“Desterrar del poder a los agresores de mujeres”. Ese es el objetivo de la iniciativa Tres de Tres contra la violencia hacia la mujer, una propuesta creada por las Constituyentes Feministas, la activista Yndira Sandoval y la abogada Patricia Olamendi; y que está a punto de llegar al Congreso federal.
La iniciativa pretende modificar diversos artículos constitucionales para que tenga un espectro nacional y sea aplicable en todos los cargos públicos.
En entrevista para Animal Político, Yndira Sandoval dijo que el tema es muy importante porque sería la primera vez que se tome en cuenta la idoneidad de las personas para ocupar un cargo.
“Vino a instalarse una narrativa institucional de no mentir, no robar, no traicionar, como si fueran esos los únicos parámetros en los que se deba medir la ética pública e institucional; sin embargo, viene la pregunta sobre si todos realmente tenemos la idoneidad para ejercer un cargo”, explicó Sandoval.
Tres de Tres contra la violencia, el inicio
En 2017, Yndira Sandoval fue violada y torturada por una policía. Los hechos ocurrieron en una prisión de Tlapa, Comonfort, municipio ubicado en Guerrero. Esto, luego de que la activista fue detenida porque supuestamente no había pagado una consulta médica.
La activista denunció los hechos, pero en el camino encontró obstáculos, revictimización y poco interés por parte de las autoridades. Tras su recuperación, la también consultora de género comenzó a investigar temas similares y encontró que existen muchas mujeres que son víctimas de funcionarios, políticos y policías.
“Nadie que aspire o esté en cargos públicos debe ser un generador de violencia”, dijo a Animal Político la consultora especializada en género.
Tras ese episodio en su vida, Sandoval, junto con otras activistas, comenzaron a tejer la iniciativa Tres de Tres contra la violencia hacia las mujeres.
El primer antecedente de esta iniciativa fue la propuesta de Las Constituyentes Feministas, organización política que logró instaurar la 3 de 3 de violencia de género como requisito para cargos de elección popular. Estos lineamientos fueron retomados por el INE para las elecciones de 2021.
Posteriormente, las Constituyentes Feministas, junto con Yndira Sandoval y la abogada Patricia Olamendi crearon un documento más robusto, una iniciativa que ha sido aprobada en 6 entidades, entre ellas Yucatán.
“Yucatán es un gran faro de luz porque el congreso aprobó la Tres de Tres desde antecedentes de denuncia, investigación, proceso y sentencia, lo cual es muy importante porque en los otros estados donde ya es ley, solo se contempla en el ámbito electoral, y en otro, nada más aplica para personas sentenciadas”, explicó la defensora de derechos.
Iniciativa constitucional
La legislación aprobada en Yucatán sirvió como borrador para conformar la iniciativa a nivel constitucional, la cual funciona de manera muy similar a la iniciativa #3de3, la cual promueve que todos los aspirantes a un cargo público den a conocer sus declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal.
En el caso de la iniciativa de violencia contra las mujeres, se busca que toda persona que esté en el servicio público o pretenda buscar un cargo de elección popular, cumpla como requisito de elegibilidad tres aspectos:
No ser deudor alimentario.
Que no tenga denuncias, demandas, juicios o alguna condena por violencia familiar.
No haber sido denunciado, demandado, estar bajo investigación o condenado por delitos sexuales o relacionados con la intimidad corporal y violencia de género.
“El mensaje que se transmite con la presente iniciativa es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y/o permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las y los ciudadanos”, refiere el proyecto.
Para cumplir con la Tres de Tres, las instancias encargadas de seleccionar a los candidatos podrán hacer convenios, buscar la firma de cartas de cumplimiento de requisitos negativos y eficientar el uso del banco de datos
sobre violencia.
Además también se propone dar seguimiento al estatus del funcionario y cada año revisar que sigan sin antecedentes de violencia hacia las mujeres.
Miles de mujeres marchan en contra de la violencia de género. Foto: Cuartocuro.
Iniciativa popular
Aunque existen varios interesados en abanderar la propuesta en el Congreso, Yndira explicó que no quieren que ningún partido se sume a la causa y prefieren presentar la iniciativa como ciudadana.
Para que la iniciativa entre al Congreso debe ser presentada por el equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores.
“Aunque la iniciativa ya está lista nosotros no queremos presentarla, no queremos que llegue a San Lázaro abanderada por partidos, por eso estamos en el proceso de juntar las firmas que se necesitan; aunque llegue en el filo del periodo, pero con respaldo ciudadano”, recalcó Yndira.
Esta legislación sería un paso para comenzar a erradicar la violencia que se ejerce hacia las mujeres desde el poder.
“Esta ley protege a todas las mujeres, no solo a las que tienen una vida política, también a todas aquellas que son víctimas de quienes están en el poder, ya de por sí es muy grave que a una mujer la violenten; imagínate ahora cuando el agresor es un magistrado, un juez, un regidor. El grado de vulnerabilidad y riesgo aumenta”, dijo.
La iniciativa también puede convertirse en un mecanismo de participación ciudadana y que la sociedad tenga otros parámetros a la hora de elegir quién los va representar.
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