Javier González se oye entusiasmado. El profesor de la Universidad de Cambridge, economista especializado en educación, desigualdad, movilidad social e innovación se ilusiona con el impacto que puede tener para la enseñanza chilena la redacción de una nueva Constitución, si se hace mirando la experiencia de quienes lo han hecho bien.
“Es muy real el efecto de una Constitución sobre las vidas particulares de las personas, especialmente de las personas que viven en desventaja”, dice, precisando que estos son los pobres, inmigrantes, los grupos LGTBI, los niños de zonas rurales sin conexión a internet, los privados de libertad y los estudiantes con necesidades especiales.
González se ha dedicado a investigar las mejores experiencias educativas del mundo y sus posibilidades de despliegue en los países de la región. Lo ha hecho desde 2016 a través de Summa, un Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe creado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Guatemala, Honduras y Panamá.
La revisión de experiencias en Alemania, Japón, Estados Unidos, Holanda, Irlanda, España, entre otros, lo lleva a concluir que las constituciones de los países exitosos sí incluyen en sus constituciones aspectos que direccionan sus modelos educacionales.
“No es cierto que la Constitución dé lo mismo y que se pueda avanzar en reformas educativas sin cambiar la Constitución, porque la Constitución sí ha sido tope para hacer ciertas reformas a través de la interpretaciones del Tribunal Constitucional”, sostiene, recordando episodios fallidos como el intento de prohibir el lucro en los controladores de instituciones superiores o que se apelara al derecho a la libertad de enseñanza para impedir la matrícula de una chica trans en el Liceo 1 de Santiago hace unos años.
“Derecho de papel”
El experto comenta que hoy existen al menos tres “nudos” en la Constitución nacional vigente que afectan el impacto que la sociedad espera de su sistema educativo y su efecto en la movilidad social.
Uno es la consagración del derecho a la educación, que de acuerdo a la ONU debería reposar en la obligación del Estado de proveer enseñanza gratuita; sin discriminación; de calidad; y adaptable a las características locales.
“El Artículo 20 de la Constitución chilena dice que el derecho a la educación no es exigible (judicialmente), por lo tanto es un derecho en el papel, no garantizado”, avisa González.
El especialista añade que para velar por la calidad, la constitución holandesa consagra la regulación del estándar y las competencias de los profesores. Y como modelo de adaptabilidad a la realidad local, agrega que Suiza obliga a sus cantones a preservar la armonía entre las comunidades lingüísticas y étnicas.
El Estado garante
Un segundo nudo que González visualiza en la Constitución es el rol del Estado como garante de la educación.
“Chile es de los países más privatizados del mundo, eso no es lo normal, es una mala excepción”, dice
Si bien reconoce que esto se ha revertido en la última década con medidas como la Ley de Inclusión y la Subvención Escolar Preferencial (SEP), pensada para favorecer a los estudiantes vulnerables, demanda que la Constitución consagre un trato primordial para la educación pública.
“Japón, Alemania, con trayectorias democráticas, liberales, lo hacen. Tienen un compromiso con lo público, con la igualdad de oportunidades reales. Y en Estados Unidos la mayor parte de la matrícula está en la educación pública”, recuerda.
Libertad real
El tercer nudo que ve es el carácter que le da la libertad de enseñanza la Constitución. A su juicio, se usa para excluir, mientras que países como Alemania establecen que para abrir un colegio privado se deba exponer cuál va a ser la innovación pedagógica que lo amerite; y en España la constitución consagra la descentralización de las comunidades y la participación con voz y voto de los padres en los consejos escolares.
González cree que estos aspectos deben ser considerados al elaborar una nueva carta magna, por lo que cuenta que Summa realizará talleres y reuniones con centros de estudios y líderes para que entiendan que la convención es una oportunidad.
“Queremos informar y desprejuiciar una discusión constitucional de trinchera, muchas veces no basada en lecciones reales, experiencia internacional ni el estudio de la política educativa, sino que desde el prejuicio desinformado”, plantea.
“Otros países han tomado rutas basadas en principios de igualdad, de inclusión y son muchísimo más desarrollados que Chile. Muchas veces se tienen temores infundados de que esto podría generar ciertos problemas para la senda de desarrollo de Chile, cuando en realidad es al revés: aquellos países que han abrazado estos principios son quienes en el largo plazo se han desarrollado económica, política y socialmente”, asegura.
