Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dirigen nueve de cada 10 coordinaciones estatales y la comandancia de la Guardia Nacional, puestos clave en la estructura organizacional de la principal institución encargada de la seguridad pública en el país.
Así lo refieren datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el que se señala que, al cierre de 2021, de las 33 personas titulares de la comandancia y de las coordinaciones estatales, el 87.9% eran provenientes del Ejército.
Sobre el 12.1% restante, el Inegi indicó que estos puestos son ocupados por elementos de la Marina, por lo que la totalidad de estos cargos se encuentra en manos de militares.
Esto ocurre a pesar de que la Constitución y la propia Ley de la Guardia Nacional establecen que esta es una institución “de carácter civil, disciplinada y profesional”.
De acuerdo con la ley, al comandante de la Guardia Nacional le corresponde ejercer el mando operativo de toda la institución, administrar los recursos que se aporten para su operación y funcionamiento, así como proponer los nombramientos y las remociones de los titulares de las coordinaciones territoriales y estatales y de las unidades especiales, entre otras funciones.
El origen de los mandos de la Guardia Nacional es otro rasgo de lo que organismos internacionales, activistas, organizaciones y académicos ven como la militarización de la seguridad pública en México, que comenzó desde 2006.
A esto se suma que, tan solo en septiembre pasado, el Inegi reportó que una de cada cuatro instituciones de seguridad pública estatal tenía un mando militar.
Aumenta el número de quejas y sanciones
Otro aspecto analizado por el Inegi tiene que ver con las quejas interpuestas por ciudadanos en contra elementos de la Guardia Nacional: de 2020 a 2021 aumentaron un mil 369.5%, al pasar de 108 a mil 587.
En paralelo, los censos de ambos años señalan que el número de elementos sancionados con alguna medida o correctivo disciplinario por diversas irregularidades cometidas también aumentó, al pasar de 600 guardias sancionados a 7 mil 586.
“El arresto fue la principal sanción impuesta a las y los servidores públicos al concentrar 65.8%”, lo que representa 4 mil 990 arrestos, indicó el Inegi en un comunicado.
También fueron impuestas mil 380 amonestaciones, mil 200 restricciones, 10 suspensiones del empleo, cargo o comisión, cuatro cambios de adscripción y otras dos sanciones no detalladas.
El único número que sí disminuyó fue el de denuncias interpuestas por ciudadanos en contra de guardias nacionales derivadas de la comisión de algún presunto delito en el ejercicio de sus funciones; esta cifra fue de 18 personas, cuando el año pasado fueron 19.
Mínimo ingreso de nuevos reclutas
Desde su conferencia de prensa del 2 de enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los jóvenes de todo el país para formar parte de la Guardia Nacional. Señaló que esos nuevos reclutas “van a tener la misión de cuidar a los ciudadanos, de cuidarnos a todos, de darnos seguridad, y es un trabajo muy digno, honroso”.
“Por eso, hacemos esta convocatoria a todos los que quieran pertenecer a esta Guardia Nacional, formarse para proteger a los ciudadanos, garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, respetar derechos humanos, no actuar con prepotencia, ser muy fraternos, tener autoridad, y al mismo tiempo no actuar con prepotencia sino con respeto a los derechos de las personas”, dijo el mandatario.
Pese a la convocatoria del presidente, datos del Inegi señalan que durante 2021 solo 754 civiles (386 hombres y 368 mujeres) se unieron a la Guardia Nacional como nuevos reclutas, quienes representan apenas el 0.7% de todo el personal de la institución.
En contraste, el Inegi indicó que, respecto de la adscripción o asignación de personal por institución, el 60.5% del personal correspondió a la Sedena, 22.1% a la extinta Policía Federal y el 16.7% restante a la Marina.
“Además, según la función desempeñada, el 92.3% del personal realizó funciones operativas, 4.8% de servicios y 2.9% llevó a cabo tareas administrativas”, expuso el instituto.
Lo anterior ha sido criticado por diversos especialistas en seguridad pública, como David Saucedo, quien en una entrevista previa señaló que el verdadero problema no está solo en el hecho de que sean militares quienes encabecen las tareas de seguridad pública en el ámbito estatal, sino que incluso “los mandos administrativos, operativos y la tropa sean militares”.
“Son vertientes distintas, los militares están capacitados en tareas de seguridad nacional, pero no de seguridad pública”, dijo Saucedo.
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