Un juez de distrito en materia penal de la Ciudad de México decidió no vincular a proceso a 16 exdirectivos del sistema penitenciario federal por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, más el delito de asociación delictuosa (imputado a tres de ellos).
El juzgador consideró que Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la imputación para actualizar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por la presunta firma de convenios modificatorios a los contratos de prestación de servicios de capacidad penitenciaria que hizo la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
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La FGR acusaba de diversas irregularidades a 16 de 20 exfuncionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por el caso de un presunto sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en los contratos de prestación de servicios privados en ocho prisiones de alta seguridad.
Tras la audiencia inicial, desde el pasado 17 de enero, el juez resolvió que en los convenios que firmaron la mayoría de los involucrados sí había una unidad de “propósito delictivo”, pero señaló que el delito ya había prescrito, por lo que desechó la acción penal solicitada por la Fiscalía.
Algunos de los exfuncionarios federales involucrados son los directores de administración Paulo Uribe Arriaga, Raúl Gerardo Lemus Soto; los coordinadores de Centros Federales Celina Oseguera Parra, Antonio Molina; los directores adjuntos administradores Miguel Vital Hernández, entre otros.
A quienes se les imputó el delito de asociación delictuosa fueron Gonzalo Villarreal Guerra, excoordinador de los Centros Federales, Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones de los Centros, y Arturo Sosa Viderique, exdirector general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales.
Estos últimos, quienes presuntamente suscribieron los ocho contratos de centros penales durante la administración de Calderón Hinojosa, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad.
El caso legal inició luego de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y la Consejería Jurídica de la Presidencia denunciaron las irregularidades en el pago a penales administrados por particulares.
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