Ley Bases 2.0: las reformas económicas del proyecto de Milei



Luego del fracaso de la Ley Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina durante las sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza presentó una nueva versión del proyecto, reduciendo la cantidad de artículos incluidos de 664 a 279.Pese al ninguneo de la opinión pública, donde el periodismo y la oposición se refieren a la ex ley ómnibus como “ley combi” o “ley taxi”, el proyecto incorpora reformas que prometen cambiar la estructura económica argentina.El nuevo proyecto buscará avanzar en desregulaciones económicas y comerciales, cambios en las cajas jubilatorias, privatizaciones, un régimen de incentivo para grandes inversiones y una reconversión del sector energético, entre otras iniciativas.Las reformas más importantes para nuestra economía que incorpora la nueva Ley Bases son las siguientes:PrivatizacionesBajo el mantra de bajar el gasto público y “eficientizar” las empresas públicas, el oficialismo se dispone a vender total o parcialmente 19 empresas, con el objetivo final de conseguir dólares que respalden el plan económico de Luis Caputo.Las empresas sujetas a privatización o concesión son las siguientes: Aerolíneas Argentinas; Energía Argentina (Enarsa); Radio y Televisión S.A.; Intercargo; Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Oficial; Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (Sofse); y Corredores Viales.El listado de empresas que podrán ser convertidas a sociedades mixtas, y por lo tanto habilitar la venta de una porción de sus acciones, es el siguiente: Nucleoeléctrica Argentina; Banco Nación; Nación Seguros; Nación Reaseguros; Nación Seguros de Retiro; Nación Servicios; Nación Bursátil; Pellegrini S.A.; y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).JubilacionesLa Ley Bases plantea una derogación de la moratoria previsional que permite a las personas acceder a una jubilación sin contar con los 30 años de aportes que requieren las normas previsionales. La moratoria vigente permite que las personas regularicen sus períodos de aportes no realizados hasta diciembre de 2008 a través de un plan de pagos en hasta 120 cuotas.En caso de que la Ley prospere, quienes no cumplan con los requisitos legales para jubilarse, sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima.Asimismo, el proyecto vuelve a cargar contra “la plata de los jubilados”: el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) manejado por la Anses. Se trata de un fondo de reserva, compuesto por diversos tipo de activos financieros, que tiene por objetivo resguardar el valor del dinero que aportamos al sistema jubilatorio que no se está utilizando para pagar haberes.En este sentido, la nueva ley ómnibus pretende autorizar al Ministerio de Economía a absorber los títulos públicos en poder del FGS, que representan el 72,3% del total de su cartera (en febrero) y están valuados en más de u$s31.300 millones, cerca de un 10% de los títulos emitidos por el sector público nacional.  “Los títulos de deuda pública que sean consolidados de acuerdo con lo establecido en la presente ley serán transferidos a una cuenta de titularidad del Tesoro Nacional, en donde se cancelarán por confusión patrimonial”, señala el artículo 58 de la Ley Bases.De esta forma, el Ministerio de Economía podría quitar de circulación todos los bonos del Tesoro nacional que formen parte de la cartera del FGS y reducir el volumen de endeudamiento. La gran duda reside en qué recibirá la Anses a cambio.Como vemos, el ejecutivo busca avanzar sobre los títulos públicos del FGS pero no sobre su tenencia de acciones de empresas locales, como ocurrió en el proyecto original. En aquel momento, el oficialismo había enfrentado duros cuestionamientos y eliminó el artículo antes que el proyecto fracase en la Cámara.Pero la versión actual de la Ley Bases permite al Ministerio de Economía volver a avanzar sobre las acciones del FGS, bajo la cobertura de un párrafo clave: “Cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) realice operaciones de caución con sus activos u operaciones financieras que requieran prendas o gravámenes sobre sus activos, solo lo podrá hacer sobre hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del total de los activos del Fondo”.De esta forma, se habilitaría al FGS a endeudarse (¿A cuenta del Ministerio de Economía?) poniendo como garantía hasta un 20% de sus activos. Casualmente, la proporción de la tenencia de acciones equivale a casi un 13% del total de sus activos. Así, en lugar de vender su participación accionaria para conseguir dólares, la dirección de Anses podría usar los títulos como respaldo para tomar divisas prestadas (¿Y luego prestarlas al Banco Central?). Finalmente, en caso de incumplimiento las acciones deberían ser rematadas.EnergíaUn bloque de 63 artículos de la Ley Bases está destinado en desregular y liberalizar por completo la explotación y comercialización de hidrocarburos. El proyecto establece como objetivo “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos”, un paraguas que permite a las petroleras priorizar las exportaciones por sobre el abastecimiento al mercado interno, en caso que el precio le resulte favorable.De esta forma, se consolidará la confluencia entre el precio local e internacional de los recursos. Tal es el caso de los combustibles, cuyo precio en surtidor aumentó en promedio alrededor de 80% desde diciembre y aún restan subas para equiparar un valor internacional del barril de petróleo en ascenso.El mismo derrotero le espera a la provisión de gas. El proyecto de ley establece las condiciones para avanzar en la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Una vez en funcionamiento, las condiciones de exportación de GNL no podrán ser modificadas frente a la posibilidad de desabastecimiento de gas en el mercado interno.Con todo, la reforma energética incorporada en la Ley Bases elimina cualquier tipo de mecanismo de intervención en los precios, así como el objetivo expreso de lograr el “autoabastecimiento” por parte de YPF, argumento que le permite a la empresa de mayoría estatal intervenir en el mercado interno.Grandes InversionesEl proyecto crea un “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI). En este sentido, los proyectos de inversión superiores a los u$s200 millones gozarán de reducciones impositivas y estabilidad tributaria. Los sectores económicos apuntados son la agroindustria, minería, energía, tecnología y forestal.Entre los incentivos que introduce el RIGI se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la suspensión del impuesto a los dividendos distribuidos si se retienen utilidades durante los primeros tres años, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, el descuento de bienes personales a cuenta de ganancias, la exención de cualquier otro impuesto provincial o municipal, arancel 0 para importaciones, retenciones 0 desde el tercer año, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.Cabe destacar que, en paralelo a la nueva Ley Bases, el ejecutivo envió un paquete de reformas fiscales, titulado “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, donde se abarcan cambios impositivos en el Monotributo, Ganancias, Bienes Personales y un blanqueo de capitales.El análisis pormenorizado de estas modificaciones se realizará en otra entrega de esta columna. Sin embargo, podemos adelantar que, mientras se reduce significativamente la carga impositiva sobre los grandes capitales, el paquete fiscal aumenta la presión tributaria sobre trabajadores y monotributistas.Finalmente, el periodismo especializado advierte que la nueva versión de la Ley Bases parece contar con los votos necesarios para su aprobación. El convencimiento resulta llamativo, particulamente en días donde el bloque oficialista acaba de sufrir públicamente un golpe de liderazgo a cielo abierto y una posterior ruptura. Resulta extraño que un espacio político incapaz de ordenar un bloque propio de 39 (ahora 38) diputados pueda acordar un tratamiento que requiere 129 votos favorables.Tal vez, el contenido de fondo de las reformas incluidas en el proyecto estaba acordado tácitamente entre la casta y el gobierno de Milei es sólo el vehículo para aplicarlas en base a pura voluntad política.



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