En una audiencia, organizaciones civiles mexicanas expresaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones por la “militarización de la seguridad pública del país”; sin embargo, la embajadora Luz Elena Baños, representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), no respondió los cuestionamientos y se limitó a leer el mensaje que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La embajadora, en representación del Estado mexicano, dijo que ahora no se violan garantías fundamentales y ninguna corporación castrense comete actos de barbarie, como torturas, masacres o ajusticiamientos.
Dio algunas cifras de aseguramientos de droga y detenciones de supuestos integrantes de bandas delictivas, destacó mayores controles en aduanas para evitar tráfico de armas, drogas y personas, así como apoyos a los estados con más homicidios como Guanajuato, Baja California, Michoacán y Edomex y otras cifras de incidencia delictiva.
Tras esos datos, Luz Elena Baños respondió que tomaría nota de los señalamientos e inquietudes y los transmitiría al presidente para concluir su mensaje así:
“Finalmente, me permito transmitir el mensaje del presidente de la República: en el México de ahora y a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y de actuar como arietes del conservadurismo de México y de otros países del mundo“, señaló.
Luego de su intervención, el comisionado Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, pidió a la embajadora precisar a quién se refería, si a los integrantes de la comisión o a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas que solicitaron la audiencia y pidió al Estado no usar ese tipo de etiquetas.
El relator no obtuvo respuesta por parte de Luz Elena Baños.
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Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que “la estrategia de seguridad desplegada en 2006, basada en una fuerte participación de las fuerzas militares, no ha logrado su objetivo de reducir la violencia en forma sostenible, más bien ha provocado graves abusos contra los derechos humanos por elementos de las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad, la mayoría de los cuales permanecen impunes”.
Entre las organizaciones que participaron en la audiencia está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Intersecta Organización para la Igualdad, y Buscando Desaparecidos México (Buscame), entre otras.
Coincidieron en que la participación de las fuerzas armadas ha estado acompañada de constantes violaciones a las garantías fundamentales.
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