La investigación denominada “Liderar la inclusión educativa en Chile: tendencias nacionales y una aproximación al caso de la región de Magallanes”, a cargo de la doctora en Educación María Teresa Rojas, se desarrolló en dos fases. Una cuantitativa en la que se encuestó a 157 directores de escuelas de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Puerto Montt y Magallanes, y una cualitativa en cuatro escuelas de la región de Magallanes. Entre otras cosas, concluye que la información acerca de la ley es escasa y a veces confusa, y que no ha existido un relato comunicacional que potencie sus fines y el horizonte de justicia que encierra. Esto último queda de manifiesto cuando los actores encuestados reconocen que la principal fuente informativa son los medios de comunicación.
Los datos predominantes en el estudio, se refieren a que los directores vinculan la Ley de Inclusión con el aumento de la matrícula con niños con “Necesidades Educativas Especiales” (NEE), más que a una posible mixtura social del establecimiento, reforzando la impresión de que las escuelas recibirán más niños complejos respecto a los que recibía antes, y la necesidad de contar con equipos psicosociales vinculados a la atención de niños con déficit y que requieren profesionales especializados.
Sobre este punto, María Teresa Rojas enfatiza que el nuevo sistema de admisión que regula el fin de la selección de estudiantes, “prioriza como obligatorio que un 15% de los estudiantes elegidos para una determinada escuela correspondan a grupos vulnerables, también se considera la incorporación de hermanos de los alumnos, hijos de ex alumnos e hijos de profesores” y sólo una vez que este cupo es asegurado el resto se elige de manera aleatoria. “Según datos del MINEDUC el sistema ha logrado que el 80% de los alumnos quede seleccionado entre sus tres primeras preferencias de escuela, y el 60% de ellos en la primera”, agrega la experta.
Entre los encuestados, existe también consenso respecto de las escasas capacidades de las escuelas para liderar procesos de inclusión orientados hacia una mayor justicia social. Los directores perciben que hay una brecha importante entre las demandas de las políticas y las competencias docentes.
En el caso de Magallanes, se caracterizaron las oportunidades y nudos críticos en la promoción de escenarios educativos más inclusivos, luego de dos años de implementación del nuevo proceso de admisión escolar que contempla la ley. En aquellos establecimientos de la región en que seleccionaron estudiantes antes de 2016, predomina la idea de la pérdida de control del proceso educativo y precisan que está en riesgo el esfuerzo individual de niños y niñas.
Respecto al nuevo sistema de admisión. Rojas considera que será más complejo y difícil de implementar en la región metropolitana. “Se sabe que en la Metropolitana, por la cantidad de habitantes y variables geográficas como la distancia, la implementación será más compleja”, hace notar Rojas
Entre las recomendaciones del estudio se plantea la necesidad comunicar de forma efectiva el nuevo sistema de admisión, con especial foco en los directivos, ya que son ellos quienes deben tener un discurso coherente de justicia social y equidad sobre las transformaciones del sistema escolar.
Para el estudio se aplicaron encuestas en 157 escuelas de Iquique, Coquimbo, Puerto Montt, Punta Arenas y Puerto Natales, además de realizar grupos focales y entrevistas en colegios de Magallanes.
