Los equipos conocidos como Critical Incident Teams —ahora presuntamente desaparecidos— fueron uno de los factores clave en el encubrimiento de la responsabilidad de agentes de la Patrulla Fronteriza en casos de abuso de la fuerza, como el asesinato del migrante Anastasio Hernández a manos de ese cuerpo policial, sostiene Jenn Budd, exagente del organismo y una de las fuentes en el caso.
El caso de Hernández es el primero relacionado con abuso de la fuerza de elementos de la Patrulla Fronteriza en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de 12 años de búsqueda de justicia por parte de su familia. Anastasio fue detenido y agredido por agentes de esa institución cuando regresaba a su lugar de residencia en San Diego, EU, el 28 de mayo de 2010.
Budd —que, luego de escribir un libro sobre su experiencia en la Patrulla Fronteriza, se convirtió en activista por las personas migrantes— explica que, más que desaparecer, mediante un movimiento burocrático quienes pertenecían a los Critical Incident Teams fueron separados de la Patrulla Fronteriza para ser incorporados a la plantilla laboral de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), lo que solo los legitima, lejos de que se reconozcan las consecuencias de su labor de encubrimiento.
En entrevista, la exagente recuerda que los Critical Incident Teams no surgieron de la Casa Blanca, sino en San Diego, por parte del jefe de ese sector específico de la Patrulla Fronteriza. Él comenzó a hacer estas tareas secretamente en 1987, y los llamó Critical Incident Teams para supuestamente responder a asuntos de uso de la fuerza. Así, comenzaron a intervenir cada vez que se registraba algún incidente.
Para Budd, en su país el “sistema de justicia” para los migrantes no es el mismo que para todo lo demás. Por eso, la conciencia de que los agentes de la Patrulla Fronteriza no conocen a fondo la Constitución o los criterios de derechos humanos en EU ha derivado en evitar que agencias externas investiguen los posibles crímenes tras una situación de uso de la fuerza; en cambio, se ha procurado que el organismo lo haga internamente para evitar meterse en problemas.
Lo que el jefe en San Diego pensó fue que si creaba un equipo que excluyera a cualquier ente externo, diciendo que se trataba de una unidad para facilitar a otras instancias la comunicación con los agentes y el acceso a evidencia, lo que realmente sucedería es que ellos serían los primeros en la escena, decidirían qué era prueba y qué no, y le darían la materia prima a los organismos encargados de investigar.
“Así fue como empezaron a decidir qué evidencia se guardaba y cuál no, e incluso en casos como el de José Antonio Elena en Nogales, en el que los agentes dispararon desde Estados Unidos hacia México, ellos encaminaron a la policía estatal mexicana en Sonora sobre cómo querían que hicieran la investigación; así la controlaban. En cualquier cuerpo que investiga crímenes violentos en Estados Unidos, se sabe que los casos se sostienen en la adecuada recolección y clasificación de la evidencia. En el caso de José Antonio, tenían mucha evidencia contra el agente, pero se las ingeniaron para reunirla de manera incorrecta según la ley estadounidense en la materia, para que el jurado no pudiera llegar a una decisión unánime”, explica Budd.
José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, fue asesinado el 10 de octubre de 2012, después de presuntamente aventar piedras de México a EU sobre la división fronteriza de Arizona. Los agentes de la CBP le dispararon 10 veces por la espalda. Lonnie Ray Swartz, quien lo mató, fue acusado por asesinato en segundo grado, pero más tarde, encontrado no culpable y absuelto. Pese a sus alegatos, testigos declararon que el joven solo caminaba por la calle.
La imputación del agente fue la primera en la historia de EU por un tiroteo en la frontera. Aunque un juez de distrito en Tucson determinó que, a pesar de que José Antonio estaba en territorio mexicano, tenía derecho a la protección de la Cuarta Enmienda, en 2020 la Suprema Corte regresó el caso a una corte de apelación en California, con base en una determinación previa sobre la imposibilidad de las víctimas mexicanas de denunciar en cortes estadounidenses.
Secrecía y reconocimiento de la verdad
La Patrulla Fronteriza anunció en mayo pasado que eliminaría los Critical Incident Teams, tras el conocimiento del Congreso estadounidense sobre su existencia y las críticas que recibieron por su secrecía en los incidentes con personas muertas o heridas que involucraban a agentes. La propia corporación definía a esos equipos como aquellos que conducían investigaciones para “mitigación de responsabilidad civil”.
Budd apunta que no solo el Congreso desconocía su existencia, sino que incluso agentes que estuvieron durante años en la Patrulla Fronteriza no conocían a esos equipos. Dependiendo de la posición que ocuparan, podían ver y entender cómo funcionaban. “Honestamente, cuando yo era una agente, entendía lo que era, pero nunca se me habría ocurrido lo que pasó en el caso de Anastasio”, confiesa.
“Más de 12 agentes estaban alrededor de él, golpeándolo hasta la muerte; nunca había visto algo así. Había cuatro supervisores ahí, nadie les dijo que pararan de golpearlo, y después grabaron todo el hecho y lo encubrieron totalmente. Pero su actitud siempre, incluso en la audiencia, es: ‘¿Y qué?, ¿qué quieren que hagamos? Le dimos dinero a la familia’. Esa es la actitud: ‘Si hicimos algo mal, te pagamos y seguimos adelante’”, lamenta Budd.
Subraya que la administración de Joe Biden tiene la oportunidad de buscar la verdad y la reconciliación, y eso quizá no signifique deshacerse de la Patrulla Fronteriza, pero podría empezar con un reconocimiento de lo que ese cuerpo policiaco empezó a hacer desde los 80, que fueron acciones ilegales, y que es necesario decir la verdad y presentar todos los archivos admitiendo “esto es lo que hicieron”.
Eso sería el principio para revertir lo que ha pasado hasta ahora: “Las cosas más básicas, como decirnos ‘Si matas a un migrante, solo di que trataron de aventarte una piedra’. Así es como literalmente nos entrenaban en la Patrulla Fronteriza. Por supuesto, no lo dicen en la academia. Lo dicen una vez que te gradúas y estás en el campo como área de prueba: ‘Si te involucras en un tiroteo, solo di que trataron de lanzarte una piedra’. Porque esa es la manera en la que se han salido con la suya una y otra vez”.
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“¿Cómo te atreves…?”
Años después de su renuncia a la Patrulla Fronteriza, Budd revisó por completo el caso de Anastasio y fue la agente que accedió a decir la verdad sobre los Critical Incident Teams. Esa ha sido su principal aportación al caso, porque durante mucho tiempo una de las incertidumbres más grandes de su viuda, María Puga, ha sido no saber por qué lo mataron.
La exagente está convencida de que la razón por la que fue golpeado hasta la muerte fue, sencillamente, haber desafiado la autoridad del organismo. Desde los primeros testimonios hasta la denuncia formulada por sus abogadas, así como en entrevistas con los agentes, se deja ver que ellos creían que Anastasio no actuaba “apropiadamente para ser un migrante”; no era como el resto, tenía una actitud diferente.
En su caso, existen testimonios y documentación de que su comportamiento no era violento ni agredió a los agentes. Pero hablaba mucho, dice Budd, porque lo habían lastimado y quería que lo llevaran al doctor. En la mentalidad de los funcionarios, que ella misma describe siendo agente en su libro, la pregunta era: “Cómo te atreves a cuestionarnos, quién crees que eres”.
“Él dice ‘Conozco mis derechos: me lastimaron el tobillo, tengo una cirugía previa, necesito ir al doctor’. Esa es la razón. Él tuvo el valor de exigir sus derechos y pedir ver a un médico. No era violento, no levantó el puño, no hizo otra cosa que exigir sus derechos, y no iba a tolerar más. Para esa noche, había tenido suficiente. Incluso en el audio puede escucharse que dice: ‘¿Qué van a hacer, matarme?’”, relata Budd.
En parte, una de las razones por la que su caso llegó a la CIDH, considera, es por toda la evidencia que recabó la policía de San Diego, y la buena documentación que hicieron sobre el papel de los Critical Incident Teams. Budd sostiene que de esa manera ha apoyado a la familia, pero mantiene su distancia mientras no la necesiten, porque sabe que para las víctimas ella sigue siendo una exagente.
Admite su poco optimismo respecto de que un fallo de la CIDH en contra del gobierno estadounidense y a favor de la familia de Anastasio pueda hacer la diferencia. Al menos, si EU continúa por el camino que ha seguido hasta ahora. Para ella, la administración Biden se ha demostrado capaz de hacer muchas promesas en torno a los migrantes, de las que, sin embargo, no se ha visto evidencia. Una de las pruebas es la continuidad del Título 42.
Contra el muro
En su libro Contra el muro, Budd afirma que “lo que sucede en la Patrulla Fronteriza se queda en la patrulla fronteriza”, al recapitular su experiencia como agente entre 1995 y 2001. En entrevista, cuando se le pregunta si cree que hasta hoy sigue siendo así, responde que hay algunas personas hablando y sacando a la luz pequeñas partes de los secretos y el encubrimiento, pero casi siempre, quienes pertenecieron a esa corporación llegan a decir la verdad solo cuando sienten que están personalmente en peligro.
En cambio, muchos exagentes se retiran y no vuelven a hablar por vergüenza. Lo más difícil, asegura Budd, es verse a sí mismos y reconocer: “Sí, yo hice eso”. Muchos creen que el trabajo es emocionalmente duro y difícil de manejar, pero no necesariamente lo ven como algo malo. La exagente sostiene que las prácticas de reclutamiento son discrecionales, y el nivel educativo, bajo. Otros ni siquiera saben por lo que están pasando, especialmente las mujeres.
Después de los atentados del 9/11, lejos de reconocer los abusos de la Patrulla Fronteriza, solo se incrementó cada vez más su presupuesto y poder. Antes, ejemplifica Budd, no se podía perseguir a alguien en un vehículo si conducían de forma peligrosa. Ahora, se hace bajo la justificación de la seguridad nacional. El incremento de la migración, pero también del poder del organismo, ha derivado en más tiroteos, asesinatos y corrupción al interior.
De acuerdo con la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, que agrupa organizaciones de California a Texas, desde 2010 más de 245 incidentes fatales involucran a la Patrulla Fronteriza, cuyas intervenciones crecieron 33% en el último año fiscal. Los agentes de la CBP tienen cinco veces mayor probabilidad de ser arrestados que cualquier otro cuerpo policiaco, principalmente por corrupción, violencia sexual, violencia agravada, violencia doméstica y crímenes sexuales hacia menores de edad.
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En Contra el muro, Budd también documenta la cultura de la violación sexual al interior de la dependencia. La única diferencia entre ella y otros agentes, dice, es haber tenido la disposición de sentarse, abrir su mente y escuchar a aquellas personas que han sido lastimadas por la Patrulla Fronteriza, en lugar de reaccionar a la defensiva ante las acusaciones de quienes les ven como la “pinche migra”. Los agentes, precisa, son seres humanos, pero hay que tener cuidado de no mirarles con compasión.
“Aceptar responsabilidad por mis acciones, por la persona en la que me había convertido, tirar esos muros y volverme vulnerable, encarar mis errores y a aquellos a quienes había lastimado fue y sigue siendo más difícil que cualquier cosa que haya enfrentado jamás. También es el trabajo más significativo y gratificante que haya hecho”, confiesa en su libro.
—¿Has hecho las paces con lo que pasó?
—Depende del día. Hay días en los que me veo a mí misma en ese uniforme y no puedo creer lo que hice. Otros días es lo mejor que me ha pasado, haber sido la “pinche migra”, haber tenido un intento de suicidio… Ha sido lo mejor del mundo; mira toda la gente que puedo conocer y las historias que puedo contar, y he reencontrado a la persona que yo creía ser.
“Alguien me preguntó para quién escribí el libro, para activistas, para migrantes… Creo que lo escribí para las personas blancas que todavía no entienden. He llegado a este punto en el que me doy cuenta de que yo migré más de 4 mil kilómetros dentro de los Estados Unidos para tener un mejor trabajo y una mejor vida. ¿De qué manera eso me hace diferente, solo porque alguien dijo que era legal que yo cruzara esa frontera en aquel tiempo?”, cuestiona.
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