Desde el pasado 5 de abril, cuando de madrugada un grupo armado entró con violencia al domicilio de Patricia Quijada, de 33 años, para llevársela sin dejar rastro, su hermana Marlén y su familia se convirtieron en activistas a la fuerza.
“Nadie va a buscar a tu familiar como tú mismo”, asegura la mujer con voz fatigada, aunque, en realidad —dice a continuación—, el principal motivo por el que se convirtió en buscadora es que no confía en las autoridades de la Fiscalía General de Guanajuato que deben localizar a Paty, madre un niño de 11 años.
La noche en la que hace cinco meses su hermana fue sacada a la fuerza de su casa en la colonia Loma Bonita, en Acámbaro, Marlén narra que su sobrino identificó por la voz a varios de los 20 hombres que integraban el grupo. Afirma que esos mismos hombres formaban parte del comando de elementos de la fiscalía estatal que meses antes, el 18 de enero, habían entrado también a la fuerza y sin una orden de registro al domicilio de Patricia, para luego ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) acusada de varios delitos.
Luego de tres días detenida, un juez la liberó porque quedó acreditado que los agentes la detuvieron de manera arbitraria y por medio de tortura. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que la familia de Paty cree que esos mismos agentes fueron los que cuatro meses más tarde la desaparecieron como represalia.
“Cuando Patricia desapareció en abril, su hijo refiere que quienes se la llevaron eran personas vestidas de militares, pero que eran las mismas que se la llevaron en enero, pues los reconoció por su voz”, explica Raymundo Sandoval, activista de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, que acompaña el caso.
Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atendió una queja para investigar la presunta desaparición a manos de cuerpos militares, aunque, en los hechos, Sandoval señala que “se estima que pudieron ser agentes de investigación criminal (de la fiscalía de Guanajuato), los mismos que irrumpieron ilegalmente en su domicilio en enero pasado”.
A pesar de esta sospecha, la fiscalía estatal asegura que ninguno de sus elementos se llevó a Patricia, y que, además, ya buscó con la Sedena y la Marina y tampoco la tienen.
Aun así, la desconfianza en la autoridad de investigación es máxima. Primero, expone Sandoval, porque a más de cinco meses la fiscalía estatal no ha iniciado una carpeta por la presunta desaparición forzada, sino por secuestro —a pesar de que, a la fecha, nadie se ha comunicado con la familia para exigir rescate, más allá de burdos intentos de extorsión telefónica—. Y segundo, porque la fiscalía tampoco está investigando a sus elementos.
Además, Marlén expone que tras la desaparición varios agentes de la fiscalía visitaban constantemente el domicilio de sus padres para preguntarles a qué hora entraba y salía la familia y a qué se dedicaban, al mismo tiempo que no revisaban las cámaras de video ubicadas en las zonas por donde pudo haber pasado el convoy de tres camionetas que se llevó a Patricia. Tampoco rastreaban su celular.
“En lugar de investigar quién se llevó a mi hermana, lo que hacen es investigarnos a nosotros”, reclama.
Tras las quejas, los agentes de investigación dejaron de hacer rondines por la vivienda de la familia, pero ahora son otros agentes, los de Seguridad Pública estatal, los que hacen esos mismos rondines supuestamente para protegerlos, luego de que la familia también sufriera intentos de extorsión telefónica con información falsa sobre el paradero de Paty.
“Más que una medida de protección, lo que nos parece es que son operativos de vigilancia. Nos sentimos vigilados”, dice Marlén, que narra que en varias ocasiones estos elementos han llegado al domicilio con actitud intimidante, tomando fotos de las placas de los carros de los vecinos, anotando los números de serie de los coches y repitiendo las mismas preguntas de a qué se dedica la familia.
La negativa del mecanismo
Ante esta situación, la familia tomó la decisión de pedir ayuda en julio al mecanismo federal de protección de periodistas y activistas, de la Secretaría de Gobernación: ya no quieren que ninguna autoridad estatal los proteja, y menos si se trata de la fiscalía, de la que sospechan que pudo estar involucrada en la desaparición. Además, desde abril, Marlén se ha convertido en activista, participando en búsquedas y dando asesorías a otras familias que se han acercado con ella ante la desaparición de un familiar. Por ello, estaba convencida de que obtendría ayuda del Estado.
“Al principio, el mecanismo me marcaba a cada rato diciéndome que estaban pendientes de mi caso, que no me preocupara. Por eso se me hizo muy raro que un día, así de repente, dejaron de comunicarse”.
Marlén intentó hablar con el funcionario del mecanismo federal que antes le marcaba insistentemente. No logró contactarlo ni obtuvo más respuestas. Así, hasta que el 6 de septiembre le llegó un oficio, en el que le dicen que no la consideran activista ni defensora de derechos humanos, y que, por lo tanto, no aplica para que le otorguen protección federal.
Ante esta respuesta, Sandoval asegura que Marlén, si bien no pertenece a un colectivo como tal, sí ha estado muy vinculada a la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, un movimiento de agrupación de diferentes víctimas de la violencia en ese estado, y que, además, participa en búsquedas y dando asesorías y apoyo a otras familias.
“Aquí hay una omisión del mecanismo federal de protección. Y no es la primera vez que nos rechazan una petición con este argumento de que el riesgo es por ser víctimas y no por su labor como defensora de derechos humanos. Nos parece que es una salida fácil del mecanismo para ahorrarse el dinero”, denuncia Sandoval.
“Tenemos miedo”
A pesar de la negativa del mecanismo, Marlén insiste en que seguirán buscando a Patricia cueste lo que cueste, aunque admite que tiene miedo y no es para menos: Acámbaro, ubicado en el límite con Michoacán, es un municipio de 160 mil habitantes de Guanajuato, estado que en la actualidad concentra los mayores índices de violencia en México con 3 mil 516 víctimas de homicidio doloso en 2021 y mil 566 en los primeros seis meses de 2022, de acuerdo con datos oficiales.
También es una de las entidades con más reportes de personas desaparecidas, con más de 2 mil 300. Animal Político publicó en enero del año pasado el reportaje “La casa del horror de Acámbaro”, sobre un cementerio clandestino ubicado a pocas cuadras del centro de la localidad, donde el crimen organizado mataba y enterraba a personas. Ahí, madres buscadoras y la Comisión Estatal de Búsqueda hallaron 104 bolsas con restos humanos y 15 cuerpos enterrados en 48 fosas.
Por si fuera poco, en 2022 la violencia también se ha intensificado en contra de las buscadoras y activistas. Apenas el pasado 31 de agosto, la activista Rosario Rodríguez Barraza, quien buscaba a su hijo Fernando Ramírez Rodríguez, fue asesinada en Sinaloa en pleno Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La mujer salía de un templo religioso, cuando fue interceptada por hombres armados que la subieron a un vehículo y se la llevaron. Su cuerpo fue localizado horas después.
“Tenemos miedo por todas las trabas que nos ponen”, dice Marlén. “Pero vamos a seguir buscando a mi hermana. No estaremos a gusto hasta que sepamos qué pasó con ella. Ya sea que esté viva o muerta, la queremos con nosotros. Ojalá que sea viva, aunque sabemos que tal vez no sea así. Pero, sea lo que sea —insiste—, no vamos a quitar el dedo del renglón y la vamos a buscar hasta encontrarla”.
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