solo están instaladas 76, más 14 en trámite, de los 570 municipios con los que cuenta la entidad.
De acuerdo con la información que ha proporcionado la Fiscalía en el caso de Chicapa de Castro, hasta ahora se sabe que el 2 de mayo de 2022 una mujer probablemente privó de la vida con un arma blanca a sus cuatro hijos. Después, se infringió lesiones a sí misma. El viernes 6 de mayo recibió su alta médica, y después se ejecutó una orden de aprehensión en su contra, mediante la cual se informó acerca de los antecedentes clínicos de los que se desprendería, según la dependencia, la probable presencia de un episodio psicótico.
Canica señala que es importante comprender la problemática en su justa dimensión, que es multifactorial: “no encontramos una causa única, unidireccional de la violencia. Podemos encontrar diversas situaciones, desventajas, que llevan a una alta vulnerabilidad a las niñas, niños y jóvenes”, explica Alejandro Rafael Lima.
Mediante su trabajo, la organización ha detectado diferentes características que, en la zona del Istmo específicamente, están relacionadas con la violencia hacia menores de edad; la pobreza es uno de los factores más relevantes: “Aunado a las privaciones materiales, genera también privaciones sociales e interacciones desiguales entre la población, entonces es imprescindible que podamos hablar de estructuras económicas que guardan una relación muy estrecha con actos de violencia hacia las niñas, niños y jóvenes”.
Además de ello, otro punto fundamental es la falta de atención y cuidado a la salud mental de la población en general, que produce crianzas que no son positivas o sanas. Esto está muy ligado, dice, a lo que se conoce como normalización y naturalización de desventajas y violaciones de derechos hacia las infancias: “Estamos lamentablemente normalizando que un padre, una madre, puedan tener cierto tipo de violencias hacia niños y niñas, y lo reconocemos como parte del desarrollo, y como parte de la formación y la crianza”.
Sin embargo, también apunta que en casos como los de Chicapa de Castro, es fundamental reconocer que se trata del desenlace de procesos acumulativos de violencias que terminan en la violencia directa y la muerte de menores de edad, y donde el papel de la familia, y esta vez en particular de la mamá, está sobredimensionado.
La agrupación Causa en Común coincide en que la mayoría de los menores de edad que son víctimas de asesinato por parte de sus propios familiares vienen de historias de violencia de años, de las que seguramente tuvo conocimiento algún familiar o vecino, o incluso pudieron haber sido atendidos en algún centro de salud u hospitalario. Si en estos espacios no se detecta y trabaja ese tipo de violencia, resulta muy difícil que derive en una denuncia y tenga consecuencias.
“Los sistemas para el desarrollo integral de la familia, de todos los ámbitos, no están haciendo el trabajo que deberían hacer de manera adecuada, seguramente también están rebasados, no tienen los suficientes recursos, pero justamente eso es lo importante: que se considere que se tiene que atender este tema; hay que generar protocolos que eviten la victimización de los menores de edad, porque los podemos tener como grupos vulnerables pero también se vuelven reproductores de violencia en caso de que puedan sobrevivir”, señala Angélica Canjura de Causa en Común.
La investigadora subraya que la crianza de niñas, niños y adolescentes es comunitaria, y no corresponde solamente a una familia: cuando un vecino o familiar está cercano a un caso de violencia, es necesario que lo notifique para que se tomen medidas previas a que ocurran desgracias como la de Chicapa de Castro.
Los menores de edad enfrentan múltiples formas de violencia
Los reportes más reciente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca sobre violencias hacia personas menores de edad muestran la recurrencia de estos casos en regiones y municipios que no siempre tienen acceso a los servicios e instituciones centralizados del estado, que de acuerdo con las organizaciones e instituciones se concentran principalmente en la zona metropolitana de Oaxaca capital y municipios aledaños.
El 11 de mayo, apenas nueve días después del asesinato de los cuatro niños de Chicapa, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por el homicidio de una menor de edad sucedido la noche anterior en San Francisco del Mar, también perteneciente a la región del Istmo: dos sujetos desconocidos arribaron al domicilio particular y agredieron con disparos de fuego a la víctima.
Ese mismo día un hombre fue vinculado a proceso por el delito de violación contra una adolescente de 12 años, presuntamente cometida en el distrito Mixe. Un día antes, la dependencia había reportado también la localización de una adolescente víctima del delito de privación ilegal de la libertad en San Juan Bautista Tuxtepec. El 9 de mayo se dio a conocer la localización de un probable responsable por el delito de feminicidio contra una adolescente en Puerto Escondido, ocurrido la madrugada del 7 de mayo. Un total de al menos cuatro hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en un lapso de cinco días.
La procuradora estatal de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado, Araceli Zárate, precisa que entre 2017 y 2022, la dependencia ha recibido 447 casos de violencia hacia menores de edad en Oaxaca, dentro de los que el primer lugar lo ocupa la violencia física catalogada como maltrato infantil, seguida por la violencia sexual. De acuerdo con los datos de la Procuraduría, las regiones de la Costa, el Istmo y la Mixteca son donde más se ejerce violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
Los datos del Inegi correspondientes a homicidios a menores en la entidad en 2020 y 2021, 10 y 6 en total, respectivamente, señalan como municipios de ocurrencia a San Pedro Pochutla, Santa Cruz Xoxocotlán (3), Huautla de Jiménez, Santa María Temaxcaltepec, Santiago Juxtlahuaca, Ciudad de Ejutla de Crespo, San Bartolo Coyotepec, Santiago Ixtayutla (2), San Andrés Zautla, San Francisco Tlapancingo, San Juan Bautista Coixtlahuaca y Santiago Llano Grande. Solo uno corresponde a la capital, Oaxaca de Juárez.
Alejandro Rafael Lima, de Canica, explica que al igual que pasa con la Ciudad de México en el país, en Oaxaca existe un centralismo de las instituciones, del trabajo social y de los esfuerzos de desarrollo social. Los 570 municipios de Oaxaca, su diversidad y orografía en muchas ocasiones dificultan el desplazamiento, porque se hacen trayectos de hasta 12 y 14 horas sin salir del estado.
“Esto lleva a que el trabajo de ciertas instituciones, de los sistemas de protección a las infancias, las procuradurías y ciertas instituciones garantes de salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes, se concentre en la zona metropolitana, en la ciudad de Oaxaca, o en los municipios aledaños; qué pasa con aquellos otros que tienen una cultura, una dinámica y una interacción muy diferente, muy propia, con este centralismo por parte del estado”, cuestiona.
Según Araceli Zárate, las herramientas tecnológicas pueden ser aliadas, pero la orografía de Oaxaca propicia que muchos municipios permanezcan aislados y con dificultades de acceso a internet y transporte –con la necesidad de caminar horas o usar mulas–, lo cual no favorece la garantía de los derechos humanos de las personas en general, y particularmente de niños, niñas y adolescentes.
De ahí, dice, viene la importancia del establecimiento de las procuradurías municipales de protección a la infancia, que hasta ahora solo están funcionando de manera integral en el 13% de los municipios del estado. Añade que la denuncia es igualmente importante ya que “algunas personas tienen la idea de que son sus hijos y pueden hacer con ellos lo que quieran; es un enfoque tutelar, no de protección a sus derechos. Los derechos de las infancias deben ser vigilados por toda la sociedad”.
Causa en Común apunta que, de acuerdo con su último informe Atrocidades enero-abril 2022, en Oaxaca hay evidencia de un repunte de la violencia comunitaria, lo cual es notorio en los casos de intento de linchamiento, que suman 12 en cuatro meses, de tortura y de violencia homicida:
“Hemos notado que la dinámica de Oaxaca se ha modificado a una de mayor violencia, sobre todo en el ámbito comunitario. Si bien los números que tienen los estados con mayor incidencia son mucho más altos, para el tipo de comportamiento que había tenido, Oaxaca ha subido bastante. Los delitos de alto impacto para la ciudadanía tienen que ver con una descomposición social, una especie de sensación de hartazgo que lleva a que las comunidades tomen estas actitudes más agresivas o más a la defensiva”, apunta Canjura.
‘Nadie lo vio venir’
Chicapa de Castro es una comunidad que, como muchas, permanece en los márgenes de la centralización de instituciones en Oaxaca, con ese tipo de lejanía y dificultades derivadas de la orografía del estado que señalan Canica y la procuradora estatal de protección a la infancia.
Como localidad del municipio de Juchitán, según los datos censales más recientes del Inegi (2020) tiene 3 mil 423 habitantes, mil 807 mujeres y mil 616 hombres. Ahí, las familias tienen, en promedio, 2.4 hijos, y hasta ahora viven 813 niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años. Poco más de la mitad del total de su población (mil 716) habla alguna lengua indígena, aunque el Instituto contabiliza un total de 3 mil 20 personas que viven en hogares censales indígenas.
En la comunidad, 29% de las personas no tiene afiliación a servicios de salud, y de los mil 249 hogares que hay en Chicapa de Castro, son 952 los que disponen de energía eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje. Mil 663 personas viven casadas o unidas; solo 23 niños de 3 a 14 años no asisten a la escuela, y 224 personas de 15 años y más no tienen escolaridad.
En apariencia, ni dentro ni fuera de la comunidad, nadie vio venir el homicidio de los cuatro niños ocurrido el 2 de mayo. La procuradora estatal de protección a la niñez de Oaxaca y la procuradora municipal de Juchitán, Katia Guerra Peralta, descartan haber tenido conocimiento o denuncia alguna de antecedentes de violencia en ese hogar.
Normalmente, en casos de violencia ambas instituciones tienen la atribución de representar los derechos de los niños, niñas y adolescentes para la restitución de sus derechos, pero en este caso, que ya fallecieron, solo podrían participar si la Fiscalía estatal lo considerara necesario, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
“La procuraduría (estatal) no tuvo ningún conocimiento de acciones previas que tuvieran que haberse establecido con esta familia. Nosotros nos movemos por denuncia, en este caso el municipio o algún vecino o vecina que nos hubiera notificado para que pudiéramos actuar; sin embargo, no recibimos por parte de ninguna persona física ni institución la solicitud para brindar atención a este caso”, asegura Araceli Zárate.
Sobre la comunidad de Chicapa de Castro, la procuradora estatal señala que únicamente se han detectado y atendido dos casos de violencia hacia menores de edad en los últimos cinco años, uno por restricción del derecho a la salud y otro por violencia física.
En tanto, Guerra Peralta explica que la procuraduría municipal de protección a las infancias de Juchitán, que ella preside, atiende a siete agencias, entre ellas Chicapa de Castro, desde la cual no hubo ningún reporte de familiares, vecinos o instituciones sobre el caso. “Si hubieran hecho algún tipo de reporte ciudadano, incluso anónimo, el caso sería distinto y se hubiera dado un acercamiento, una visita; la gente tiene conocimiento de que hay instituciones”, dice.
Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los Derechos Humanos en Oaxaca, explica que la instancia de la que es titular se encargará de vigilar la actuación de la Fiscalía, con especial énfasis en que no pierda de vista el contexto, además del posible acompañamiento a las víctimas; en este caso, están explorando la posibilidad de establecer contacto con el padre. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado ni descartado si él forma parte de las posibles líneas de investigación. A la petición de entrevista con el fiscal del estado, no hubo respuesta hasta el cierre de esta publicación.
“Uno de los elementos importantes es saber cuál es la condición de la madre en términos de salud mental porque con base en eso, se pueden determinar si es inimputable, si es consciente o no de lo que probablemente hizo, y de alguna manera, si había antecedentes de atención a esta persona o indicios de que no fuera la persona más idónea para cuidar de sus hijos; es parte de lo que investigamos y de lo que nos pronunciaremos en su momento”, asegura.
Además de que la investigación sea amplia y profunda, es necesario, apunta, no solo determinar la responsabilidad de una persona, sino la garantía de no repetición, es decir, estudiar cuáles fueron las condicionantes y qué puede hacerse para que no vuelvan a suceder; por ejemplo, en caso de que hubiera existido un antecedente de la madre, las consideraciones que debieron haberse tomado, y por qué no fue así.
Según Rodríguez Alamilla, en el país y en Oaxaca no existe una política pública efectiva en materia de salud mental, y este tipo de casos deberían animarnos a pensar que “uno de los grandes retos que enfrentamos es generar acciones muy claras y específicas en la materia, algo que también desafortunadamente vimos a raíz de la pandemia, que hubo un incremento y no necesariamente hemos observado mayores niveles de atención en torno a esta situación”.
La acumulación de violencias, las condiciones sociales, culturales, económicas y geográficas, las dificultades de acceso, la nula atención a la salud mental, la ausencia de una red de apoyo que pudiera haber generado un señalamiento o denuncia y la invisibilización, falta de identificación y prevención de la violencia al interior de las familias pueden ser todos factores múltiples y concurrentes para que casos de violencia extrema hacia menores de edad, como el de Chicapa de Castro, sucedan.
“La violencia tiene otros niveles y es un proceso de vulneración; por lo tanto, tiene que ser comprendido también dentro de sus características sociales, económicas, políticas y culturales. Es claro que es una situación envuelta en la pobreza, la desigualdad, la precariedad económica, los problemas de salud mental, y por lo tanto, la violencia directa viene a ser la cúspide de una suma de violencias que se tuvieron que haber anticipado y reconocido como tales.
“¿Dónde están las entidades garantes de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, dónde están también las redes sociales de apoyo que como sociedad debemos constituir para que cualquier niña, niño y joven esté a salvo? Esto también nos cuestiona: qué contexto y qué sociedad hemos generado, que no salvaguarda la vida de las infancias, habla mucho de nosotros”, concluye Lima.
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