¿Compra de voluntades?

¿Compra de voluntades? La exhibida que el regidor Sadol Osorio Porras hizo al Gobierno municipal de Jesús Estrada Ferreiro por los polémicos préstamos de hasta 100 mil pesos a empleados de confianza y al menos a un regidor, mientras a los nuevos jubilados se le insiste en que el municipio no tiene recursos, mantiene, como coloquialmente se dice, la víbora chillando, no solo en Palacio de Gobierno. Ayer, el tema hizo eco en el Congreso del Estado, donde el diputado morenistas y detractor de Estrada, Pedro Alonso Villegas Lobo, criticó la autorización de estos préstamos por parte del alcalde, pues son, dijo, para la compra de voluntades y dárselos a sus amigos, lo que al final calificó como un acto de corrupción, pues sostiene que son ilegales al menos en el caso del exregidor Sergio Beltrán, pues señala que no existe ninguna relación patronal entre el presidente municipal y el exedil.
Lucas, entre los beneficiados. En calidad de “asesor A” del Gobierno municipal de Culiacán, el exdiputado experredista, ahora morenista, Ramón Lucas Lizárraga, salió a relucir en la lista de servidores de confianza no solo como asesor, sino también como beneficiario de un préstamo por 25 mil pesos que le otorgó la Administración de Estrada Ferreiro en el trienio pasado. En una revisión a los registros de funcionarios del Ayuntamiento, es posible confirmar que Lucas Lizárraga, quien en un principio sonó para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento y luego quedó fuera de dicha consideración, aparece como “asesor A”, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento todavía en marzo de este año, pero ya para el segundo trimestre no aparece en el listado de servidores públicos. Realmente serían préstamos para comprar conciencias, como señaló Pedro Villegas Lobo.
No a obras magnas. En su primera entrevista para EL DEBATE, el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, reafirmó que la prioridad del Gobierno estatal que encabeza Rubén Rocha Moya serán las obras de tipo social, obras pequeñas que atiendan los rezagos en temas como, por ejemplo, suministro de agua potable, saneamiento, electrificación, rehabilitación de caminos y calles, obra social que mitigue de inmediato los rezagos y que a cambio generen bienestar social. Por supuesto que descartó la realización de obras magnas, como las que anteriores Gobiernos han realizado, pues así lo dijo: “no será prioridad construir nueva gran infraestructura”, si acaso ayudarán en la rehabilitación de espacios y equipamiento, como en el caso de hospitales que construyó el anterior Gobierno, pero que no terminó de equipar.
Críticas a la titular de Sepyc. Apenas transcurre la tercera semana del nuevo Gobierno, y los cuestionamientos a los perfiles de nuevos funcionarios siguen surgiendo. Esta vez tocó el turno a la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, a quien le han cuestionado duramente el nombramiento de una joven recién graduada de la normal, Yamileth Alva Quintero, como jefa del Departamento de Educación Preescolar Federalizada, pues le señalan la falta de experiencia en el cargo para una responsabilidad de esta naturaleza. Desde luego que la funcionaria estatal salió en defensa de su nueva “pupila” al afirmar que la joven cumple con el perfil de idoneidad y que las personas jóvenes también tienen derecho a una oportunidad para ocupar jefaturas de este tipo, por lo que consideró injustos los señalamientos en contra de esta nueva funcionaria, quien se graduó el año pasado durante la pandemia. Sobre este mismo tema, el presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso de Sinaloa, el priista y exdirector general de Cobaes, Sergio Mario Arredondo, pidió a la titular de Sepyc que clarifique esta designación y aprovechó para hacer un llamado a que los nombramientos de funcionarios del Gobierno estatal se hagan conforme al perfil de idoneidad de cada puesto. Parece que el legislador desconoce que gran parte de los cargos se otorgan a “cuates” y/o “por cuotas”, y el tema del perfil pasa a segundo término.



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