Los presidentes de los partidos que componen la Convergencia Progresista, Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde (PS) y Carlos Maldonado (PR) presentaron durante este jueves un documento de 97 páginas que contiene una propuesta para los contenidos que debieran estar incluidos en la nueva Constitución.
El texto, que no es oficial de los partidos, fue elaborado por 50 abogados constitucionalistas, liderados por Francisco Zúñiga y Felipe Paroti.
Considera trece ítems sobre los fundamentos del Estado, la sociedad y la economía; derechos fundamentales y sus garantías; régimen político: semipresidencial; gobierno y administración del Estado; participación ciudadana; y sistema electoral, entre otros.
De acuerdo a Muñoz, el documento presentado durante esta jornada “es útil para guiarnos a los distintos partidos, a las fuerzas políticas y a los independientes en la elaboración de una nueva Constitución”.
Maldonado, en tanto, sostuvo que “queremos que sea un aporte al debate constitucional”.
Elizalde agregó que “el proceso constituyente abre la posibilidad de construir un Chile distinto y correr el cerco de lo posible (…) Esta propuesta es un insumo, un aporte muy relevante. No es un texto oficial pero sí representa, en términos generales, nuestra visión y nuestra postura”.
Claves del texto
Entre los puntos más destacados del texto, se incluye un “sentido doctrinario” de un nuevo Estado.
Otra parte del documento señala que “uno de los principales objetivos políticas que las fuerzas progresistas deben asumir en este momento constituyente consiste en apostar por la alteración de la estructura del poder que se aloja en la Constitución (…) y así lograr las reformas políticas que permitan desconcentrar el poder, a través de la incorporación de las mujeres a espacios históricamente cooptados por hombres, sentando las bases para una democracia paritaria”.
También piden la instauración de un régimen semipresidencial que considere la separación de la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno (primer ministro), donde el primero tenga una legitimidad democrática directa y el segundo una legitimidad indirecta dependiente de la relación fiduciaria o de confianza con la Cámara de Diputadas y Diputados.
A su juicio, la nueva Constitución deberá garantizar a las personas “un ambiente adecuado y un entorno sano. De igual modo, los poderes públicos deben asegurar a las personas el goce de un medio ambiente libre de contaminación y adoptar medidas para promover el respeto y sostenibilidad de la biodiversidad”.
