translated from Spanish: Nicaragüenses huyen de su país ante los abusos de Daniel Ortega

Francisca Ramírez nació y ha vivido toda su vida en el municipio Nueva Guinea, a tres mil kilómetros de Managua, la capital nicaragüense. Su sueño desde muy joven fue crecer y envejecer en ese pueblo, adquirir un terreno para tener ahí a sus hijos y sus nietos, trabajando la tierra toda su vida. Así lo hizo hasta 2013, cuando unos hombres chinos llegaron a su colonia acompañados del Ejército para medir su casa, sus terrenos y los de sus vecinos.
“Nosotros pedíamos una explicación y nos decían que no estaban autorizados a darnos información, que lo único que sabían era que esos territorios ya no eran de nosotros y que íbamos a ser desplazados”, contó la activista a Animal Político.
Sin ninguna consulta previa ni explicación sobre esas “visitas”, sus terrenos fueron concesionados al magnate chino Wang Jing para desarrollar proyectos de explotación, principalmente el ‘Gran Canal Interoceánico de Nicaragua’, que pretende competir con el Canal de Panamá, pero también dos puertos, un oleoducto, un canal seco para ferrovías, un aeropuerto y zonas de libre comercio.
El despojo está institucionalizado: el congreso nicaragüense aprobó una ley que obliga a los campesinos a desalojar los terrenos sin reubicación y sin indemnización, ya que la concesión es exclusiva por 50 años y prorrogable por otros 50 “a elección del inversionista”. Además, la ley 840 otorga al concesionario “la entera discreción para decidir si solicita a La Comisión la expropiación de una Propiedad Requerida y en qué momento”, de manera que los habitantes de los pueblos afectados por el proyecto no tienen más opción que abandonarlos cuando se les requiera.
Aunque Naciones Unidas mandata que antes de iniciar un proyecto comercial en una zona habitada por pueblos indígenas u originarios, se les debe consultar para llegar a un consenso, los campesinos de Nicaragua no fueron consultados ni informados del proyecto. Incluso, señala Ramírez, la ley se publicó primero en inglés y fue hasta que las organizaciones ambientalistas presionaron, que se publicó en español. “Nosotros no sabíamos que existía la ley hasta que llegaron los chinos a medir nuestras casas, protegidos por el ejército”, asegura.
Este proyecto ha sido interpretado por los habitantes como una total entrega de la soberanía de Nicaragua, y ha sido enfrentado con diversas manifestaciones desde 2013. Cada vez que esas personas han protestado para no ser expulsados del lugar donde nacieron, han sido reprimidos, detenidos, secuestrados, amenazados e incluso las casas de alguno han sido incendiadas, según cuenta la campesina Francisca Ramírez.
“En Nicaragua te ponen una pistola en la cabeza y te dicen ‘te callas o te mueres’”, relató la activista, quien se encuentra refugiada en Costa Rica junto con 41 miembros de su familia y otros 30 mil nicaragüenses, que abandonaron sus casas, tierras, animales y todas sus posesiones ante las amenazas de su propio gobierno. “Habíamos luchado por cinco años solos y deseábamos tener el respaldo del pueblo. Todo lo que ustedes pueden ver que se vive desde el 18 de abril, ya los campesinos lo vivíamos desde 2013”, expresó.
Como ejemplos de esta represión, Francisca citó dos ataques violentos de los que responsabilizan al gobierno y sus fuerzas de seguridad: un tiroteo en medio de una marcha realizada en Managua el pasado 30 de mayo -día de las madres en Nicaragua- donde fueron asesinadas 11 personas, presuntamente por francotiradores que dispararon desde un estadio. El otro episodio es el incendio ocurrido en la casa de un hombre que presuntamente se negó a prestarla para que el gobierno instalara en su azotea un francotirador; esa misma noche, según Francisca y los reportes de la prensa local, la casa ardió en llamas y la policía cercó el lugar impidiendo que los vecinos ayudaran a las víctimas, por lo que murieron seis personas, incluidos niños.
Además, la familia de Francisca ha sufrido intimidaciones, amenazas, intentos de secuestro de uno de sus hijos, detenciones temporales arbitrarias y la permanente amenaza de que tendrán que entregar sus tierras sin posibilidad de elegir si quieren irse o no, ni a dónde.
“Lo más difícil que hemos tenido que vivir los nicaragüenses es un desplazamiento forzoso, estamos más de 30 mil en Costa Rica; hemos salido no porque andemos buscando cómo salir adelante económicamente sino por la persecución, Daniel Ortega ha hecho leyes para calificar de terrorismo cualquier protesta”, cuenta la actualmente emigrante.
Apoyada por las organizaciones Oxfam y Amnistía Internacional, Francisca relata desde México que nació en 1976 en una familia muy pobre, siendo la mayor de siete hermanos, en el municipio de Nueva Guinea, una comunidad de unas dos mil 500 personas a 310 kilómetros de la capital. “Esa pobreza me hizo valorar que la tierra era como una empresa, que quien tiene tierra no sufre hambre. Lo que se siembra se cosecha, si no tiene dinero, usted siempre come”, recuerda.
Ahí mismo planeaba permanecer hasta su muerte, sin embargo, en septiembre pasado salió hacia el vecino Costa Rica con su familia, dejando sus casas y sus pertenencias tal como estaban. Con ayuda de la organización de derechos humanos Cenderos, se refugiaron primero a una iglesia y luego alquilando una casa para unas 15 personas. Aunque reconocen la hospitalidad de Costa Rica, admiten que tendrán que irse pronto de allí porque no tienen empleo y los gastos los van a superar. “Hemos venido vendiendo lo que teníamos pero Costa Rica es muy caro, no nos va a quedar más que volver a nuestro país. Algunas organizaciones nos han ayudado pero no alcanza”, lamenta la mujer de 42 años.
Así, después de cinco años de luchar por no ser expulsados de su tierra, la violencia del gobierno de Daniel Ortega ha obligado a salir en un desplazamiento forzoso a 30 mil campesinos que viven una crisis humanitaria, perseguidos por grupos paramilitares y con cientos de presos políticos y desaparecidos. “Hay miles en Honduras también que han salido por el norte, especialmente indígenas que han salido por la persecución desde 2013. Nosotros agradecemos a Costa Rica la oportunidad de vivir, porque en nuestro país no tenemos esas garantías”, sentencia Francisca.
La nicaragüense es parte de las caravanas que desde hace unos meses han viajado a Europa, Sudamérica, Estados Unidos y México buscando la solidaridad mundial ante su situación, no sólo de la ciudadanía sino de autoridades de otros países u organismos de derechos humanos que exijan al gobierno de Nicaragua que cumpla con sus compromisos internacionales. “Con esa fe luchamos mucho para no ver otra guerra, pero también nos decepcionamos cuando vemos sólo condenas y  comunicados pero nunca actúan para que esas personas sean enjuiciadas por crímenes de lesa humanidad”, dijo en entrevista Francisca Ramírez.
Cuando los campesinos organizados que luchan desde 2013 contra el despojo de sus tierras advirtieron el tamaño del movimiento estudiantil de abril pasado, decidieron formar la Articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua: una organización emergente que aglutina a grupos opositores. Ha habido caravanas de solidaridad con Nicaragua en Costa Rica, España, Estados Unidos y México, donde visitaron los estados de Colima, Jalisco, Ciudad de México y Chiapas, en este último visitaron el “caracol zapatista” o Junta de Buen Gobierno de Oventik para compartir experiencias con miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), según explica uno de los coordinadores de la Articulación, que solicitó el anonimato por motivos de seguridad.
Francisca calificó a los zapatistas como un ejemplo de resistencia y rebeldía, “por no dejarse despojar de sus tierras, nosotros lo hicimos pero a veces uno siente que ya no tiene fuerzas y necesita la experiencia de gente que lo ha vivido”.
Las caravanas nicaragüenses también han recibido apoyo de organizaciones sociales, civiles y las comunidades de nicaragüenses residentes en los países que visitan, así como de otros grupos de activistas conocidos internacionalmente, como las Madres de Plaza de mayo de Argentina, los mineros  de chile y el Congreso Nacional Indígena mexicano.
“Lo que queremos es retornar a nuestra patria y para eso necesitamos una garantía ciudadana de que se van a respetar nuestros derechos y se van a liberar a los presos que están siendo torturados por exigir democracia y respeto a los derechos humanos”, puntualizó Francisca Ramírez.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

Original source in Spanish