‘Sandra’ ha estado privada de la libertad desde hace ocho años. Está acusada de secuestro y hace unos meses fue trasladada de un penal estatal en Sonora al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, en Coatlán del Río, Morelos. Su familia supo que ya no estaba en Sonora hasta tres días después del traslado, cuando la mujer logró comunicarse y avisar lo que había pasado.
El viaje, denuncia su hermana ‘Yazmín’, fue brutal. Le pegaron, la humillaron, le robaron el poco dinero que tenía y no le dieron ni agua ni comida. Cuando llegó a Morelos, Sandra pensó que lo peor había pasado, pero apenas empezaba.
“Es inhumano cómo las tratan, es un infierno”, dice ‘Yazmín’. Tanto a ella como a su hermana se les cambió el nombre para resguardar su identidad.
Desde que ingresó al penal federal en Morelos, ‘Sandra’ no ha recibido el medicamento que requiere para sus padecimientos, pues las autoridades del lugar afirman que no hay dinero. Ante esta situación, su familia les ha hecho saber que ellos pueden comprar los medicamentos y llevarlos, pero la respuesta sigue siendo negativa.
A las internas les han dado comida echada a perder y con gusanos. Incluso, en septiembre, varias de ellas resultaron intoxicadas, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación.
“Se observará que se abastezca, dote y suministre de manera oportuna y sin dilación los medicamentos e insumos de higiene que requieran las pacientes y que los alimentos y las dietas nutricionales que se designen sean las adecuadas a fin de restablecer su estado de salud. A la par se realizan investigaciones por los presuntos hechos ocurridos en agravio de diversas mujeres privadas de la libertad en ese Cefereso, cuyos resultados se darán a conocer en su momento”, informó la CNDH en un comunicado el 1 de octubre.
Otra denuncia de ‘Yazmín’, a nombre de al menos una veintena de familiares, tiene que ver con el robo de los recursos que les envían a las reclusas.
Contó que al Cefereso 16 no se puede ingresar ni productos de higiene ni ningún tipo de alimento, así que, para que las mujeres puedan tener shampoo, papel de baño, toallas sanitarias y demás productos —que el penal no entrega gratuitamente—, los familiares deben hacer, a través de Telégrafos, una transferencia mensual de hasta mil 500 pesos al área de trabajo social para que esta entregue los insumos a las reclusas.
A ‘Sandra’ no le han dado absolutamente nada.
“Mi hermana no tiene shampoo, no tiene jabón para bañarse (…) Ella sabe cortar cabello y así le han dado (las otras internas) un rollo de papel, una toalla (sanitaria), pero nada más. ¿Dónde está ese dinero que les mandamos?”, cuestionó.
Esa misma área de trabajo social del Cefereso 16, denunció, dejó de contestar las llamadas cuando ha buscado la forma de hacerle llegar a su hermana el medicamento que necesita.
‘Yazmín’ compartió que en las últimas semanas, en coordinación con familiares de otras reclusas, ha buscado opciones para que sus denuncias sean escuchadas.
Las familias han pensado hacer un plantón afuera del Cefereso e, incluso, acudir al Zócalo de la CDMX para exigir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, no lo han podido concretar porque todos los familiares tienen miedo de que esto signifique represalias y más maltrato contra sus familiares.
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“Es la consecuencia de tener privatizadas las cárceles”
Para denunciar las condiciones en las que se encuentran las mujeres, organizaciones y la representación legal de la defensora de derechos humanos Kenia Hernández —quien también está en el penal federal de Morelos— realizaron una conferencia de prensa para denunciar las condiciones en las que viven.
Ángela Guerrero, coordinadora general de CEA Justicia Social, explicó que el Cefereso 16 tiene un tema grave de comunicación porque a las internas se les ponen obstáculos para hablar con su familia y abogados; también tiene importantes problemas de higiene y no cuenta con las condiciones mínimas de salud porque, a pesar de ser un penal para puras mujeres, no hay una ginecóloga aun cuando está establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“Lo que observamos dentro del único centro federal para mujeres es una condición de aislamiento absoluto, es la consecuencia de tener privatizadas las cárceles en este país y que no responde a una necesidad puntual del sistema penal en el sistema de justicia, sino responde a una dinámica de negocios”, reclamó Guerrero.
Además, señaló que en este centro penitenciario ha aumentado la población de manera abrupta en los últimos años, específicamente este 2022, con todos los traslados que se están realizando.
Hasta el 22 de octubre, en el Cefereso 16 se encontraban privadas de la libertad mil 138 mujeres. De ellas, 15 son madres que viven con sus hijos menores en el centro.
En 2010, el entonces presidente Felipe Calderón anunció la construcción de las primeras cárceles privadas del país, las cuales operarían bajo el esquema de Asociación Público Privada, lo que daba oportunidad de que particulares se hicieran cargo de la construcción, el mantenimiento y el funcionamiento de esas prisiones.
Actualmente hay 18 centros penitenciarios federales —solo uno de mujeres, el de Morelos— que tienen una población total de 18 mil 685 personas.
Hay importantes diferencias para entrar a un centro penitenciario federal y a uno local, porque la cantidad de requisitos que se deben cubrir son excesivos y esto inhibe que los familiares vayan a visitar a las reclusas.
Para visitar a Kenia Hernández, afirmó su defensa, han tenido que sortear hasta 13 filtros de seguridad.
“Si de por sí siete de cada 10 mujeres en este país son abandonadas en los centros penitenciarios, en el Cefereso 16 están destinadas a que básicamente nadie las pueda llegar a visitar a menos que emprendan estas batallas legales y burocráticas, que es lo que estamos observando”.
“Regrésenla cerca de nosotros”
Luego de enterarse de que su hermana había sido trasladaba a Morelos, ‘Yazmín’ y su familia juntaron dinero para que ella pudiera ir a verla y confirmar que estaba bien.
“Fue muy complicado, mis hermanos, mis padres me apoyaron juntando un dinerito y me dijeron ‘vamos a comprar el vuelo de ida y regreso, vamos a ayudarte a solventar los gastos allá’… yo tuve que pedir permiso en mi trabajo, falté tres días (…) Me gasté alrededor de unos 8 mil pesos entre vuelo, la comida, el hotel, o sea, para uno que es de bajos recursos, 8 mil pesos es mucho dinero”, dijo.
Que sus padres, quienes ya son personas mayores y sin recursos económicos, visiten a ‘Sandra’ con regularidad como lo hacían en Sonora resulta imposible.
“Espero que en mi trabajo me den aguinaldo y con eso, y con lo que logre juntar con el apoyo de mis amigos y de mis hermanos, pues quiero ir para el 31 de diciembre, si Dios me lo permite”, confió.
Kenia Hernández, hoy de 33 años y con dos hijos, pasa por lo mismo: recibe poca visita familiar porque no hay recursos para que sus familiares vayan a Morelos.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de las prisiones privadas en México que realizaron Documenta y México Evalúa, el 91% de los familiares vive en una entidad federativa distinta a donde se ubica el centro penitenciario federal donde sus familiares están privados de su libertad, y la distancia promedio entre los hogares y el centro penitenciario es de mil 557 kilómetros.
“No me voy a cansar hasta que me den una solución (…) Ahora sí que todos estamos luchando para que a todas las chicas que fueron trasladadas las regresen cerca de sus familiares, pero sobre todo que regresen a mi hermana cerca de nosotros”, concluyó ‘Yazmín’.
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