El gobierno federal presentó este lunes una nueva demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en Arizona, Estados Unidos, contra cinco tiendas de armas, como parte de su estrategia para detener el tráfico de armamento.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la demanda se alega que estas empresas “de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres (straw purchasers)”, así como de ventas dirigidas a traficantes de armas.
El gobierno argumenta que los vendedores no cumplen con el debido cuidado al que están obligados, causan daño previsible, usan publicidad engañosa y tendenciosa, venden armas que se modifican en armas automáticas, causan alteración al orden público y violan leyes estatales y federales, lo que causa un “daño mayúsculo en territorio mexicano”.
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Las fabricantes de armas son Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix); y Sprague’s Sports, Inc. (Yuma).
📄Gobierno de México presenta una segunda demanda para combatir el tráfico ilícito de armas.https://t.co/KrpeiGw0h2 pic.twitter.com/vW1yazs4YY
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 10, 2022
“El litigio forma parte de una estrategia multifacética del Gobierno de México para detener la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, sostuvo la SRE en un comunicado.
El gobierno mexicano argumenta que no se cuestiona el derecho a portar armas de los ciudadanos estadounidenses, ni el derecho de las tiendas a vender sus productos, sino que “involucra una causa común de ambos países cuyos ciudadanos sufren por las prácticas ilícitas de armas de fuego”.
El pasado 30 de septiembre, un juez federal de Estados Unidos desestimó la primera demanda que el gobierno de México había presentado en contra de fabricantes a las que acusaba de tener una conducta negligente que facilita el tráfico de sus productos hacia territorio y delincuentes mexicanos.
El juez de la Corte de Distrito con sede en Boston, Massachusetts, Dennis Saylor, consideró que las compañías demandadas están protegidas por las leyes estadounidenses.
A diferencia de la primera demanda, el gobierno mexicano sostiene que esta es la primera demanda civil presentada por un gobierno nacional contra vendedores de armas en Estados Unidos que abastecen el mercado criminal.
Además, sostiene que una sentencia favorable en este juicio respaldará la primera demanda presentada en Boston, ya que “comprobaría que las empresas fabricantes son negligentes por no monitorear ni disciplinar a los vendedores que comercian sus productos”.
La SRE informó que los abogados que encabezan la estrategia legal son Steve Shadowen de Shadowen PLLC en Austin, Texas, y Jonathan Lowy de Global Action on Gun Violence de Washington, D.C.
“El Gobierno de México confía que tanto la demanda en Boston contra fabricantes como la demanda en Arizona contra vendedores prosperarán en la arena judicial. Las acciones emprendidas por México ya contribuyeron a promover conversaciones y acciones en todo el mundo para detener el tráfico de armas, así como las peligrosas prácticas de la industria armamentística”, expuso la dependencia.
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