El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez cuestionó la iniciativa del gobierno federal para que la Guardia Nacional quede bajo control completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la calificó de inconstitucional.
En un posicionamiento publicado en la revista Nexos, el Centro Prodh sostiene en varios puntos que las modificaciones propuestas van contra el artículo 21 constitucional y dejan completamente de lado el carácter civil de la corporación de seguridad.
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Sobre los motivos del gobierno federal, quien considera que la Sedena debe intervenir en el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, la organización cuestiona que mediante leyes secundarias se busque ampliar el plazo de cinco años que estaba previsto para que de las Fuerzas Armadas dejaran sus labores en tareas de seguridad pública.
Otra de las críticas a la iniciativa es el cambio que se propone al artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional, para establecer una estructura donde el primer nivel de mando lo tendrá la Sedena, pues sostiene que rompe la cadena de mando civil.
“Se inserta en el punto más alto de la cadena de mando de esta corporación a la institución castrense, diluyendo por entero el carácter civil mandato por la Constitución”, sostiene el posicionamiento firmado por Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
📍 Sobre la iniciativa para entregar la #GuardiaNacional a #Sedena, acabando en los hechos con su carácter civil, aquí el análisis del @CentroProdh vía @nexosmexico.
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— Centro Prodh (@CentroProdh) September 1, 2022
Además de buscar un control pleno de la Sedena sobre la Guardia Nacional, la organización señala que hay una ampliación de facultades al cuerpo de seguridad en la investigación de delitos y labores de inteligencia, pese a ser un tema que se ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sigue sin resolverse,
“Con esta modificación se continúa ampliando la posibilidad de que una policía militarizada como lo es la Guardia Nacional intervenga en labores de investigación de los delitos. Precisamente, esta fue una de las cuestiones que en su momento impugnó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Guardia Nacional”, señala el posicionamiento.
También se cuestiona que los elementos de la Guardia Nacional seguirán sujetos al régimen penal militar, dentro de institución que constitucionalmente es civil.
Sobre la modificación que propone dotar de más presupuesto a la Guardia Nacional, el Centro Prodh señala que las Fuerzas Armadas seguirán acumulando poder, recursos y presencia pública, sin que se estén diseñando controles civiles externos.
“Con estas modificaciones, la actual administración pretende ir más lejos de lo que consiguió cuando a inicios de sexenio obtuvo, con el concurso de todas las fuerzas políticas, la reforma constitucional que buscaba. Es por ello momento de que se activen los contrapesos necesarios”, afirma la organización.
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