La situación de la Araucanía ya no da para más, se han diferido las medidas que los pueblos originarios esperan en su favor, en especial los mapuche que son los prioritarios, tanto por su masividad como por constituir el foco de los conflictos en la región.
Afortunadamente el Gobierno salió de su inacción y parece comenzar a realizar algunas acciones. La Ministra del Interior designó a José Montalva como Delegado Presidencial Regional de la Araucanía (DPRA), un título apabullante que se espera le permita realizar una labor muy difícil. Habría pensado más bien en designarlo como “interventor”.
Si efectivamente tiene el poder que se espera que ejerza, las tareas son muy complejas: la principal sería coordinar a una serie de instituciones estatales que tienen ingerencia en el tema y que en la actualidad actúan en forma independiente, con mucha autonomía. En ella deberá actuar con poder y ejercerlo. Además, se suma la coordinación con el sector privado tanto entidades gremiales como empresas. Para estos efectos, el DPRA debería actuar muy pronto, para establecer las prioridades que se fijarán con la aceptación de los intervinientes. Además, el grupo participante debería tener una reunión quincenal para ser informado de los avances realizados en el programa, recibir sugerencias y conocer el cumplimiento de los compromisos adoptados. Quien debiera convocar a los eventos debería ser el DPRA e informar al Gobierno de los avances y retrocesos. En una primera etapa, se debería concentrar en el tema mapuche, no solo por la situación conflictiva de la actualidad.
Otra tarea que es urgente es la modificación de la Ley Indígena N°19.253 que cumplió 29 años recientemente, bajo la responsabilidad de la CONADI, la cual ha intentado canalizar las demandas de los pueblos indígenas, con un éxito muy parcial y existe consenso que requiere de una reforma importante, en especial por los cambios experimentados en el país y la actividad que se le encargó. Esta labor le debiera corresponder también al DPRA en primera instancia y después acompañar al Gobierno en el trámite parlamentario.
Varias son las críticas recibidas a la ley:
+ La CONADI se ha preocupado de las demandas territoriales de los mapuches, en circunstancias que la gran mayoría vive en lugares urbanos y su interés básico no es recuperar las tierras ancestrales de sus antepasados.
+ Su labor se ha concentrado en la devolución de las tierras recuperadas por el Estado, descuidando dar a los nuevos propietarios otras asesorías o los recursos necesarios para la labor agropecuaria como capacitación técnica, maquinarias, semillas, comercialización de lo producido, destreza financiera y otros insumos.
+ En la actividad ha privilegiado su relación con las comunidades que se crean, similares a las juntas de vecinos, en vez de las costumbres indígenas acostumbradas a actuar como clanes familiares regidos por lonkos. Esta situación, de dejar fuera a los las autoridades ancestrales impide a los mapuches recibir otros derechos de importancia cultural como su cosmovisión, el lenguaje que se está perdiendo, el folklore, la orfebrería, las ceremonias religiosas, la medicina mapuche y otros componentes de su historia como pueblo originario.
+ Está pendiente el acceso de los mapuches urbanos al derecho a la tierra o si debe manifestarse en otros aspectos no agrarios.
+ El actuar dentro de una comunidad establecida incomoda a los mapuches y su tradición de vivir en su entorno familiar o individual, ha generado su disolución parcial por la vía de arriendos, abandono de la propiedad, traslado a lugares urbanos o pobreza. Se objeta que se fomenta un colectivismo impropio de los mapuches.
+ El proceso de identificación de los demandantes de tierras ancestrales ha resultado muy complejo y burocrático.
+ Escasa intervención en la promoción de la educación de los niños y jóvenes.
En definitiva, una política que busque resolver la incorporación del pueblo mapuche a Chile supera con creces lo que pueden realizar la CONADI y ley actual.
Si bien la designación del DPRA es un hecho positivo, el éxito de su compleja labor necesitará de varias condiciones:
Demostrar que se le entregó el poder de resolver los problemas de La Araucanía y puede hacer uso de él.
Hacerse cargo de la dirección de la CONADI.
Iniciar el proceso de la reforma de la ley Indígena.
Lograr una adecuada coordinación con los Gobernadores regionales de la Araucanía.
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