El juez segundo de distrito en el estado de Chihuahua emitió una sentencia en la que obliga al Consejo de Salubridad a emitir “las acciones necesarias tendentes a la prevención, contención y atención” de COVID-19 en la población migrante, haciendo una mención especial a las personas que son expulsadas al estado desde EU.
La sentencia, a la que tuvo acceso Animal Político, limita su acción al estado en la que fue emitida. Sin embargo, sus promotores confían en que marque una tendencia para otros amparos presentados en la Ciudad de México y que deberían aplicar para toda la república.
También cuestiona a diversas instancias de los gobiernos federal y estatal, desde la secretaría de Salud hasta el Instituto Nacional de Migración (INM), pasando por la Presidencia o la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero se centra en el Consejo de Salubridad, por ser el organismo encargado de determinar la política relacionada con la COVID-19. A esta institución, presidida por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, le dice que debe poner en marcha un protocolo de protección para la población migrante, a la que se considera un sector vulnerable.
La sentencia también insta a las autoridades federales a elaborar un mecanismo que facilite la reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentren en territorio mexicano. Ambos mandatos forman parte de la sentencia relativa al juicio de amparo 570/2020 interpuesto por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) y la organización Derechos Humanos en Acción, que se ampararon por la falta de medidas de control de la pandemia entre la población migrante que llegaba a Chihuahua.
Animal Político consultó sobre la sentencia a las secretarías de Salud y Relaciones Exteriores, así como al INM, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Efectos legales
“La principal consecuencia son los efectos que señala el juez. El Consejo de Salubridad tiene que emitir acciones para las personas migrantes. Tiene que acreditarlas ante el juez. No es suponer y decir que se está haciendo, sino que tiene que presentar evidencias en el estado de Chihuahua, y de que está siendo efectivo”, dijo Ana Lorena Delgadillo, presidenta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). En caso de incumplimiento, Delgadillo explicó que los responsables se podrían enfrentar a castigos que van desde su relevo como funcionario hasta la cárcel.
“Es importante que habla de los casos de reunificación familiar que se suspendieron por la pandemia. Se tiene que llevar a cabo trámites que quedaron pendientes”, explicó Delgadillo, quien señaló que la pandemia supuso un incremento de las violaciones a los derechos de los migrantes. La presidenta de la FJEDD destacó la posición adoptada por el juez y consideró que este debería ser un punto de partida para la resolución de próximos amparos.
Opacidad
La sentencia desmonta el discurso oficial mantenido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que siempre aseguraron que los migrantes eran una población protegida en México. El juez obliga al Consejo de Salubridad a establecer un protocolo de protección porque considera que, hasta el momento, no había ninguno.
Animal Político solicitó al INM datos sobre cuántos migrantes habían enfermado en sus instalaciones desde marzo de 2020 pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. La opacidad ha sido habitual en esta institución, que siempre negó tener casos al interior de los centros de detención hasta que documentos obtenidos probaron que la pandemia también se extendía en las estaciones migratorias. A día de hoy, sin embargo, no hay una cifra oficial sobre contagios y fallecimientos por COVID-19 bajo control del INM.
Otro punto relevante es que hace mención específicamente a los migrantes devueltos mediante el Título 42, un mecanismo legal impuesto por el expresidente Donald Trump por el que los mexicanos y los centroamericanos detenidos al cruzar irregularmente la frontera son obligados a regresar a México sin opción a pedir asilo. Según datos oficiales de Estados Unidos, cerca de un millón de personas fueron retornadas por esta vía desde marzo de 2020. Organizaciones sociales que trabajan en la frontera han denunciado en reiteradas ocasiones que son expulsadas sin un control de sanidad, por lo que se han facilitado los contagios.
Aunque la sentencia se limita solo a Chihuahua, llega en un momento clave ya que coincide con una oleada de deportaciones aéreas desde ciudades de Texas, Estados Unidos, con destino a Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco. En ellos viajan decenas de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que son expulsados a Guatemala por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional.
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