En las primeras semanas de enero de 2023, iniciará la construcción de las calles de la “Colonia de la Paz”, en el municipio de Coahuayana, Michoacán, un sitio que será para las familias desplazadas por la violencia.
De acuerdo con el proyecto, será la primera colonia en el mundo de su tipo, ya que las víctimas podrán tener de por vida ese patrimonio, pero no lo podrán vender.
Uno de esos desplazados es Joaquín Valladares, quien tuvo que huir de Chinicuila junto con su familia, ya que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) baleó las casas del pueblo.
“Cuando es desplazado uno, es muy difícil, porque aparte de perder tu integridad, pierdes tus cosas materiales y todo, pero alcanzas vida, más que nada”, relata.
Hace un año, un grupo en varias camionetas ingresó a la localidad donde vivía y disparó con armas de alto poder a las casas y a los negocios.
Para Joaquín, esa fue la advertencia más clara de que los pobladores tenían que dejar todo y huir: “No te amenazaron verbalmente, pero qué más querías, que te dejaran la casa como coladera o los carros, y pues el otro llamado qué iba a ser, pues tu vida”.
El padre de familia cuenta que ahorita él, su esposa y sus hijos viven de la caridad de unos conocidos, a cambio de ayudarles con algunas tareas en su casa o trabajo.
Joaquín, de 48 años, dice que le ha sido muy difícil acomodarse en un trabajo por su edad, ya que en la mayoría de empleos se buscan jóvenes.
“Tuviera uno 15-17 años, donde quiera cabe, pero pues ya uno viejo, desplazado y sin nada, es muy triste, la mera verdad”, cuenta.
Afirma que, a pesar de que en Chinicuila y Coalcomán, donde el CJNG tiene el control, hay cuarteles de la Guardia Nacional y del Ejército, sus elementos no hacen nada.
“Ni modo que te pongas a pelear con ellos (los criminales); si no tienes apoyo del gobierno, mejor dices: más vale que digan aquí corrió que aquí quedó”, sostiene.
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Lo único que pide es ayuda de la Federación y del estado para que algún día los suyos puedan regresar a su casa y volver a hacer su vida con normalidad.
“Hay mucha gente desplazada, ranchos totalmente solos, y esperemos que llegue este mensaje al señor presidente de la República y tome cartas en el asunto”, reitera.
Juan Carlos Tapia, otro habitante de Chinicuila, relata lo que es vivir bajo el asedio de grupos del crimen organizado.
“Lo menos era que dispararan al aire y así duraran varias horas los del Cártel Jalisco, porque lo peor era cuando ya se metían a las casas por las familias”, cuenta.
Denuncia que, en una sola noche, 10 viviendas fueron desalojadas a punta de rifle por los criminales, para apropiarse de inmuebles y negocios en Villa Victoria.
Dice que el gobierno municipal sabía lo que ocurría y no hizo algo para solicitar el apoyo de otras autoridades y evitar el desplazamiento masivo de familias. Juan Carlos dice que lo mismo ha pasado en Coalcomán.
El ganadero menciona que, en su caso, tuvieron que huir todos sus hermanos y él, junto con sus padres, hijos y esposas, ya que el CJNG les arrebató sus propiedades. No tuvieron tiempo de sacar ni una maleta con ropa.
Desde hace cuatro meses que huyeron de su pueblo, la vida le cambió por completo a la familia Tapia, que ahora vive en casas prestadas y de apoyos. Los desplazados, en conjunto, decidieron refugiarse en Coahuayana, ya que es uno de los municipios más seguros del estado y del país.
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La comunidad
María del Rosario Ruiz Velázquez, presidenta del Sistema DIF en Coahuayana, dice que el fenómeno de refugiados en ese municipio colindante con Colima aumentó en el último año.
Estima que en este momento hay alrededor de mil 382 personas desplazadas por la violencia, de otros estados y de municipios aledaños.
Desde que comenzaron a llegar los primeros refugiados, las autoridades echaron mano de un albergue para migrantes que ya tenían construido para alojarlos.
“Pero ahorita el albergue de migrantes es insuficiente. A otros se les ha conseguido lo que es un terreno, se les han dado láminas; están construyendo casas provisionales”, dice, y añade que se apoya a los afectados con comida, cobijas y colchonetas.
“A muchos se les han estado dando medicamentos, porque hay muchas personas que están enfermas, se les dan medicamentos y consultas”.
En un recorrido por el municipio, Animal Político constató que sociedad civil, productores y la Guardia Comunitaria avanzan en un proyecto humanitario.
Las fuentes consultadas informaron que ya iniciaron con la planeación de calles, para la construcción de una unidad habitacional que se llamará “Colonia de la Paz”.
Ese complejo será construido en un predio ubicado en la localidad de San Juan de Alima, que la lucha civil armada recuperó luego de que fuera robado por el crimen organizado.
Ese terreno se lo apropió el entonces jefe de plaza de Los Caballeros Templarios, Federico González Medina, ‘el Lico’.
Las autodefensas recuperaron esa propiedad del municipio y le dieron un uso comunitario en favor de los habitantes de esa población.
Ahora será lo que consideran un modelo único en el mundo, para alojar a los desplazados por la violencia de municipios de Michoacán y de otros estados. A las víctimas se les entregará un lote para que lo construyan; este será de por vida y no lo podrán vender o lucrar con él.
“Es que todo es una causa social y humanitaria con la que no deben lucrar, ya que para eso se les destinará un espacio digno dónde vivir”, dijo una fuente consultada.
El predio contará con servicios públicos y las víctimas de desplazamiento tendrán apoyo.
“Pero también pedimos a las autoridades estatales y federales que volteen a ver a los municipios donde el crimen organizado se ha apoderado, porque no debe crecer esa expulsión masiva de familias, que pierden su patrimonio para salvar su vida”, sostuvo la fuente.
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