El juez federal Artemio Zúñiga programó para el próximo 27 de abril la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusará formalmente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht para favorecer a la empresa con contratos. En esa audiencia, la FGR presentará las pruebas con las que intentará obtener la condena contra Lozoya.
Se trata de la denominada audiencia intermedia, en la que la defensa de Lozoya también tendrá la posibilidad de responder a dicha acusación y aportar sus propias pruebas. Todo ello, de cara a un inminente juicio oral. Esta audiencia también representa la última posibilidad de Lozoya de alcanzar un acuerdo con la FGR para no ser procesado o para declararse culpable a cambio de una pena reducida.
De acuerdo con lo confirmado por autoridades judiciales a Animal Político, el acuerdo para la realización de esta audiencia fue programado el día de ayer y se notificará a las partes el día de hoy. La sesión se llevará a cabo de manera presencial a las 10:00 de la mañana, en el Reclusorio Preventivo Norte, y habrá acceso a los medios de comunicación.
Animal Político publicó el pasado 14 de febrero el documento completo de la acusación que los fiscales presentarán en la audiencia intermedia y que, siguiendo las reglas que marca el actual sistema penal acusatorio, primero fue enviado por escrito tanto al juez como a la defensa y a las otras partes interesadas en este proceso (Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda).
En dicha acusación, los fiscales señalan a Lozoya de ser responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, y solicitan que se le imponga una pena de hasta 46 años de prisión, además de pagar entre multas y reparación del daño más de 200 millones de pesos. En la misma acusación, la FGR también considera que la madre del exfuncionario, Gilda Susana Austin, es culpable de dos delitos y debe ser condenada a 23 años de prisión.
En síntesis, tras cinco años de investigaciones, los fiscales concluyen que el exdirector de Pemex fue quien solicitó y recibió más de 10 millones de dólares en pagos por presuntos sobornos entre 2012 y 2014. Dicho dinero fue transferido a través de empresas fachada constituidas en paraísos fiscales, y cuyas cuentas fueron proporcionadas por el propio exfuncionario. El dinero, según la acusación, fue lavado a través de triangulaciones, en las que Lozoya contó con el apoyo de sus familiares, y fue invertido al menos en una fracción en un departamento en Ixtapa, Zihuatanejo.
Para sustentar esta acusación, los fiscales detallaron que cuentan con 59 pruebas que consisten sobre todo en peritajes, testimonios y documentos. Entre dichas evidencias se encuentran las confesiones de siete exdirectivos de Odebrecht, los cuales señalan la forma como le transfirieron los recursos a Lozoya. La intención de la FGR es que estas personas comparezcan en el eventual juicio a través del sistema de videoconferencia.
En respuesta a esta acusación, Lozoya —a través de la defensa encabezada por los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas— presentó un escrito en el que dice contar con 37 pruebas distintas para demostrar que él no solicitó ni se apropió de los recursos entregados por Odebrecht. No obstante, se abstuvo de plantear su teoría del caso e incluso de declararse completamente inocente.
Pruebas, pacto o juicio
De acuerdo con expertos penalistas consultados por Animal Político, la finalidad de la audiencia intermedia es que ambas partes fijen sus posiciones, así como que presenten las pruebas que se usarán en la fase de enjuiciamiento. En la sesión, la defensa y la fiscalía podrán debatir sobre qué pruebas consideran o no procedentes, y el juez definirá cuáles son las que finalmente se mantienen y cuáles se desechan.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece también que la audiencia intermedia es la última oportunidad que tienen las partes para tratar de llegar a un acuerdo alterno que permita resolver el caso sin llegar a juicio.
Entre las opciones de terminación anticipada del proceso, está que el exfuncionario logre algún acuerdo con Pemex en el que se comprometa a reparar el daño causado, que consiga de parte de la FGR un criterio de oportunidad que suspenda el proceso, o bien, que se declare culpable sin ir a juicio a cambio de una pena reducida (procedimiento abreviado).
El referido código también indica que esta audiencia debió programarse en un plazo máximo de 40 días a partir de que se presentó la acusación por escrito, que en este caso fue el 4 de enero. Es decir, la audiencia debió realizarse a más tardar el pasado 14 de febrero. Sin embargo, debido a las cargas de trabajo que hay en los juzgados tras las suspensiones por diversos contagios de COVID-19, la programación ha tenido que retrasarse.
El largo proceso
La investigación por los sobornos que la constructora Norberto Odebrecht entregó en México se inició desde enero de 2017, cuando exdirectivos de dicha empresa confesaron en Estados Unidos que habían implementado un esquema de pagos ilegales en diversas partes del mundo, incluido nuestro país. Pemex presentó una denuncia formal ante estas declaraciones y se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.
Aunque a finales de ese año la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya contaba con evidencias incluso financieras de que los pagos sí se habían realizado, el caso no fue enviado ante un juez. Fue hasta el cambio de sexenio, en 2019, cuando el caso se consignó y se obtuvo una orden de aprehensión contra Lozoya.
Ante la sospecha de que Lozoya había huido del país, la FGR solicitó una ficha roja de localización y detención ante la Interpol. Finalmente, fue detenido en España y en julio de 2020 se le extraditó a nuestro país. Tras analizar la evidencia inicial, el juez Zúñiga determinó vincular a proceso al exdirector de Pemex para que continuara la fase final de la indagatoria.
Lee: Emilio Lozoya no probó que dinero de Odebrecht fuera para reformas
Sin embargo, durante un año y medio, Lozoya logró evitar la prisión preventiva (pese a que había elementos para ello) gracias a la colaboración que le ofreció a la FGR con la idea de probar que existía un sistema político de corrupción a gran escala, en el que estaban inmiscuidos hasta expresidentes, y donde él fue forzado a participar sin ser el beneficiario final.
Originalmente, el juez dio un plazo de seis meses para que dicha negociación se resolviera y la FGR decidiera si acusaba o no al exdirector de Pemex, pero ese plazo se fue alargando a petición tanto de la defensa como de los propios fiscales, ambos de común acuerdo.
La situación cambió el 3 de noviembre pasado, cuando en una audiencia los fiscales pidieron al juez que aplicara la medida de prisión preventiva en contra del exfuncionario. Esto, luego de que Lozoya fuera fotografiado cenando en un restaurante de lujo en la zona de Polanco. El juez Zúñiga autorizó el encarcelamiento al exdirector de Pemex en el Reclusorio Preventivo Norte, donde permanece hasta ahora.
Además de este caso, Lozoya también enfrenta otro proceso relacionado con los presuntos sobornos que recibió de parte de la empresa Altos Hornos, que derivaron en la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados. En ese proceso, la FGR también acusó formalmente al exdirector de Pemex y pidió una pena de 15 años de prisión en su contra. La audiencia intermedia de este caso se realizará el 11 de abril próximo.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo.
Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.#YoSoyAnimal
