Una vez que las cámaras del Congreso prácticamente concluyeron la aprobación de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, actores públicos que se oponen al paquete de cambios alistan recursos jurídicos para impugnarlo.
La noche de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó los dos dictámenes de la reforma que horas antes le había enviado el Senado.
El correspondiente a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Adminsitrativas quedó completamente avalado y fue enviado al gobierno para que lo promulgue. Al otro, referente a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, del Poder Judicial y de Medios de Impugnación, se le hicieron modificaciones y por ello fue devuelto al Senado. El ajuste fue que se retiró que partidos aliados puedan repartirse votos.
Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como partidos de oposición han anunciado que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de justicia de la nación (SCJN), pues consideran que lo aprobado por la mayoría de los diputados y senadores es contrario a la Constitución.
Este miércoles 14 de diciembre, previo a que la reforma se discutiera en el Senado, los consejeros del INE dieron una conferencia de prensa en la que dijeron que analizan qué recursos usar y, en particular, la posibilidad de presentar una acción bajo el argumento de que la propuesta presidencial incluye medidas que impiden al organismo cumplir con su función constitucional de organizar elecciones.
“De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas como lo mandata la Constitución”, dijo en su intervención el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Por separado, legisladores de oposición han insistido en que presentarán acciones de inconstitucionalidad porque consideran que la reforma del presidente viola la Carta Magna, por ejemplo, en lo relativo a la autonomía del INE.
Desde el Congreso, diputados y senadores de oposición podrían presentar una acción si reúnen un tercio de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras.
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En cualquiera de los dos casos, tanto el INE como la oposición tendrían un plazo de 30 días para presentar sus respectivas acciones después de que se publique la reforma electoral. La SCJN entonces recibiría los recursos y tendría que determinar con qué velocidad los analiza y resuelve.
Dentro del pleno de la SCJN, se requiere una mayoría calificada de ocho de 11 ministras y ministros para que una ley sea invalidada y declarada como inconstitucional.
Legisladores de oposición dijeron esta semana en entrevistas que otros posibles recursos legales contra la reforma electoral son controversias constitucionales que presenten los estados, si consideran que se invaden sus competencias, y amparos de las y los trabajadores del INE que vean una afectación a sus derechos si pierden sus empleos por causa de la reforma.
Desde el INE, las y los consejeros también señalaron ese escenario y dijeron que respaldarán a sus funcionarios que decidan actuar legalmente.
“Seremos empáticos con las acciones que las trabajadoras y los trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales”, señaló Córdova ayer ante periodistas.
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