Ciudad de México.- Tras la creación de la Guardia Nacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó a las autoridades mexicanas un documento de trabajo con intención de contribuir en las leyes secundarias que regularán el uso de la fuerza del nuevo cuerpo de seguridad.”Un marco jurídico fuerte, claro, coherente y uniforme apegado al derecho internacional y a los estándares internacionalmente reconocidos en materia de uso de la fuerza, dará certeza a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre su actuación”, indicó Daniel Cahen, coordinador jurídico del CICR para la Delegación Regional de México y América Central.Según el documento, en el que se analizan leyes similares de Colombia y Perú, junto con una ficha técnica del propio CICR, el uso de la fuerza debe cumplir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.”Siempre que sea necesario hacer uso de la fuerza, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán emplear la cantidad mínima de fuerza que sea necesaria para lograr el objetivo legítimo que se persigue”, indica el documento.
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“En otras palabras, la fuerza empleada deberá ser diferenciada, atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso, y considerando el tiempo e intensidad de la resistencia o agresión que se puedan llegar a presentar”.También incluye un apartado sobre la distinción y regulación de las armas menos letales y las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego por los funcionarios.Al respecto, el CICR destaca que las armas de fuego sólo se podrán usar en defensa propia, para evitar un delito particularmente grave o para detener a una persona que presente ese peligro.En el documento se indica que las fuerzas de seguridad deberán tener un sistema para sancionar violaciones a estas normas.”En el contexto de las recientes reformas constitucionales en relación a la Guardia Nacional, el CICR presenta a las autoridades mexicanas este documento, el cual pretende ser una herramienta útil para la elaboración y adopción de un marco jurídico fuerte, claro, coherente y uniforme en materia de uso de la fuerza”, reiteró la organización.Y planteó que el uso ilegal o desproporcionado de la fuerza se debe a lagunas normativas, a la falta de un equipamiento adecuado para el tipo de operación, a mala capacitación o a sanciones débiles.
