El 2 de febrero de 2012, policías de Lagos de Moreno, Jalisco, marcaron el alto en un retén a un vehículo en el que viajaban ocho personas, y obligaron a dos de ellas a descender. Las dos víctimas fueron retenidas durante la noche por los uniformados municipales, y posteriormente entregados a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con la Recomendación 16VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En instalaciones militares, ambos fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron descargas eléctricas en el torso y genitales, mientras los uniformados trataban de obtener una declaración que los inculpara como integrantes de un grupo criminal.
Luego de que una de las víctimas fue torturada, los militares lo condujeron hasta un sitio en el que se encontraba su familia, para que se percatara que todos ellos se encontraban golpeados.
De acuerdo con una de las víctimas, al ser recibido por un “comandante” de la Sedena, este le dio una cachetada y le dijo que “tenía que hacer lo que él dijera”, y refirió que así dejarían ir a sus familiares.
Luego de haber permanecido 19 horas retenidos por los militares, ambos fueron trasladados a la Cruz Roja local, donde fueron revisados por un médico. Los militares los amenazaron para que no denunciaran las agresiones de las que fueron objeto.
Finalmente, fueron puestos a disposición de la PGR en Guadalajara.
Tortura de militares contra militares
La Recomendación 16VG/2018 por violaciones graves a los derechos humanos de la CNDH documentó, además de este caso, otros cinco en los que personas fueron víctimas de tortura por parte de elementos del Ejército, y de violación del derecho de acceso a la justicia, cometida por la Procuraduría General de la República (PGR).
Estas violaciones a derechos humanos fueron cometidas en agravio de 9 hombres, cuatro de ellos con calidad de militares al momento de los hechos, en los estados de Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, entre 2014 y 2016.
#RecomendaciónCNDH dirigida a @SEDENAmx por violaciones graves y #Tortura a 9 personas y a @PGR_mx por la dilación u omisión de 5 agentes del Ministerio Público Federal para investigar ese delito. ? https://t.co/Bokg5Pj6fd pic.twitter.com/3iy5BvlKYl
— CNDH en México (@CNDH) December 12, 2018
Tres de las víctimas de tortura con calidad de militares son un cabo de infantería, un sargento y un subteniente de infantería, quienes fueron detenidos en hechos distintos, en el estado de Durango.
El 20 de enero de 2014, dos de las víctimas, el cabo de infantería y el sargento, fueron detenidos mientras se encontraban realizando sus funciones dentro del 58 Batallón de Infantería.
El cabo de infantería dijo a la CNDH que esa tarde recibió un oficio en el que se le indicó que tenía que presentarse ese mismo día ante el Agente del Ministerio Público Militar de la 10 Zona Militar.
En el sitio, agentes de la Policía Judicial Militar le pidieron entregar sus pertenencias (2 teléfonos celulares y cartera), y posteriormente lo condujeron hacia su casillero para realizar una revisión, sin encontrar nada ilícito.
Luego, fue trasladado al 71 Batallón de Infantería, donde lo ingresaron en un cuarto, lo sentaron en una silla, le vendaron los ojos, brazos y piernas y comenzaron a cuestionarlo sobre la relación que mantenía con el crimen organizado en la Plaza de Durango.
Dijeron “que no me hiciera pendejo, que les dijera la verdad y me ahorrara la madriza”, narró el cabo.
Al ver que no aportaba la información, los militares le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para intentar asfixiarlo, mientras era golpeado en el estómago.
Por su parte, el sargento declaró que el mismo día recibió un oficio emitido por el 58 Batallón de Infantería, con la orden de comparecer ante el Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 10 Zona Militar en Durango.
Por la noche, personal militar lo condujo a la comandancia de la Unidad, donde se encontraban 4 agentes de la Policía Judicial Militar, quienes lo tomaron de los brazos y lo esposaron sin explicarle el motivo de su detención y lo despojaron de sus pertenencias.
Tras una revisión a su casillero, el sargento fue trasladado a las instalaciones del 72 Batallón de Infantería. Al llegar fue ingresado a un dormitorio de oficiales, donde policías militares lo presionaron para que aceptara que trabajaba para una célula del crimen, “y que si no lo hacía ya tenían a dos oficiales para que me denunciaran como miembro de la delincuencia organizada”.
Como no confesó, fue vendado de ojos, muñecas y dedos, y envuelto con una sábana para inmovilizarlo. El sargento fue golpeado por dos horas y recibió chorros de agua en la cara para provocarle asfixia.
“Decían que si moría en ese acto desaparecerían mi cuerpo y me darían como prófugo de la justicia y desertor, y que si mi familia se atrevía a poner una denuncia les pasaría lo mismo”, detalló.
La tercer víctima en Durango, un subteniente de Infantería, manifestó a la CNDH que el 27 de enero de 2013 se encontraba en un puesto de mando del 58 Batallón de Infantería, cuando un soldado le dijo que debía presentarse con el Comandante del Batallón, quien le comentó que un funcionario militar se encontraba detenido por la Justicia Militar, y que lo estaban investigando.
Aunque le notificaron que no estaba detenido, el subteniente fue informado que iban a trasladarlo a la ciudad de Durango, por lo que debía entregar su arma. Al llegar al Campo Militar 5 de Mayo, fue detenido y esposado por dos personas vestidas de civil, quienes lo subieron a un vehículo para golpearlo e insultarlo.
Posteriormente, lo condujeron a un dormitorio, donde lo vendaron y lo cuestionaron sobre su participación con narcotraficantes de la zona. Al desconocer lo que le preguntaban, el subteniente era golpeado en la cabeza y amenazado.
Los militares que lo detuvieron le leyeron la declaración de su compañero detenido, donde se incriminaba a él y otras personas.
Al día siguiente, lo subieron a una camioneta en la que lo trasladaron al Cuartel General de la 10 Zona Militar, donde una persona que se identificó como agente del Ministerio Público Militar le dijo que tenía que formar la declaración “que había rendido”, conseguida con actos de tortura, y que si no lo hacía lo consignarían ante un juez federal.
En el documento, la CNDH destacó que la recomendación se dirige a la Sedena porque se encuentra relacionada con una práctica de los militares que realizan detenciones alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas, y que derivan en actos violatorios de derechos humanos.
Con los expedientes revisados, la Comisión acreditó que un agente del Ministerio Público Militar (para el caso de 3 víctimas) y los Agentes del Ministerio Público Federal (por cuanto a 6 víctimas) violentaron el derecho de acceso a la justicia en agravio de nueve personas.
La CNDH pidió que se realice una indagatoria penal por la probable comisión del delito de tortura en los seis casos analizados.
Sin embargo, a la fecha, solo en cinco casos se ha iniciado la averiguación previa correspondiente.
Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la Sedena reparar el daño a los nueve agraviados conforme a la Ley General de Víctimas e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas para los efectos a que haya lugar; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncias de hechos, y que si la facultad de sanción ya prescribió, se incorpore copia de la Recomendación en el expediente personal y laboral de los elementos militares responsables.
Además, deberá capacitar en materia de derechos humanos a los soldados, y aplicar efectivamente el “Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas” en todos sus operativos, e implementar políticas públicas que permitan identificar y reducir los riesgos y puntos de vulneración de los derechos humanos cuando la Sedena coadyuve en funciones de seguridad pública.
A la PGR, la CNDH recomendó continuar con las prácticas de diligencias necesarias para que se determinen las Averiguaciones Previas conforme a derecho, y colaborar en el seguimiento de la queja que promueva ante la instancia competente de la propia Procuraduría contra los agentes que incumplieron su deber.
Asimismo, le pidió realizar una investigación eficaz e imparcial para identificar a la persona que intervino en relación de una persona mencionada por tres de las víctimas, identificada como “El Licenciado” o “El Lic.”, quien se encontraba adscrito a la desaparecida SIEDO.
