Durante esta mañana, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter presentó un proyecto de ley que establece que las autoridades, imputadas en delitos de corrupción, como cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y delitos electorales, que opten por la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, cesen de inmediato en el ejercicio de su cargo y queden inhabilitadas por al menos tres años.
El proyecto cuenta con las firmas de los parlamentarios de oposición, Catalina Pérez (RD), Daniel Nuñez (PC) y Leonardo Soto (PS), entre otros, y busca elevar los estándares de probidad y transparencia que exige la ciudadanía y va en línea con las recomendaciones realizadas por la OCDE a nuestro país para la lucha contra la corrupción.
Este mes se cumplen dos años que el senador Moreira, pese a que reconoció públicamente los hechos delictivos para financiar su campaña, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento. Esta salida alternativa al juicio oral, no permite establecer con claridad y certeza si el imputado es culpable o no de los delitos de corrupción, generando un manto de duda que daña el proceso democratico.
“En los últimos años, los casos de corrupción socavaron la legitimación de todo el sistema político, no solo por la gravedad de los casos, sino también por la impunidad. En el caso del senador Moreira, quien optó por la suspensión condicional, la ciudadanía nunca tuvo claridad si era culpable o no de los delitos, por lo tanto, quedó un manto de duda en su caso y, posteriormente, siguió legislando”, explicó el parlamentario Winter.
A su vez, el diputado Winter agregó que “la opinión pública sabe que al pobre la ley cae con su arista más filosa y, en cambio a las autoridades, -que deben legislar y fiscalizar el cumplimiento de la ley-, pueden optar por estas salidas alternativas. Esperamos que el proyecto se apruebe rápidamente” y recordó que existe un nuevo caso de corrupción en el Congreso. Hace unos días, la Fiscalía solicitó el desafuero del senador Ossandón en el marco del caso Cavilú.
La presidenta de Revolución Democrática y firmante del proyecto, diputada Catalina Pérez, sostuvo: “Es imprescindible elevar los estándares de probidad y transparencia. Todas y todos tienen el derecho de conocer a qué intereses responden sus representantes y si son culpables o inocentes de un delito vinculado a corrupción. Algo tan sencillo como eso hoy no es posible si senadores y diputados tienen la posibilidad de acceder a salidas alternativas en vez de enfrentar un juicio oral. No podemos seguir de brazos cruzados cuando vemos que parlamentarios investigados por corrupción pueden seguir legislando”.
En tanto, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, indicó que este proyecto responde a una demanda ciudadana transversal que se instaló con fuerza luego del estallido social “y que es tener leyes y una política de tolerancia cero a la corrupción y esta ley va en esa línea, pues no permite que, a través de artilugios, autoridades puedan ocupar estas normas que son garantistas, que buscan beneficiar a la gente común y corriente para permanecer en su cargo y por esa vía, escudarse de transparentar las situaciones que pueden haberlos afectado en casos de corrupción, que tienen graves consecuencias para la credibilidad de la ciudadanía hacia el mundo político y las autoridades del gobierno”.
Además, Núñez hizo un llamado a la Comisión de Constitución para comenzar rápidamente la tramitación de este proyecto y así, en marzo poder revisarlo en Sala, indicando que “Chile requiere leyes como esta, la verdadera tolerancia cero a la corrupción parte por los delitos que menos se sancionan que son justamente los delitos de corrupción, los delitos de cuello y corbata”.
Por último, el diputado del Partido Socilista, Leonardo Soto, en el punto de prensa, afirmó: “Hay mucha impunidad en materia de corrupción en los últimos años y eso ha causado una herida grave a nuestra democracia, tenemos una democracia dañada por personas que decidieron abandonar su juramento y compromiso en sus cargos de elección popular y establecer vínculos de corrupción con grandes empresas y el problema que hay es que no han recibido una sanción severa y proporcional al daño que le causaron a toda nuestra sociedad. Por eso este proyecto de ley pretende cerrar el espacio, el camino que han utilizado varias autoridades políticas para evadir la justicia, como es la suspensión condicional del procedimiento. Esta es una vía que han utilizado profusamente y ha permitido que no pasen ni un día en la cárcel, que se mantengan en sus cargos de elección popular generando una frustración y decepción gigantesca para todos los chilenos”.
