Chile hoy 6 de marzo también debe despertar ante de las violaciones sistemáticas más evidentes de los Derechos Humanos en el ámbito de la infancia vulnerable. Esto no se puede desconocer ya que a partir de diversos informes en que han participado representantes de UNICEF y del sistema judicial como los del “Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información Referente a Niños, Niñas y Adolescentes en Sistema Residencial” del 2012 así lo demuestra.
Así pensamos un porcentaje significativos de profesionales del Trabajo Social y miles de ciudadanos/as que hemos concluido dolorosamente que el Estado tiene una significativa responsabilidad por no garantizar uno de los principios ético-morales más preciados que nos quedaba desde el término de la dictadura. Situación que levanta la duda sobre la real existencia de una cultura de defensa de derechos y cuidados de niñas/os en el país en el espacio comunitario y cotidiano nacional.
Esta inexcusable situación requiere no sólo de una retórica que apela al perdón o la reparación del daño causado por parte de las autoridades, como tampoco requiere únicamente de la mirada crítica de los gremios profesionales que desempeñan funciones en el área. Sino que es fundamental una mirada rigurosa y política de cómo estamos construyendo un imaginario sobre la infancia “vulnerable” en Chile que participa del SENAME.
En este contexto de “alzamiento popular” se requiere una nueva mirada técnica y política que apunte no solo a una “división administrativa” de lo existente y cambios en los sistemas de control y supervisión sino que es fundamental un enfoque de la Política Social que apunte a construir un nuevo vínculo entre ciudadanas/os e Infancia que este sistema constitucional no ha podido garantizar. Los Derechos de la infancia es tarea de todos/as y la marcha convocada por las organizaciones sociales el día de hoy 6 de marzo espero lo pueda demostrar.
Si bien se han realizado ciertos avances en los últimos años especialmente con la creación de la “defensoría de la niñez” y las OPD (oficinas de Protección de Derechos a nivel comunal), no es menos cierto que al poco andar han demostrado fortalezas y debilidades, parte de estas últimas es el centralismo de la defensoría y la falta de recursos y tareas para y de las OPD.
El SENAME fue creado en 1979 en plena dictadura, como parte del engranaje neoliberal que fue ofertado por sus ideólogos y técnicos como una manera exitosa de enfrentar lo que ellos/as llamaban “ineficacia e ineficiencia del Estado” en el ámbito social infantil. Se pensaba que los “privados”, a través de instituciones colaboradoras”, lo harían mejor implantando una lógica subsidiaria que intentaba fomentar programas de prevención, protección, tratamiento y re-habilitación cuya evaluación de logros estaban sustentados en indicadores estratégicamente elaborados para consolidar el modelo.
La implementación de este modelo redujo la acción del Estado a su mínima expresión, basado en sistemas de supervisión débiles y políticamente sometidos a poderes facticos de ciertas instituciones colaboradoras. La llegada de la democracia en la década de los 90 solo profundizó y tecnificó la participación de privados que continuaron con las políticas de separación de niños-niñas y adolescentes de sus familias, ya sea en proceso de adopción o en procesos de “internación”, continuando con la institucionalización e inhabilitación social de ellos/ellas por un lado, y por otro generando espacios “protegidos” en Programas in-situ fragmentados o que solo derivan en un circuito carentes de acciones sustantivas y rodeados de contextos comunitarios adversos.
En el caso de los/as niños/as “infractores/as de ley”, se buscó la reclusión parcial o total pero estos programas naufragaron técnicamente y el éxito de sus acciones más bien quedaron supeditados al compromiso y experiencia de los/as profesionales del área, muchos/as de los cuales se reconocen como “militantes de los derechos de niñas/os”.
Esta situación siguió manteniendo la lógica de “mercado social” para la atención de la infancia vulnerable con “ofertas” de programas y cuestionables metodologías de trabajo de Instituciones Privadas Colaboradoras del SENAME. Ellas no cumplieron con las buenas intenciones declaradas ni con el fondo cualitativo de los objetivos propuestos y esperados. Desde mi perspectiva, esta limitante no se sustenta únicamente en los montos financieros de la subvención entregada, sino al parecer su centro está en las miradas neo-asistencialistas, neo-paliativas o seudo-proteccionistas que se realizan.
En este escenario, Fundaciones de distinta naturaleza que convocan a connotadas figuras del mundo social y político como parte de sus directorios para resguardar su existencia a pesar de sus pírricos logros y constantes “errores” y “negligencias”. Las antiguas Organizaciones No Gubernamentales que defendieron los Derechos de niñas/os y adolescentes hoy se transformaron en Organizaciones Para Gubernamentales (OPG) y sucumbieron a la Política de Infancia hegemónica neoliberal. Muchas de estas últimas han instalado un discurso auto-complaciente y se victimizan ante el enfoque gubernamental.
Todo ello es parte de esta violación sistemática de derechos y cuyo sustento, desde mi perspectiva, se encuentra en el modelo Subsidiario, “consagrado constitucionalmente” por ello pienso que solo una nueva constitución puede abrir posibilidades de cambios.
El sistema debe re-inventarse progresivamente en el corto plazo rescatando la mirada crítica y la experiencia acumulada de los/las funcionarios/as. Son estos/as trabajadores/as y profesionales los/as que más saben sobre la atención de niños/as en situación de crisis, pero el centro de todo, es la voz, participación y experiencia de una infancia transversal en lo social que supera al SENAME, así como la diversidad de padres, madres y/o responsables de cuidadores/as existentes en el país.
Extinto el SENAME, se requerirá de una Institución que disponga de la capacidad para convocar a niños-niñas y adolescentes, sus familias y organizaciones comunitarias y ciudadanas a un debate que entregue las bases participativas de una Nueva Política de Infancia para situar prácticas auténticas de prevención, protección y rehabilitación transversal de todos/as los niños/as del país.
Para ello se requiere pensar un nuevo Chile y una nueva constitución que contribuya y garantice una Política Social de Infancia plena de derechos, solvente en lo ético-doctrinario, con soporte político ciudadano, con nuevas fortalezas técnicas y mecanismos de evaluación integrales e intersectoriales. Chile requiere un nuevo enfoque de Estado Moderno después de la opacidad neoliberal que apunte, incorpore y deje de estigmatizar a los niños y niñas y adolescentes del Pueblo.
Sin embargo existe la urgencia e inmediatez que supere la visión singular y atienda el tejido social y colectivo en que se encuentran estos/as últimas/os, para ello es fundamental abordar los complejos contextos y escenarios comunitarios que se han descuidado por las autoridades centrales, apoyando los enormes esfuerzos y acciones de alcaldes/as y sus equipos profesionales pero con una mirada amplia de una infancia país.
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