El limbo en el que permanecen los hijos de Patricia Paniagua tras su desaparición hace dos años y medio ha llevado a su familia y abogados no solo a pedir la reposición de la investigación del delito, luego de que el imputado —padre de dos de sus hijos— fue absuelto, sino también a reclamar la omisión del Congreso de Michoacán para aprobar la ley local de declaración especial de ausencia.
Patricia desapareció el 31 de mayo de 2020 saliendo de su trabajo en el municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, en los límites con Guanajuato. Tenía entonces 26 años. El último registro que hay de ella, recuerda su hermana Yessica, es en las cámaras de vigilancia de locales cercanos. Días después, la única comunicación que existió fueron mensajes enviados al celular de Yessica, cuya autenticidad ella pone en duda.
Su familia no supo más de Paty hasta 15 días después, cuando su expareja y único sospechoso de la desaparición fue detenido. Tras varios meses, comenzó el proceso de juicio. En enero de 2021, “por el mal trabajo de la fiscalía, el tipo salió libre”, relata Yessica. Esto derivó en que la mamá de Paty y sus nietos se trasladaran durante un tiempo a un refugio. Ahora, una apelación a la sentencia está en curso.
Además, la guarda y custodia de los hijos de Patricia está en el limbo ante la falta de una declaración especial de ausencia, que permitiría darle certeza jurídica a sus hijos, definir claramente la tutela en favor de la familia de ella y que ellos tuvieran acceso a cualquier beneficio que pudiera existir en su nombre.
El pasado 20 de octubre, un juez federal en Michoacán admitió a trámite una demanda de amparo contra el Congreso local por la omisión de emitir la Ley sobre Declaración Especial de Ausencia de personas desaparecidas, promovida por los abogados de Patricia, que también llevan el caso de apelación de la sentencia que absolvió a su expareja.
La defensa de la familia subraya que desde el 17 de noviembre de 2017, cuando se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Congreso federal y los estatales están obligados a legislar en materia de declaración especial de ausencia. Tenían un plazo de 180 días.
A pesar de que el 24 de febrero pasado se presentó una iniciativa para crear esta ley en Michoacán, las comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y Protección Civil y de Gobernación no han emitido el dictamen correspondiente en el plazo que tenían de 90 días para su votación en el pleno, por lo cual el proceso legislativo está paralizado.
Ignacio Mendoza Oropeza, abogado de la familia, explica que, en términos generales, la diferencia en el caso de Paty sería que sus hijos tendrían la certeza jurídica de que van a estar con su familia materna, lo que se traduciría también en beneficios educativos y derechos, como acceso a servicios de psicología especializados, pues hasta ahora no hay quien los represente.
Quien podría hacerlo en este momento, aunque práctica y materialmente no está haciendo nada para representarlos, es su papá —quien es padre biológico de dos, pero reconoció a los tres—, imputado y absuelto por la desaparición. Independientemente del conflicto moral o social que pudiera representar dárselos, señala Mendoza Oropeza, él tampoco está actuando para reclamar su guarda y custodia.
Los hijos de Paty no podrían acceder en este momento a cualquier beneficio social que ella pudiera tener o hubiera tenido. De acuerdo con la Ley General en la materia, la declaración especial de ausencia puede solicitarse a partir de los tres meses de presentada una denuncia o reporte de desaparición, o bien, una queja ante organismos de Derechos Humanos, y las leyes de la Federación y de las entidades federativas deben establecer el procedimiento para hacerlo.
Mediante ella, se puede garantizar la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años, fijar derechos de guarda y custodia, proteger el patrimonio de la persona desaparecida, fijar forma y plazos para que las familias puedan acceder al patrimonio de las personas desaparecidas, continuar gozando de regímenes de seguridad social, y suspender de forma provisional actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos, entre otras acciones.
El artículo 148 de la misma ley especifica que, aun cuando los familiares o representantes legales hayan solicitado la declaración especial de ausencia, la Comisión Nacional de Búsqueda debe continuar con la búsqueda, y las fiscalías especializadas con la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.
Mendoza Oropeza subraya que los legisladores locales están obligados, a final de cuentas, porque son quienes brindan las herramientas para garantizar justicia. En cambio, les tienen en el limbo porque la regulación secundaria no es clara o no existe en Michoacán, lo que impacta en diversas problemáticas, desde las más cotidianas hasta las más complejas.
“Tanto yo como mi familia, mi mamá y los niños hemos estado corriendo peligro ya que él está libre. Aparte de que ganamos la apelación, él debería estar otra vez en prisión preventiva y hasta ahora no nos han solucionado nada; ni siquiera nos han brindado protección”, acusa Yessica.
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Sin haber encontrado justicia, buscan reposición del proceso penal
Además del amparo para señalar la omisión del Congreso, el 20 de julio pasado el juez cuarto de distrito en el estado emitió sentencia en el juicio de amparo indirecto 536/2022, que promovieron las víctimas indirectas de la desaparición de Patricia ante la falta de seguimiento en la carpeta de investigación que abrió la fiscalía especializada en desaparición.
Dentro de los aspectos que reclamó la defensa de Patricia, se incorporó el hecho de que, a más de dos años de su desaparición, la fiscalía local no la ha buscado en los lugares en los que la investigación había arrojado que se cruzaban las líneas telefónicas de la víctima y de José “N”, el presunto responsable.
Según el análisis del juzgado, la fiscalía “no justificó que hayan empleado hasta el máximo de los recursos de los que disponen para lograr ubicar el paradero de la víctima, así como la restitución con vida a su núcleo familiar”. Además, afirma que no han sido cumplidos los objetivos de esclarecer la verdad y determinar el paradero de la persona desaparecida.
Aunado a esto, la fiscalía ha sido omisa en reconocerles la calidad de víctimas indirectas a Yessica Paniagua, su hermana, y a los hijos menores de Paty, además de omitir brindarles las medidas de protección y asistencia que les corresponden de acuerdo con la Ley General de Víctimas.
El juez ordenó que el fiscal estatal, la fiscal especializada y el Ministerio Público realicen todas las acciones de búsqueda o se determinen los hechos para ejercer acción penal contra el responsable de su desaparición. Del mismo modo, es necesario que a los familiares se le reconozcan sus derechos como víctimas indirectas. La reposición del proceso penal permanece pendiente.
Yessica señala que no existe claridad sobre lo que sucedió por la falta de resultados de la fiscalía, en particular para investigar las pistas sobre el último paradero de Patricia. “La única respuesta que hemos tenido de los amparos ha sido una donde el juez dice que el trabajo de la fiscalía estuvo muy mal”, añade.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por la defensa de Paty, la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición de Michoacán informó que cuenta con 36 carpetas judicializadas por dichos delitos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en esa entidad aún se desconoce el paradero de 4 mil 722 personas hasta el cierre de esta publicación.
Yessica recuerda la cercanía que tenía con su hermana, a quien acompañaba en su vida cotidiana y mediante la cual pudo conocer la violencia de su expareja: “Sé bien que ella pasaba por mucha violencia, y realmente era una persona muy amable a pesar de eso; era muy cariñosa con sus hijos y los quería mucho. De hecho, pienso que, si aguantaba todo ese sufrimiento, era más por ellos y por las amenazas que le hacía”.
Antes habían ocurrido ya varias separaciones entre ellos. Patricia había sido muy valiente, remarca su hermana. La última vez, sin embargo, la recuerda temblando de miedo. Yessica la percibía muy cansada de la situación, y está segura de que había tomado la decisión definitiva de no estar más con él. Habían pasado más o menos seis meses desde esa determinación cuando ella desapareció.
“Todos hemos cambiado bastante nuestra forma de vivir, principalmente en no vivir libres, tener que estar cuidándonos en todo momento… No es como que podamos vivir normal, y lo que más me molesta y me lastima es que con los niños es algo muy triste, porque no pueden salir a menos de que salgamos todos juntos. Corren mucho peligro con su papá, más aparte el dolor de no tener a su mamá y todo el miedo que les genera”, lamenta Yessica.
Ahora, solo espera que se haga una mejor investigación, porque considera que hay muchas fuentes de las cuales aún se podría obtener información más detallada. Desde su perspectiva, ni siquiera hubo pesquisas de la fiscalía, que solo se guió por lo que pudo averiguar la familia. “Uno quisiera que hicieran bien su trabajo y nos dieran respuestas después de todo este tiempo”, concluye.
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