En una declaración conjunta, organizaciones ambientalistas y de la salud (como Greenpeace, Fridays For Future, SCAC, FIMA, Fenpruss, Confusam, Espacio Público, entre otras), emplazaron al gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú.
“Hoy, organizaciones del área de la salud, la academia, las comunidades indígenas y movimientos ambientales nos unimos bajo un lema común: la ciudadanía debe ser parte de la conversación, y para eso, los gobiernos deben dejar de ocultarnos la información. Cuando se debe enfrentar una amenaza a la salud pública que pone en riesgo la vida de las personas, tenemos derecho a saber qué está pasando exactamente y cómo podemos ayudar a detenerla”, dicen los firmantes de la declaración.
“Esta premisa, que para muchos parece tan obvia, queda consagrada expresamente en el Acuerdo de Escazú, un inédito tratado internacional de América Latina y el Caribe que obliga (en su artículo 6, párrafo 5) a los gobiernos de la región a ser transparentes e incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan”, agrega el activista de Fridays For Future y embajador del Acuerdo de Escazú, Sebastián Benfeld.
El Acuerdo de Escazú se adoptó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. El tratado garantiza los “derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso de justicia en materia ambiental”, indica el artículo 1 del documento.
“Inexplicablemente, y a pesar de haber sido su promotor, Chile ha optado por no suscribir el Acuerdo, situación que ha implicado la continuación de dinámicas problemáticas, tales como la poca transparencia en torno a los datos de contaminación en territorios críticos como Quintero y Puchuncaví o, como también, en la gestión de esta crisis sanitaria, entregando cifras con un nivel de desagregación y periodicidad que impide hacer análisis más profundos de los efectos y proyecciones de la pandemia”, continúa la declaración.
“La situación que estamos viviendo hoy es un claro ejemplo de como la transparencia de la información permite que más actores estén regulando el actuar del gobierno, y cómo la falta de datos o información puede repercutir directamente en salvar vidas”, indican las organizaciones firmantes.
“Este mismo caso lo vemos en el mundo académico, donde mientras las y los expertos han intentado dar con algunas soluciones para esta crisis, su trabajo ha sido dificultado por la falta de información y transparencia en torno a la crisis, al tener como respuesta por parte de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que “hoy no es el momento para exigir ese tipo de información”, añaden.
“Estamos ante una crisis, y debemos tratar todas las crisis con seriedad. Las organizaciones ambientalistas llevamos años advirtiendo sobre las consecuencias de no abordar con seriedad los riesgos aparejados a la crisis climática y ecológica de la misma forma que las organizaciones de la salud llevábamos años advirtiendo sobre la precariedad de nuestro sistema de salud”, consigna la declaración.
“¿Nuevamente vamos a esperar otra gran crisis para actuar? No volvamos a repetir los mismos errores que hemos tenido con el coronavirus, con la crisis climática e hídrica. Aún estamos a tiempo de actuar, pero no solxs ni a puertas cerradas: debemos actuar coordinados política, ciencia y ciudadanía”, indican.
“De esta crisis, y de las que vienen, sólo saldremos con unidad, dialogando y actuando. No permitiremos que nos sigan dejando fuera de la discusión, hagamos del diálogo y de la transparencia elementos indispensables para nuestra democracia. Las organizaciones aquí firmantes, en unidad, emplazamos al gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú ahora, a dejarse de excusas y a actuar escuchando a sus ciudadanos.”, finalizan las organizaciones ambientalistas y de la salud.
Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia se necesitan las ratificaciones de 11 países, de las que se tienen nueve: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
La no firma del gobierno
Chile no ha firmado ni ratificado el tratado. Una de las principales inquietudes del gobierno respecto al acuerdo es con el artículo 11, que establece que los “países en desarrollo sin litoral” (como Bolivia) se les debe prestar consideración y cooperación. Es más, en su momento, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, afirmó que el gobierno no firmó el pacto para no poner en “peligro la soberanía de nuestro país”.
En una anterior entrevista con El Mostrador, el embajador del Acuerdo de Escazú, Sebastián Benfeld, desmintió los dichos del gobierno.
“La referencia a los países sin litoral es muy frecuente en los tratados internacionales, se puede ver incluso en el Convenio Marco de Cambio Climático, por dar un ejemplo. Ahora, en el acuerdo la cooperación es una obligación colectiva de todas las partes, lo que hace muy difícil que se pueda imponer sobre un estado en particular. Además, la cooperación es exclusivamente para apoyar la implementación del acuerdo, no para otros fines”, explicó Benfeld.
