El gobierno federal busca crear “módulos” especiales en las prisiones para segregar y aislar a las personas sentenciadas o vinculadas a proceso por el delito de secuestro, medida que fue considerada como punitiva e ineficaz por parte de especialistas penitenciarios y defensores de derechos humanos.
Autoridades de seguridad señalaron que la medida pretende evitar que dichos infractores tengan contacto con el resto de la población penitenciaria a fin de que no formen grupos delictivos dedicados a la comisión de secuestros desde la cárcel.
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El plan está contenido en el anteproyecto del Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Delito de Secuestro 2021-2024, que fue elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).
“Los centros penitenciarios enfrentan el riesgo de ser un espacio de contacto entre delincuentes. Debido a lo anterior, es importante generar mecanismos para inhibir que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país participen en la comisión del delito de secuestro, evitar que tales espacios funjan como incubadoras de grupos delincuenciales, y restringir la comunicación, la construcción de lazos y el intercambio de experiencias.
“En ese sentido, resulta importante conocer las dimensiones y características de la población que se encuentra en los centros penitenciarios, y crear módulos específicos para personas sentenciadas por el delito de secuestro en todas las entidades federativas del país para evitar que se relacionen con el resto de la población penitenciaria”, señala el anteproyecto, que se encuentra en revisión de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
El documento oficial expresa un particular interés en “fichar” y aislar a las personas encarceladas por secuestro para evitar que su contacto con el resto de la población penitenciaria les sirva para continuar y fomentar la comisión de ese delito.
El informe especifica que, a la fecha, la única prisión especializada en personas privadas de la libertad por secuestro es el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14 de Gómez Palacio, Durango, clasificado como de alta seguridad.
“(Se busca) promover la consolidación de las bases de datos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios por el delito de secuestro para su identificación y ubicación en dichos centros a nivel nacional.
“(También) proponer la consolidación o creación de módulos especializados de atención para personas privadas de la libertad por el delito de secuestro a nivel nacional para inhibir su participación en la comisión de este delito, así como evitar que se reproduzcan las conductas delictivas en la población penitenciaria”, indica el anteproyecto.
Critican punitivismo
Especialistas criticaron la medida propuesta por el gobierno federal al considerar que es ineficiente para reducir los índices de secuestro y además no contribuye a la reinserción social de las personas sentenciadas por ese delito.
“La segregación de secuestradores es una estupidez a nivel penitenciario y criminológico; hay una ausencia de conocimiento del perfil del secuestrador que no se está considerando en el funcionamiento penitenciario: el secuestrador es el más tranquilo de los criminales dentro de la cárcel, el que mejor se porta, el que menos se droga, tiene ciertas características que te ayudan a balancear la cárcel, y no está comprobado que juntar secuestradores con no secuestradores haga a más secuestradores”, afirma en entrevista Saskia Niño de Rivera, presidenta de la asociación civil Reinserta.
“No hay sustento alguno de este tipo de iniciativas, y son absolutamente reprobables; lo que tenemos que hacer es dejar de encarcelar a gente que no tiene que estar en la cárcel, la cárcel debe ser únicamente para personas que realmente son una amenaza para la sociedad. Es como si dijéramos que el asesino, si se junta con asesinos, va a hacer más asesinos; es una teoría sin fundamente criminológico”.
La especialista señala que la propuesta es punivista, se aleja de la reinserción social y no contribuye a la reparación del daño.
“Hay ausencia de teoría criminológica, ausencia de números e investigación previa, y es una medida, como muchas que se hacen en este país, que es punitiva y que se hacen para generar votos, porque la gente en México hoy vota por este tipo de castigos, y de lo que no nos damos cuenta es que esto solamente alimenta el sentimiento de venganza que tiene la sociedad a raíz de la falta de Estado de Derecho”, plantea.
“Tenemos el tema de reinserción social con secuestradores; es una utopía la reinserción social en este país, las penas mínimas de un secuestro no te permiten que pueda haber una posibilidad de reinserción social; tiene que haber ciertas ocupaciones dentro de la cárcel y, si lo quiere esa persona, ciertas modificaciones de conducta dentro de la cárcel con programas de reinserción social; no hay una reinserción social, los que están en la cárcel por secuestro probablemente no vayan a salir, la pena mínima es de 60 años”.
Niño de Rivera sostiene que para abordar el problema de secuestro se deben implementar medidas en el sistema de justicia penal, no en el sistema penitenciario, como plantea el anteproyecto elaborado por el gobierno federal.
“Tienes que apostar por el Estado de Derecho; tienes un nivel de impunidad brutal en México, 94% de los delitos no se denuncian, ser un delincuente en este país es rentable, las posibilidades de que te vayan a agarrar son mínimas. El problema lo tienes en el sistema de justicia penal, no en el sistema penitenciario, el sistema penitenciario tiene su problema de ingobernabilidad, lo cual genera que existan extorsiones y que la gente opere secuestros porque (…) hay autogobierno”, explica.
La presidenta de Reinserta agrega que también se deben fortalecer la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase) y las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS) en los estados, así como capacitar al personal dedicado a atender este delito.
“Para prevenir el secuestro tienes que fortalecer el sistema de justicia penal, garantizar que (funcionen) las UECS, que hoy están desbaratadas, la Cenase prácticamente ya ni existe, se desmoronó por completo, y esas estaban bajando los números en secuestro; tiene que no haber impunidad en el secuestro en este país y para eso tienes que tener policía especializada en temas de negociación, en inteligencia, y que realmente en este país quien decida secuestrar tenga consecuencias”, afirma.
Edomex, Veracruz, Morelos y CDMX, focos rojos
El anteproyecto del Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Delito de Secuestro 2021-2024 sostiene que la comisión de ese delito ha disminuido en la actual administración, en parte, gracias a la pandemia de COVID.
“A partir del 2016 inició una tendencia al alza, por lo que, a partir de diciembre del 2018, la actual administración implementó acciones operativas, con el apoyo de corporaciones policiales, fuerzas armadas y GN (Guardia Nacional), que, en 2020, junto con el confinamiento por la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, incidieron en la disminución de este delito en un 37.50% respecto del 2019”, dice el documento.
Agrega que, durante el primer semestre de 2021, se logró una disminución del 53.3% en la incidencia delictiva del secuestro del fuero común en comparación con el mismo periodo de 2018, gracias al trabajo coordinado de la Conase, las Fiscalías Generales de Justicia —a través de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS)— y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la FGR.
A pesar de la reducción de la incidencia delictiva, el Estado de México, Veracruz, Morelos y la Ciudad de México, en ese orden, continúan siendo focos rojos en materia de secuestro.
En 2020, de acuerdo con el documento, se reportaron mil 130 personas sin situación de víctimas por el delito de secuestro del fuero común y federal. Tan solo los cuatro estados mencionados concentraron el 47% del total de víctimas.
Las entidades con menos reportes de víctimas por este delito fueron Yucatán, Durango, Campeche, Nayarit y Baja California Sur.
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