Paramilitares y grupos delictivos acechan a tsotsiles en Chiapas

Gabriel Lunez y su hijo Pedro, dos indígenas tsotsiles desplazados de su comunidad en Chiapas, salieron una noche de su refugio en lo alto de la montaña, entre matas de café, sin linternas y en silencio para no alertar a los francotiradores. 
Hacía más de un año que vivían escondidos en un campamento instalado en un pequeño llano detrás de las barrancas, a un kilómetro de su poblado, Cocó, que se había convertido en un territorio de tiroteos diarios.  Las balas cruzaban justo a la altura de la cocina de la familia de Gabriel Lunez. 
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Las primeras versiones oficiales atribuyen este conflicto a la lucha por un predio de 60 hectáreas entre habitantes de dos comunidades, pero los actores entrevistados dicen que el motivo es el rearme de los grupos paramilitares que nacieron en los 90 al amparo de las autoridades después del levantamiento zapatista.  Durante la habitual conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas refrendó esta versión: “(Hay) presencia de grupos paramilitares y de una gran capacidad de fuego, incluso de grupos ligados presuntamente a la delincuencia organizada han generado niveles de violencia”, dijo Encinas. 
El hambre que tenía la familia de Gabriel los obligó a idear un plan desesperado: cavar furtivamente una trinchera debajo de su cocina para hacer tortillas de maíz bajo la línea de fuego.
La excavación se prolongaría durante meses, con viajes nocturnos de ida y vuelta por senderos y cañadas secundarias. Gabriel Lunez y su hijo sabían que algunos vecinos que se habían aventurado  por rutas similares para cuidar sus cosechas habían sido asesinados. Aquellas noches María Magdalena Pérez, la madre de la familia, esperaba con sus otros 11 hijos, descalza, vestida con traje de enagua azul y huipil rosado, con sus manos sobre el regazo o enmarcando sus mejillas, extrañando amasar el maíz. 
“Pasábamos hambre hasta que se calmaban los tiros”, recordaba en el campamento, que permanecía en un silencio casi absoluto, solo interrumpido por el murmullo de los hombres que debatían una solución para el desplazamiento, y el llanto de los bebés.
En el campamento tampoco hay mucho que comer: cuando lo visité las despensas para cien personas eran apenas dos cubetas medio llenas de maíz y algo de comida enlatada, el agua la tomaban de un nacimiento contaminado y las mamás repartían pozol (bebida de maíz licuado en agua) a niños y bebés de boca en boca en envases de plástico reciclados. El remedio para las diarreas y enfermedades respiratorias eran los rezos.
Es por eso que la familia Gabriel regresa con frecuencia a su cocina. Con el paso de las noches, las ollas, las sartenes y el fogón quedan resguardados por el muro de contención que les ayuda a cocinar las tortillas o los frijoles. Cuando Gabriel y su hijo acaban el trabajo, llega el turno de las mujeres, que los relevan en esas incursiones nocturnas para cocinar en la trinchera. María Magdalena todavía esperaba en el campamento porque, a sus 49 años, su vista no era suficiente para caminar entre los cafetales en la oscuridad.
La zona cero del conflicto es una cañada que divide los municipios de Chenahló y Aldama, un paisaje idílico donde corre el agua a través de formaciones rocosas. Los comuneros dicen “allá al fondo” cuando nombran la cañada y en los últimos tiempos siempre agregan que da miedo ir “allá al fondo”. Las montañas presiden el paisaje, ahora también las trincheras en las dos orillas de la cañada donde se apostan hombres armados con fusiles. En los caminos de tierra hay casquillos percutidos regados por el suelo. 
Los primeros desplazados fueron las siete familias que vivían en un predio cercano a la cañada, sembrado con maíz, frijol y, principalmente, café. Era junio de 2016. 
“A balazos nos fueron a sacar de nuestras casas. Nos despojaron de nuestro hogar, de nuestras tierras, nos quitaron los cafetales, les cortaron el fruto y luego le echaron machete”, dijo Claudia Pérez García, una de esas primeras víctimas, desde la cabecera municipal de Aldama donde vive actualmente.
“Primero les fueron quitando sus casas, sus pollos y ya cuando no les quedaba nada, fueron amenazados con armas de fuego y les quemaron sus casas”, contó un lugareño que no ha sido desplazado y sólo pidió identificarse como “Tino” por motivos de seguridad.
A partir de enero de 2018 las miras de los tiradores apuntaron más arriba y alcanzaron las casas de familias de cuatro comunidades —Kotsilnab, Tabak, Cocó y Xuxchen— separadas por un kilómetro y medio. Fue así como la familia de María Magdalena Pérez huyó hacia la montaña. 
“Salimos con lo que llevábamos puesto. Todos sin nada. Si hacía frío y lluvia, teníamos que aguantar. Los que sufren más son los pequeños. Ahí estaban llorando también ellos”, dijo.
Hijas de Gabriel y Maria Magdalena en su trinchera cocina
María Magdalena, que tuvo a sus 12 hijos en su comunidad. Sus abuelos y sus bisabuelos también nacieron en Cocó y se dedicaban a producir café. Las fincas eran el sustento de la familia hasta que estalló el conflicto armado. Era su única forma de tener dinero para comprar otra cosa que no sea maíz o frijoles.
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Las autoridades de Aldama afirman que cinco personas fueron asesinadas, cazadas desde las trincheras. Al menos dos mil huyeron hacia los parajes donde se formaron los campamentos de desplazados. Horizontal contactó vía telefónica al alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, pero pidió realizar la entrevista en otra ocasión y hasta el momento no ha sido posible contactarlo de nuevo. Tampoco entrar a la comunidad de Santa Martha para conocer la situación de ese lado de la cañada. 
En los Altos de Chiapas, la región donde se enclava Aldama, más de siete mil mayas tsotsiles han sido desplazados en los últimos dos años por los grupos armados, de acuerdo con la suma de cifras de organizaciones ciudadanas que entraron a las zonas de conflicto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Huir de su comunidad, sin embargo, no les ha alejado por completo de las armas. 
El 4 de abril de 2018,  en el campamento de la comunidad de Tabak, sonaron disparos de alto poder. Las mujeres tomaron a sus hijos y se juntaron unas con otras como si trataran de protegerse del frío como lo hacen los pingüinos cuando hay tormenta, como si quedar apretadas unas con otras disminuyera el peligro.  
Las armas largas que disparan sobre la cocina de María Magdalena, llegaron a manos de civiles en 1994 después de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se rebeló contra el Estado Mexicano. Para combatir el movimiento guerrillero indígena, el Ejército Mexicano creó el Plan de Campaña Chiapas 94. En el documento firmado en octubre de ese año se incluía la identificación y entrenamiento de personas “con alto sentido patriótico” dentro de las comunidades para “la organización de fuerzas de autodefensa”.
El paramilitarismo creció en la región a la vez que los episodios de violencia. El más dramático fue la masacre en la comunidad de Acteal, en Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997: 45 tsotsiles fueron asesinados mientras oraban por el fin de la violencia en una comunidad que se había convertido en refugio de personas desplazadas. 
 Guadalupe Vázquez tenía 10 años. Nueve de sus familiares, entre ellos su madre, padre y hermanos, murieron ese día cuando se escondían en un arroyo.  “Entonces ahí estábamos mis papás, mis tías, mi abuela y mis hermanos. Mi papá iba por más personas y cuando iba a mitad de camino yo levanté la cabeza y vi una persona con gorra y nos estaba apuntando”, dijo en la ermita en la que rezaban las víctimas. 
“A la vuelta del tiempo, al no investigar, al no desarticular los grupos paramilitares, las estructuras quedaron y han quedado en el territorio y hoy lo que vemos en los nuevos desplazamientos es que los grupos se vuelven a activar”, dijo Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.  “(La violencia en Aldama) no es solamente una confrontación entre dos poblados sino que es una acción de un grupo armado, entrenado, con una visión militar, acosando y aterrorizando a la población indígena”, añadió.
A 22 años de la masacre de Acteal, en los Altos de Chiapas miles de personas huyen a campamentos de desplazados y se siguen escondiendo en los arroyos cuando escuchan balas. 
La mañana del 23 de enero de 2019, en las montañas de Aldama, circulaba un convoy integrado por elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Pública porque el ayuntamiento del municipio había pedido la presencia de las fuerzas del orden. El convoy lo completaban vehículos donde viajaban autoridades tradicionales y decenas de pobladores de Aldama. Cuando el contingente pasaba por los lugares indicados como focos rojos, las personas se ponían en alerta y se escuchaban tenues conversaciones en tsotsil en las radios.  
Los mandos militares vieron los estragos de los disparos en las casas, pasaron frente a una escuela donde no había clases hace ocho meses porque los maestros dejaron de ir, y finalmente llegaron al punto crítico: un conjunto de tres casas de concreto en la comunidad de Cocó con ventanas y paredes destruidas por los tiroteos. A unos 15 metros, estaba la cocina-trinchera de María Magdalena en su casa de tablas y lámina.
Las viviendas derruidas fueron ocupadas por policías que recibirían la visita de los militares cada día. Barrieron los vidrios y los escombros, instalaron sus servicios básicos y acondicionaron las trincheras que los lugareños usaban para combatir a sus vecinos de Santa Martha.  Ese día por la tarde, decenas de personas salieron de parajes de la montaña y el lugar comenzó a tomar vida de nuevo. Una camioneta de Seguridad Pública trajo cientos de coca colas para compartir.  
Tres días después las mujeres caminaban con sus niños, los autos ya circulaban de día, motociclistas repartían tortillas de casa en casa y los campesinos se desplazaban en grupos hacia sus parcelas con sus herramientas de trabajo. Un grupo de niños deshacían las cajas de cartón de las verduras para construir fusiles de juguete. La casa de María Magdalena tenía sus puertas abiertas y sus hijas estaban tejiendo cojines rojos y morados. Pero Pedro Lunez tenía un semblante rígido y no estaba de buen humor para hablar en español.  Un lugareño tradujo la opinión de Pedro: “cuenta que no tienen la esperanza de que dejen de disparar. Sus casas huelen feo, los animales domésticos murieron de hambre porque se desplazaron varios meses. Se murieron todos, todos completamente. Pero ahora es un alivio para ellos, él quiere que siga así como los tres días que pasaron”.
“Aunque haya entrado el Ejército no podemos decir que ya están tranquilos y que todo está bien. Ahora están retornando quienes no están en la franja de fuego. Los que están en la orilla, esos no han podido retornar”, dijo Pedro Faro, director del Frayba, que estaba ese día en una misión de observación. 
Casa baleada en Cocó
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El principal interlocutor y guía del Ejército durante su recorrido fue Ignacio Pérez Girón, síndico de Aldama que ejercía como alcalde. Sus días estaban contados, pues meses después, el 6 de mayo, fue encontrado muerto en un paraje del municipio de Zinacantán, también en Los Altos de Chiapas.
El EZLN solo rompió su silencio después de la llegada de las Fuerzas Armadas. El 6 de febrero emitió un comunicado y difundió varios videos grabados de habitantes el otro lado de la cañada.  Un hombre con pasamontañas originario de Santa Martha, Chenalhó, habló de que ahí han pasado los mismos horrores que sus vecinos de las comunidades de Aldama: “Estamos viviendo la misma situación de miedo y desesperanza. Las mujeres, los niños y todos nosotros nos reunimos cuando empiezan las balaceras porque llegan y atraviesan nuestras casas”, dijo el miliciano zapatista. Según el recuento del EZLN, entre el 9 de marzo de 2017 al 7 de septiembre de 2018, 25 personas habían sido asesinados sumando los dos lados de la cañada. 
Durante los últimos días de febrero, María Magdalena al fin cocinaba en su trinchera. Había huevos, algún envase de cerveza y botellas de coca cola. La familia pasaba los días en la parte alta de la casa, una señal de que se sentían tranquilos. Las mujeres trabajaban en sus telares y los hombres iban y venían, retomando poco a poco sus labores. A principios de marzo Aldama celebró su carnaval en la cabecera municipal con sus niños pintados de jaguares y los adultos haciendo circular el pox (bebida alcohólica) porque así “los rezos salen más del corazón”. El 3 de marzo los tejidos de la casa de la cocina-trinchera estaban terminados y se vendieron cuatro  cuatro cojines por 640 pesos.  María Magdalena sonreía y ofrecía dos vasos de coca cola a quien quisiera. Pero cerca de las 12 del mediodía comenzó a salir humo desde la montaña de enfrente, en Santa Martha. 
Los policías de la base mixta tomaron sus binoculares. Dijeron que era mala señal. Siguieron brotando pequeños incendios de manera simultánea. Se escuchó un disparo. Salieron los hombres de las casas, Pedro Lunez estaba entre ellos. Sonaron los radios, volvió el estado de alerta. Las hijas de la familia tuvieron que consolar a la mamá, que de nuevo tenía las manos sobre sus mejillas. Sonaron ráfagas de balazos. Era hora de ir a esconderse a la cocina.
(Este reportaje es parte del proyecto Fuera de Casa, una plataforma sobre el desplazamiento forzado interno en México. Para ver el proyecto completo visita horizontal.mx)
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