En las últimas semanas, dos casos que involucran a profesionales médicos se han tomado la contingencia noticiosa. Uno. médico general de Rancagua imputado por 4 delitos de abuso sexual entre los años 2016 y 2017, condenado a 6 años de presidio efectivo. El segundo, un reconocido médico oncólogo, quien fue formalizado por el delito de abuso sexual reiterado, con 35 testimonios y 2 acusaciones, cargos que aún se encuentran en investigación. Pero sorprendentemente, estos hechos no son para nada anecdóticos. Sin ir más lejos, en febrero del presente año el médico psiquiatra Daniel Fierro fue imputado por los delitos de abuso sexual contra 8 pacientes, y violación a una novena víctima en la localidad de Río Bueno, Región de los Ríos.
La violencia y el abuso en las instituciones son prácticas que responden a una formación jerárquica vertical, que puede verse en diferentes estructuras de poder, donde es común el humor sexista, la segregación horizontal, la participación relativamente baja de mujeres en posiciones de poder. Son pocos los datos estadísticos tanto en Chile como en el mundo que den cuenta de ello en ambientes de salud.
Pese a no disponer de una instancia formal para recibir denuncias, las unidades de Género del Colegio Médico, recogen información de diversos hechos que describen situaciones de violencias, desde el hostigamiento e invisibilización de las mujeres, hasta abiertamente acoso, abuso sexual y violación en la práctica asistencial. Destaca que estos casos abarcan transversalmente a diferentes especialidades, desde medicina general, cirugía hasta psiquiatría; todas ellas con escasas posibilidades de levantar procesos judiciales, por la dificultad de alcanzar el estándar de prueba establecido por la ley.
La postura del Colegio Médico ha sido trabajar en prevención con capacitación y sensibilización del tema, además de endurecer sus políticas internas con modificaciones al Código de Ética, la exclusión de la defensa legal de médicos involucrados en este tipo de casos y la creación de una unidad exclusivamente dedicada a la defensa de colegas víctimas de violencia de género, como parte del seguro legal FALMED, entre otras. Sin embargo, todas estas medidas parecen insuficientes, cuando recibimos denuncias reiteradas de profesionales que aprovechan instancias de vulnerabilidad, privacidad, relaciones asimétricas y desconocimiento del acto médico, con fines de abuso como los ya mencionados.
¿Qué nos queda por hacer? Cuestionar firmemente todo acto de violencia en ambientes que debieran ser seguros tanto para pacientes como funcionarias; fortalecer el mensaje de una relación médico-paciente basada en la información y el consentimiento; mayor difusión y mejor acceso a protocolos de acoso sexual en centros de salud; y, lo más importante, reincorporar al Colegio Médico la tuición ética que permita sancionar de manera categórica y entre pares, actos que atentan contra la vocación y labor profesional, teniendo la capacidad de sancionar en el ejercicio profesional, tanto público como privado, a quienes utilizan el delantal como mecanismo de manipulación hacia quienes acuden a centros de salud, con dolencias y pesares en búsqueda de soporte y ayuda profesional. Es necesario adoptar una política integral de abordaje de estas fuentes de violencia, que asegure establecimientos de salud libres de discriminación y acoso sexual.
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