Mucho se ha escrito sobre la crisis de las isapres, pero no tanto sobre cómo resolver el problema. Justamente allí reside su complejidad, ya que han sido los tribunales, tanto el Constitucional como los de justicia, los que de modo persistente han ido presionando para que el Poder Legislativo de una vez por todas tome cartas en el asunto y legisle para resolver las graves fallas del sistema.
Cuáles son dichos problemas: primero, que discriminan por sexo y edad; segundo, que descreman a quienes tienen mayor riesgo (no se puede olvidar que un alto directivo señaló que las isapres no eran para personas enfermas) y, por tanto, terminan desprotegiendo a aquellos que más lo necesitan, establecen preexistencias que obligan a estar cautivos a quienes tienen padecimientos crónicos y ofrecen miles de “planes” al gusto del consumidor que son atractivos para personas y grupos familiares jóvenes y sanos y una frustración para quienes tienen el infortunio de envejecer y enfermar; y tercero, no generan ningún incentivo a la prevención y a anticipar el daño en salud, no tienen ningún mecanismo de control de costos y todo el riesgo se lo transfieren al usuario.
En fin, fueron diseñadas en los 80 como una efectiva máquina de lucrar y no para ser comprendidas como entidades de seguridad social en salud. Si los problemas son tan graves, la pregunta obvia es: ¿por qué sobrevivieron sin cambios significativos por tanto tiempo? La respuesta a ello es compleja. Por una parte, posibilitaron el acceso a prestadores privados a un sector de la población que valora el poder elegir y tener una atención oportuna; por otra, ejercieron un eficiente lobby para bloquear por décadas cambios substantivos al statu quo (la mayoría de los parlamentarios son beneficiarios del sistema) y, lo que es más lamentable, jamás se logró voluntad ni capacidad política para resolver este espinoso tema.
Curiosamente hoy, son los tribunales los que han puesto al sistema en jaque mate, revelando que las isapres no son negocio. Las alternativas son darle un perdonazo o salvataje, lo que a mi juicio sería simplemente inmoral (afortunadamente ello no es apoyado por la opinión pública, así lo señalan las encuestas), o decidirse por legislar por un sistema de seguridad social en salud donde los fondos se mancomunen y el riesgo se comparta solidariamente (como sucede en todos los países con buenos sistemas de salud valorados por sus ciudadanos), superando la actual injusta e inequitativa segmentación y fragmentación de nuestro sistema de salud.
Las herramientas técnicas para avanzar hacia un sistema universal de salud, compromiso que Chile tiene desde el 2014 con organismos internacionales, no son únicas y en nuestro país se deberán considerar las expectativas y requerimientos de distintos sectores, especialmente con respecto a la colaboración público-privada en la prestación, con el objeto de viabilizar políticamente una solución urgente.
El peor de los mundos, sería que un gobierno que se propuso un sistema universal y un fondo solidario termine, por incapacidad de generar acuerdos, salvando a las isapres y manteniendo el statu quo. Tengo esperanzas de que ello no ocurra.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
