Fuerte rechazo nacional e internacional contra el protocolo “antipiquetes” de Patricia Bullrich



El anuncio del protocolo “antipiquetes” presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desencadenó una contundente reacción tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. Diversas voces, entre las que destacan el relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la libertad de expresión, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y la emblemática Asociación Madres de Plaza de Mayo, rechazaron la propuesta, señalando la posibilidad de vulneración de derechos fundamentales y la potencial criminalización de la protesta social.El relator especial de la ONU, Clement Voule, expresó su preocupación a través de sus redes sociales: “Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza”. “Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”, destacóEn un comunicado titulado “Para la mano Milei”, haciendo referencia al protocolo presentado para el “mantenimiento del orden público”, la Asociación Madres de Plaza de Mayo calificó esta medida como “violenta, inconstitucional y fascista”, haciendo hincapié en las similitudes que encuentran con comunicados pasados que precedieron a una de las dictaduras más oscuras de la historia argentina.El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura emitió un informe detallado donde marcó distintos puntos críticos del protocolo. Entre ellos, destacaron el desconocimiento del derecho a la protesta, la invasión a facultades del Poder Legislativo y Judicial al interpretar ciertos artículos del código penal, y la falta de reconocimiento de las competencias de las autoridades provinciales, establecidas en la Ley de Seguridad Interior.Además, alertaron sobre disposiciones relacionadas con la identificación y registro de personas en manifestaciones, las cuales, según el Comité, chocan directamente con prohibiciones establecidas en la Ley de Inteligencia Nacional.



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