Fue una hora y media en la que legalmente no pasó nada, pero en la que en los hechos ocurrió de todo: interrupciones al momento de tomar la palabra, acusaciones de filtrar datos a la prensa, amagos con sentencias de varias décadas de cárcel, reclamos por intimidaciones y violación a la presunción de inocencia como respuesta, insinuaciones de sospechas y mano negra. Y mucho… mucho pleito y desorden.
No fue un inicio fácil. La primera audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía acusar a cuatro abogados presuntamente cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer de múltiples delitos, entre ellos extorsión y lavado de dinero, terminó aplazándose una semana tras los señalamientos de los implicados sobre falta de tiempo para revisar el expediente.
Pero ello no impidió que los fiscales se enfrascaran en un fuerte debate con los abogados y sus defensores. Esto ante la mirada del juez José Rivas González quien, por momentos, pareció perder el control de la audiencia al ser interrumpido por todo mundo. En al menos tres ocasiones, los reclamos –casi gritos– de los abogados que comparecían por videoconferencia le impidieron dar por terminado el debate.
“Esta toga no se vende ni se intimida… al Poder Judicial se le respeta”, terminó señalando el juez levantando la voz, en un notorio ademán de molestia.
El pleito tuvo además varios testigos. Por un lado, el conocido abogado y empresario Juan Collado Mocelo, preso desde hace mas de dos años por lavado de dinero en el Reclusorio Norte, pero que en este caso figura como víctima y denunciante de las supuestas extorsiones de los abogados allegados a Scherer. Y por el otro, 14 periodistas y un funcionario del área de comunicación social de la FGR, situación que muestra el interés especial en este caso.
Aunque oficialmente la audiencia no alcanzó a ser declarada abierta por el juez, en el intenso debate se deslizaron algunos datos de la indagatoria. Por ejemplo, en la carpeta de investigación hay 887 mensajes de WhatsApp que, presuntamente, evidencian la extorsión que habría padecido Juan Collado. Entre esos mensajes hay 170 intercambiados con Helen Castillo, señalada como asistente del exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer. Incluso, la Fiscalía tendría entre sus datos de prueba audios relacionados con estos mismos hechos.
El fiscal Manuel Granados también adelantó que los delitos que se imputarán a los acusados (lavado de dinero, extorsión, trafico de influencias y asociación delictuosa) podrían alcanzar penas de hasta 40 años de prisión. Y confirmó que prevén pedir como medida cautelar la prisión preventiva en contra de los implicados.
Las hostilidades se reanudarán el próximo 8 de marzo, fecha en la que el juez ordenó retomar la audiencia inicial con una diferencia: ha pedido a los cuatro inculpados (Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Cesar Omar González Hernández, David Gómez Aranu e Isaac Pérez Rodríguez) que comparezcan personalmente en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Norte. “No habrá mas aplazamientos ni prácticas dilatorias”, les advirtió.
Al término de la audiencia, Mauricio Castro, representante legal de Juan Collado, se expresó sobre el tema:
“En caso de que efectivamente él estuviera nombrado y nunca fue revocado, sin duda hay un conflicto de interés”.
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— Animal Político (@Pajaropolitico) February 28, 2022
¿Por qué no vienen? ¿A qué le temen?
La ausencia de los abogados implicados en la sala de audiencias fue uno de los puntos centrales de la discusión. Casi la mitad de la hora y media de audiencia se consumió en dicho debate. Y es que, si bien en diciembre pasado el juez había dado la oportunidad a los litigantes de comparecer vía videoconferencia, el pasado 24 de febrero la FGR solicitó que se les exigiera acudir personalmente.
Aunque el juez Rivas González no quiso aprobar la exigencia de que la audiencia fuera presencial, sí le pidió a los litigantes que se conectaran por videoconferencia y que lo hicieran a través de una línea fija abierta en la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar su presencia desde la jurisdicción del juez federal, es decir, desde la capital.
Y aquí comenzaron los problemas. Cada uno de los cuatro inculpados decidió conectarse desde un sitio distinto y, al menos uno de ellos, Gómez Arnau, no tenia una línea fija. Cuando el juez pidió a su asistente que se comunicara con cada uno de los implicados en tiempo real para verificar que estuvieran en el mismo sitio de la línea que reportaron, dicha persona no pudo hacerlo.
Sus abogados defensores, Agustín Acosta y Oswaldfo Hernández, ofrecieron comprobar que estaban en la ciudad mandando su geolocalización vía celular. Aunque el juez validó esto, la situación comenzó a generar molestia en el equipo de la FGR y se volvió tensa cuando otro de los implicados tampoco contestó el teléfono para verificar que estuviera en el sitio, y cuando incluso la comunicación comenzó a interrumpirse por problemas en las conexiones.
“Juez… con todo respeto si bien impera el principio de buena fe, también debe imperar el principio de probidad. Y ninguna de estas personas está demostrando estar donde dice estar. Este procedimiento no es el que se había acordado… una llamada telefónica además puede desviarse. Esto lo sabe hasta un niño de seis años… la geolocalización también puede alterarse… Además, hay inculpados como el supuesto Juan Araujo que no se han quitado el cubrebocas para verificar si es el que se encuentra en este sitio… otros están saliendo de cuadro… es imposible apreciar quien está hablando”, señaló el fiscal Manuel Granados.
“Ustedes creen que todos usan sus artimañas”, le respondió uno de los defensores, al tiempo que otra de las defensoras, la abogada Rosa Gabriela González Pulido, le recomendó que se pusiera unos lentes para mirar bien la pantalla.
Mientras los asistentes del juez seguían batallando para comunicarse a las líneas de los cuatro sitios donde se encontraban los abogados, los fiscales retomaron la palabra para señalar que no existían condiciones para desarrollar la audiencia de esa forma, a menos que se permitiera a la policía ministerial acudir a las direcciones de los litigantes y verificar que realmente estaban en esos sitios. O, en caso contrario, exigirles que acudieran presencialmente al centro de justicia.
“Señor juez. Existe un elevado riesgo de fuga. Estas personas serán imputadas por delitos que de una vez adelanto, superan los 40 años de prisión. Pero si dicen no tener reparos en comparecer pues que vengan presencialmente. Que se presenten. ¿O a qué le temen? Hay que actuar con valentía”.
“¡Ya habló demasiado!”
Las bocinas de la sala de audiencia se saturaron cuando la abogada defensora González Pulido levantó la voz para interrumpir al fiscal Granados desde la oficina en la que estaba conectada. Lo acusó de usar términos subjetivos, pero sobre todo, de abusar de su tiempo en el micrófono para atacar a su cliente violando, según ella, su presunción de inocencia.
“¡Ya habló usted demasiado!, lleva más de 10 minutos hablando… ¡ya termine!”, le recriminó la litigante en el micrófono.
“¡Moción de orden su señoría, moción de orden!”, pidió el fiscal Granados al intentar retomar la palabra y pedir que lo dejaran continuar.
Entonces, el juez Rivas se acercó al micrófono para pedirle a la defensora que esperara su turno para hablar y que no interrumpiera. La misma situación se repitió en al menos dos ocasiones más. Finalmente, cuando el fiscal concluyó su intervención, la abogada levantó la mano y señaló que el representante de la FGR se había excedido en sus comentarios.
“Quiero que se quiten del registro de esta audiencia todas estas apreciaciones subjetivas que este señor hizo. Y que en adelante se le exija que sus intervenciones sean concretas y acordes a lo que se discute”, dijo la abogada. El juez escuchó, pero no le dio ninguna respuesta.
El abogado Daniel Carrancá de la Mora, defensor de Cesar González, pidió al juez la palabra para acusar a la FGR de “intentar amedrentar” a sus representados con advertencias de prisiones preventivas y hasta sentencias de varias décadas, cuando ni siquiera se ha resuelto si hay datos iniciales para vincularlos a proceso. Y coincidió con su colega en que se estaba violando el principio de presunción de inocencia.
“La Fiscalía simplemente pretenden intimidarnos”, sentenció otro de los litigantes indiciados, el abogado Araujo Rivapalacio.
La carpeta ¿incompleta?
Uno de los puntos en que coincidieron los cuatro litigantes a los que la FGR pretende someter a proceso, es que pese a que desde el 14 de diciembre de 2021 fueron citados a audiencia, no fue sino hasta el 16 de febrero que la FGR les entregó un avance de la carpeta de investigación. Además, el litigante Diego Madrazo (defensor de Araujo) dijo que apenas el viernes de la semana pasada les hicieron llegar un correo con nuevas diligencias realizadas por la Fiscalía.
A su vez los defensores particulares del abogado Isaac Pérez Rodríguez advirtieron que ellos no tenían copia ni de la primera página de la carpeta debido a que la defensora pública que llevaba su representación había sido cambiada la semana pasada. Por esta situación él y el resto de los litigantes exigieron que la audiencia se aplazara.
Pero la fiscal María Eugenia Castañón Osorio respondió que si los litigantes no tenían la carpeta es porque nadie de ellos se había presentado desde diciembre pasado a recogerla. Los acusó de no llevar a cabo una defensa proactiva pese a que el juez les había conminado a hacerlo.
“Se trata de prácticas dilatorias su señoría. Le pedimos que no se preste a esto. Además, no es un expediente tan grande. Son apenas 56 actos de investigación de los cuales 48 ya los tenían desde hace semanas. Lo que se les mandó el viernes, sin que tuviéramos la obligación de hacerlo, fue una adenda con 8 actos de investigación más porque la indagatoria no se puede detener… pero ya tuvieron todo el fin de semana para estudiarlo”, agregó el fiscal Granados.
El intercambio de argumentos a favor y en contra continuó con constantes interrupciones y, a veces, con las voces encimándose unas a otras sin que, por momentos, se entendiera nada. Y es que debido a que el juez tampoco señalaba específicamente quien tenía uso de la palabra, en ocasiones los abogados ubicados en cuatro sitios distintos hablaban al mismo tiempo.
La situación llamó la atención de Juan Collado y de sus tres asesores jurídicos que sí estaban presentes en la sala de audiencias junto con los fiscales. Uno de ellos le pidió al juez que tratara de definir “el método que quisiera” para tratar de poner orden en las intervenciones, pues ellos tampoco entendían quien estaba hablando en varios momentos. Una petición a la que el juez tampoco le dio mayor respuesta.
Finalmente, luego de varias intervenciones y de intentar cerrar el debate en medio de constantes interrupciones, el juzgador declaró suspendida oficialmente la audiencia privilegiando el derecho de una defensa adecuada, aunque advirtió que no daría mucho tiempo más. Preguntó a su asistente cual era la fecha disponible mas cercana y programó la reanudación de la sesión para el próximo 8 de marzo a las 13:30 horas, con la obligación de que todas las partes asistan personalmente.
Luego de que el juez anunciara dicha decisión, la abogada defensora González Pulido volvió a tomar la palabra para pedirle que reconsiderara la fecha pues esta coincide con el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, Rivas Gonzáles, ya con un gesto de molestia, desestimó esa petición.
“Qué mejor que conmemorar esa fecha que ejerciendo y trabajando en una actividad tan importante como es la abogacía. Además, no es un día inhábil”, le respondió.
Filtraciones y sospechas
Durante la sesión, los abogados defensores revelaron algunas situaciones que consideraron sospechosas e incluso dolosas, y potencialmente violatorias de los derechos de sus representados.
Por ejemplo, uno de ellos cuestionó que dos medios de comunicación, entre ellos este portal, hayan publicado el 27 de febrero detalles de la indagatoria. Consideraron que se trataba de filtraciones que afectaban el derecho a la presunción de inocencia de sus representados.
Otro litigante pidió que se esclareciera si Juan Collado ya había logrado algún beneficio legal como un acuerdo reparatorio o un criterio de oportunidad, luego de que presentara una denuncia aludiendo diversos delitos.
E Isaac Pérez cuestionó el hecho de que su abogada defensora fuera cambiada la semana pasada y de última hora. “De manera sospechosa me revocaron la defensa. Es como si el Estado me quisiera poner una defensa a modo”, señaló.
Los funcionarios de la FGR hicieron notar algunas situaciones. Por ejemplo, señalaron que el defensor Diego Madrazo pertenece al despacho que el año pasado supuestamente transmitió ilegalmente a través de internet un fragmento de la audiencia inicial en contra de empresario Alonso Ancira, por el caso de los presuntos sobornos que pagó la compañía Altos Hornos.
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