Juventino Jiménez, de 43 años, es un maestro indígena Ayuujk con discapacidad visual originario de Santa María Tlahuitoltepec, un pueblito situado en las faldas del cerro sagrado de Cempoaltépetl, una de las montañas más altas de Oaxaca.
Ahí, en “Tlahui”, como se refiere con cariño a su comunidad mixe, el maestro lleva 11 años formando parte del Centro de Formación Integral Ayuujk, junto a otras 25 personas indígenas, además de padres de familia.
En todo ese tiempo, Juventino, que también es presidente de la organización civil Punto Seis —en referencia al sistema Braille—, dice que en el centro han atendido a más de 300 personas de la comunidad y de múltiples rancherías de los alrededores, con diferentes tipos de discapacidad.
“Al centro vienen hombres, mujeres y niños con discapacidades que van de la psíquica, sensorial e intelectual, hasta otras como la visual. Y son en su mayoría campesinos de escasos recursos que cuidan ganado y que, incluso, se atreven a utilizar un arado para trabajar la tierra. Son compañeros y compañeras que forman parte de la comunidad, pero que, a veces, tienen temor a mostrarse porque no quieren ser señalados”, explica.
Por ello, uno de los talleres más populares que se imparte en el centro es el de fotografía, con el que se busca que las personas indígenas con discapacidad capturen y retraten su vida diaria. Por ejemplo, hay fotos de mujeres indígenas con discapacidad visual que hacen tortillas a mano o de mujeres con Síndrome de Down que trabajan en el campo y en su casa.
“Queremos que la gente vea todo lo que hacemos las personas indígenas con discapacidad —apunta el maestro—. Y queremos mostrarlo desde un enfoque muy distinto al de la lástima o el asistencialismo”.
Sin embargo, la operación del centro, que es la única alternativa a unas autoridades que no llegan a la comunidad o que lo hacen con dificultad, es cada vez más compleja: los recursos son escasos y cada vez más difíciles de conseguir, y ni siquiera la puesta en marcha de otros proyectos como una envasadora de mezcal artesanal ha sido suficiente para garantizar su operación.
Por ello, la beca de 2 mil 800 pesos bimestrales que ofrece el gobierno federal es prácticamente la única alternativa que les queda a muchas personas que asisten al centro. No obstante, el maestro Juventino dice que no todas la reciben, y que estas becas, que se limitan a la entrega de dinero, no sirven para capacitarse o acceder a un trabajo, educación o salud, ni para favorecer la plena inclusión en una sociedad que continúa discriminándolas.
“Yo creo que las pensiones de discapacidad son un acierto, algo que los anteriores gobiernos no hicieron”, opina. “Sin embargo, soy enfático al señalar que una beca no puede ser la única política nacional, pues existen muchos trayectos que recorrer para que todas las personas con discapacidad seamos escuchadas”.
FOTO: Punto Seis, AC
“Necesitamos políticas públicas más que una beca”
Entre 2019 y septiembre de 2021, la Secretaría de Bienestar, dependencia que tiene a su cargo la entrega y operación de las becas a personas con discapacidad, gastó 36 mil 800 millones de pesos, de los que algo más de 10 mil millones se ejercieron solo en el primer semestre de 2021.
Sin embargo, en esos tres años de operación el alcance de la beca fue corto. Y lo ha sido desde el planteamiento mismo del programa, que no es de carácter universal: en el país hay casi 21 millones de personas que tienen alguna discapacidad, de las cuales 6 millones 179 mil tienen discapacidad permanente, según datos del censo de población 2020 del INEGI. No obstante, tal como documentó Animal Político en un reportaje en septiembre de 2021, el programa social solo tenía como meta llegar a 1 millón de beneficiarios, es decir, apenas a 16% de ese universo.
Para 2023, el proyecto de presupuesto solicitó algo más de 24 mil millones de pesos, 14% al alza en comparación con este año, en términos reales. Pero, aun así, muchas personas con discapacidad continúan fuera de las ayudas.
Soralla Procopio López, mujer indígena mixe de 27 años con debilidad visual, lleva cuatro años sin éxito intentando acceder a la beca. Los Servidores de la Nación, que son los voluntarios de la Secretaría de Bienestar que van por las poblaciones analizando los casos y recibiendo la documentación, no consideran que forme parte del grupo al que va dirigido el apoyo, que son niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cero a 29 años, y personas de 30 años y hasta un día antes de cumplir 65 que habiten en municipios y localidades indígenas o afromexicanas, o en municipios con alto o muy alto grado de marginación.
“Como trabajo en una radio comunitaria, me dicen que cómo es posible que sea débil visual si puedo ocupar una computadora o puedo moverme. Ellos creen que una persona con discapacidad no puede hacer absolutamente nada”, critica la mujer, que denuncia que los servidores no reciben capacitación sobre los múltiples tipos de discapacidad que existen. “No saben qué es la discapacidad”.
Soralla ha recurrido a un abogado para tratar de conseguir que le den la ayuda por medio de un amparo ante un juez, aunque en entrevista lamenta que es demasiado el esfuerzo y el desgaste por una beca “que es mínima y que no te resuelve prácticamente nada”.
“Se necesitan políticas públicas que generen fuentes de empleo para las personas con discapacidad. Eso lo necesitamos mucho más que unos 2 mil 800 pesos cada dos meses que no te alcanzan para casi nada”, pide la mujer.
“Necesitamos que seamos tomados en cuenta. Porque, ¿quieres estudiar? Pues no puedes hacerlo porque tienes discapacidad y nadie te ayuda. ¿Quieres un trabajo digno? Tampoco puedes hacerlo porque tienes discapacidad”.
Y a todo esto, apunta Soralla, hay que sumarle la fuerte discriminación que continúa existiendo en contra de las personas con discapacidad, especialmente en los contextos rurales e indígenas.
“En la comunidad hay mucha discriminación. La discapacidad está muy mal vista, sobre todo por los propios familiares que tienen el estereotipo de que alguien con discapacidad es una persona ‘malita’ que no puede hacer nada, y que lo mejor es que no lo saquen de casa”, explica la mujer.
Carta a AMLO
Ante esta situación, Juventino dice que es imperativo que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen políticas públicas “transversales” que atiendan la discapacidad desde un enfoque que vaya mucho más allá que el médico o de salud. “Se necesita que sea atendido por las secretarías de Educación, de Bienestar, del Trabajo, de Salud… Es decir, se necesita una respuesta integral y transversal para tener garantizados todos los derechos de las personas con discapacidad”.
Para explicarle esto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el maestro indígena fue el pasado 14 de septiembre a Palacio Nacional a dejarle una carta, en la que si bien le reconoce el interés en tratar de apoyar a un grupo históricamente olvidado y discriminado, también le recuerda que continúan viviendo “una frustrante realidad” de “discriminación, exclusión, marginación, sumado a una educación que no tiene nada de incluyente”.
“En 2018 me sentí muy feliz, como si yo hubiera llegado a la presidencia, pues sentí que al fin llegaba ese momento donde las personas con discapacidad disfrutaríamos de la ‘cuarta transformación’”, expuso el maestro en su carta.
“Pero usted se olvidó de nosotros, nos anuló de sus políticas públicas medulares: educación, salud, trabajo y una verdadera inclusión social”, criticó, y dijo estar cansado de que desde la sociedad y los gobiernos se les vea “como enfermos que no servimos para nada”.
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